El acuerdo no está firmado pero sí en vías de hacerlo. Los 70.000 funcionarios de la Administración pública vasca están ahora más cerca de la subida salarial del 2,3% en su nómina frente al 1,75% que percibirán los trabajadores públicos dependientes de la Administración general. El incremento de las nóminas previsto para 2018 en el proyecto presupuestario de Iñigo Urkullu para este ejercicio permanecía congelado tras en recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció ante el Tribunal Constitucional contra el mismo en marzo pasado.

El PP consideró entonces que los incrementos de los sueldos de los funcionarios, así como las aportaciones a sus planes de pensiones, a cargo de fondos públicos (Itzarri) suponían una "extralimitación". La decisión de ambos incrementos, un 1,5% en las nóminas y un 0,8% en concepto de aportaciones al fondo de pensiones, no eran posibles al no haberse aprobado el marco presupuestario básico para las retribuciones básicas de los trabajadores públicos. Los presupuestos de Rajoy no han sido formalmente aprobados hasta la semana pasada y aún están pendientes de ser publicados en el BOE.

El recurso interpuesto por el PP contra las cuentas de Urkullu era una de las cuestiones que el Gobierno Vasco abordó con Pedro Sánchez durante el encuentro que ambos celebraron en La Moncloa. Esta mañana el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado que ha mantenido un encuentro con la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, en el que han acordado la próxima convocatoria de la comisión bilateral de cooperación para dar una salida a este enfrentamiento institucional. La convocatoria del organismo bilateral tendrá lugar este mismo mes de julio.

Incremento por dos vías

Erkoreka se ha mostrado convencido de la disposición del Gobierno Sánchez de retirar el recurso, si bien ha subrayado que aún se debe acordar el modo en el que se podrá ejecutar el "incremento global" del 2,3% en las aportaciones a los funcionarios vascos que ya está consignado en los presupuestos de Euskadi de este año.

La fórmula podría pasar por elevar el aumento previsto de las nóminas del 1,5% al 1,75, para equipararlos a la subida de los trabajadores públicos dependientes del Estado y buscar otros mecanismos para poder implementar el resto del incremento hasta el 2,3%.

En cualquier caso, la ejecución de la subida no se podrá formalizar hasta finales de año, ya que pese a que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo se deberá agotar el plazo previsto por ley de seis meses para decidir sobre el recurso ante el TC una vez convocada la comisión bilateral.