Los planes fiscales del Gobierno inquietan al mercado: "Pueden generar inseguridad"

Apenas han pasado de meros titulares carentes de detalles, pero han sido suficiente para sentar con claridad las bases de la política fiscal que quiere implantar el nuevo Gobierno español: más gasto social sufragado mediante mayores impuestos corporativos.

Esta misma semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, perfilaba la revolución del mapa impositivo que prepara el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, a plasmar en los presupuestos de 2019, y en el que se incluiría el plan de establecer un tipo mínimo a las empresas del 15%, que evite la "arquitectura de deducciones" que hace que las grandes empresas reduzcan mucho el tipo por el que tributan.

En ese mismo plan se incluirían los varias veces anticipados impuestos a la banca y a las compañías tecnológicas, con los que se tratarían de sufragar gastos sociales, como la revalorización de las pensiones, las mayores coberturas por desempleo o un mayor gasto en sanidad.

Estas intenciones, que tienen por objeto combatir la creciente brecha social en España, son vistos, sin embargo, con recelo por los expertos del mercado, que temen que pueda acabar penalizando la evolución económica del país. Así lo observan, por ejemplo, los analistas de la firma de inversión Alantra, que advierten de que, "desde una perspectiva macroeconómica, es improbable que el aumento del gasto social (pensiones, subsidios de desempleo, permisos de paternidad, asistencia médica para personas mayores, etcétera) impulse el crecimiento del PIB en este momento del ciclo, especialmente cuando España todavía tiene un problema de déficit fiscal".

Un aumento del gasto social difícilmente tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento

En cambio, sugieren que una modificación amplia del panorama de los impuestos en España sí podría resultar contraproducente. "Las subidas de tasas también podrían crear inseguridad jurídica y no incentivarían a las empresas a intensificar sus planes de inversión y repatriar los dividendos de sus filiales internacionales, lo que aumentaría el apalancamiento doméstico y conduciría a una menor recaudación de impuestos".

Las intenciones del Ejecutivo de Sánchez ya han despertado las críticas de las principales organizaciones empresariales, que temen que acaben lastrando la actividad corporativa en el país. Una de las medidas que más recelos genera es la intención del Gobierno de aplicar un impuesto especial al sector financiero.

Para los analistas de Alantra esta idea también genera riesgos para la economía, dado que "los bancos también podrían intentar pasar los impuestos más altos a sus clientes". Desde el equipo de análisis de BBVA, por ejemplo, estima que las entidades podrían trasladar a sus clientes alrededor de la mitad del coste de la medida.

Esta visión coincide con las advertencias que han venido lanzando desde el sector sobre una medida que, además, podría penalizar en mayor medida al único banco público, Bankia. "Las subidas de impuestos a los bancos tienen efectos negativos en el crédito y, por tanto en la actividad económica. No es muy sensato", observa el responsable de una de las principales gestoras de fondos que operan en España.

Tampoco encuentra razones para defender la posibilidad de que el Gobierno socialista eleve los impuestos a los combustibles diésel, dado que "esta medida perjudica a la capacidad de consumo de la clase media. Si lo hacen, no serán buenas noticias para la economía", apunta.

A este respecto, Pedro Linares Llamas, profesor de Organización Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas, advertía recientemente de que una subida de impuestos al diésel podría desencadenar "un shock en la economía", por el impacto directo y repentino que representa para actividades cruciales como el transporte de mercancías.

Todas estas incertidumbres se producen, además, en un momento en que la economía española se enfrenta a la pérdida de varios de los factores que han contribuido a su buen desempeño en los últimos años, como los bajos precios del petróleo, la debilidad del euro y las compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE).

Voto de confianza

Hasta el momento, los inversores han dado un voto de confianza al Ejecutivo de Sánchez y su llegada no ha sido acompañada de tensiones sobre el parqué. De hecho, la prima de riesgo se sitúa a día de hoy ligeramente por encima de los 100 puntos básicos, lo que representa casi 20 puntos menos que cuando se inició la moción de censura que provocó el cambio de Gobierno.

La tranquilidad del mercado se explica, según han detallado diversas firmas de análisis, por la decisión de la nueva Administración de acogerse este año a los presupuestos presentados por el anterior Gobierno -despejando así cualquier temor a un peligroso incremento del gasto público- y, también, por la elección para la cartera de Economía de Nadia Calviño, hasta entonces directora general de Presupuestos en la Unión Europea. "La elección de Calviño es un mensaje muy potente de querer mantenerse en la senda de reducción del déficit marcada por Europa", señalaban recientemente los responsables de mercado de capitales de Société Générale.

La debilidad parlamentaria del Gobierno podría suponer un freno a sus intenciones

Otra razón que calma a los más recelosos respecto a los planes del Gobierno de Sánchez es, paradójicamente, su debilidad parlamentaria, que dificulta su capacidad para sacar adelante ciertas medidas. En este sentido, los analistas de Alantra indican que "tomamos los planes del PSOE para subir los impuestos con precaución dada su posición minoritaria en el Congreso, y el resultado final podría diferir de esta propuesta inicial".

Así, por ejemplo, al impuesto a la banca le otorgan un 50% de posibilidades de salir adelante, ya que, señalan, el PSOE presumiblemente necesitaría el apoyo a la medida del PNV, que tradicionalmente se ha manifestado muy sensible a cualquier norma que penalice a las entidades regionales vascas.