El Gobierno quiere dar prioridad a la reforma de la fiscalidad de los trabajadores autónomos y, en especial, acelerar los cambios necesarios para que empiecen a cotizar en la medida de lo posible por sus ingresos reales.
Se trata de una vía rápida para inyectar mayores ingresos al sistema de la Seguridad Social, pero de gran complejidad técnica. Y, sobre todo, es una cuestión muy delicada puesto que elevará de inmediato los gastos corrientes de una parte de los autónomos.
Por ello, Moncloa prepara una cumbre al máximo nivel con las organizaciones más representativas del colectivo, que se celebrará previsiblemente antes de que acabe el mes de julio y en la que se baraja la presencia del propio presidente, Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes del propio Gobierno y las asociaciones ATA y UPTA.
Pedro Sánchez ya se reunió con el colectivo poco antes de presentar la moción de censura al Gobierno, según precisan las mismas fuentes, con lo que se da por hecho que volverá a estar presente en el encuentro que se está ultimando y que contaría también con la presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
La cuestión ya ha levantado ampollas. La ministra de Trabajo avanzó la pasada semana que el Gobierno impulsará una revolución fiscal para que los trabajadores por cuenta propia aporten a la Seguridad Social según los ingresos reales que perciben, como hacen actualmente los asalariados.
"No es razonable que un autónomo que tenga unos ingresos en un mes de 150 euros tenga que pagar una cuota de 300 euros”, señalaba dando la idea de que el objetivo de este cambio es no asfixiar a aquellos autónomos con menores ingresos. Sin embargo, estas modificaciones podrían obligar también a muchos autónomos a empezar a cotizar por encima de las cuantías que actualmente pagan.
“Unos están sobrecotizando y otros infracotizando”, resumía Valerio, para rematar que “tres de cada cuatro autónomos están cotizando por debajo de sus ingresos”.
Las palabras de la ministra han puesto en vilo a una colectivo de más de tres millones de personas que reúne un gran número de tipologías y casuísticas diferentes. Porque la situación de un autónomo que trabaja haciendo portes con su furgoneta no es la misma que la de aquel que factura decenas de miles de euros al año desde un despacho como notario, o la de un autónomo societario con empleados a su cargo.
División entre las filas de los autónomos
Pese a que todas las organizaciones de autónomos coinciden en que es necesario adecuar las cotizaciones a los ingresos reales de estos trabajadores, la consideración de estas diferentes necesidades lleva a que sus propuestas sobre cómo reformar el régimen de cotizaciones del colectivo sean muy diferentes. Y todas ellas se pondrán sobre la mesa en la reunión con el Gobierno.
De un lado, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha logrado importantes avances para el colectivo de la mano del PP y Ciudadanos, no quiere oír hablar de una subida de cotizaciones obligatoria, como sugerían las palabras de Valerio.
Según señala su presidente Lorenzo Amor, “muchas veces, los autónomos cotizan por lo que pueden y no por lo que quieren”. Pone el ejemplo de un autónomo societario que, antes de abonar sus cotizaciones tiene que hacer lo propio con las de sus empleados, lo que le deja poco margen de maniobra.
Así pues, alerta de las dificultades técnicas que supondría la imposición de una medida así a la hora de distinguir entre los ingresos reales de los autónomos societarios, los colaboradores contratados por un familiar o los que tributan por módulos (lo hacen por rendimiento neto).
Además, Amor estima que una medida de este calado elevaría la cotización de alrededor del 70% de los autónomos. Con estas cautelas, propone que los autónomos puedan seguir fijando voluntariamente su base de cotización y, con ello, su cuota mensual. Y que, en todo caso, con carácter anual, se ajuste la cuantía de pago de sus cotizaciones en función de cómo le ha ido el año y cuáles han sido sus ingresos.
En cambio, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, niega que la medida sugerida por Trabajo vaya a suponer mayores costes para el 70% de los autónomos y se focaliza en que esta modificación debe servir para ayudar a los autónomos con menores rentas a aumentar sus cotizaciones (y en consecuencia sus futuras prestaciones).
En este sentido, apuesta por la obligatoriedad y propone tres tramos de cotización. Un primer nivel para los autónomos que no alcanzan el salario mínimo (fijado para 2018 en 10.300 euros anuales) que se beneficiarían de una rebaja de las cotizaciones, hasta acercarlas a la tarifa plana de 50 euros al mes para los nuevos autónomos. Un segundo tramo para los autónomos con hasta 40.000 euros de ingresos, que podrían elegir voluntariamente su base de cotización desde el mínimo de 935 euros hasta el máximo de 3.550 euros. Y un último tramo para los trabajadores con ingresos superiores a los 40.000 euros, a los que se fijaría una base de cotización mínima de 1.800 euros.
Además, desde UPTA, el brazo de los autónomos dentro del sindicato UGT, se llama a introducir incentivos fiscales para incrementar las cotizaciones, como los existentes para los planes de pensiones privados.
Desde ATA se niega de plano esta propuesta por considerarla injusta para aquellos que, por ejemplo, facturen 41.000 euros respecto frente a los que ingresen 39.000 euros. Además, la organización que lidera Amor confía en que un bloque parlamentario eche para atrás cualquier intento del Gobierno de introducir la obligatoriedad en el incremento de las cotizaciones.
Otros temas sobre la mesa
No obstante, la reunión que prepara Moncloa servirá para tratar otros muchos temas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha mostrado su interés por mejorar las condiciones los autónomos económicamente dependientes de un pagador (TRADE) y combatir la figura de los falsos autónomos, y por facilitar aún más la protección por cese de actividad.
Además, existe un consenso entre las organizaciones para que se bonifiquen las cotizaciones por contingencias comunes a los autónomos que sufran bajas laborales prolongadas.
Con todo, dada la aritmética parlamentaria, es de esperar que todas estas cuestiones se debatan en el seno de la subcomisión creada para reformar en profundidad el régimen especial del trabajo autónomo (RETA), ámbito en el que las diferencias existentes entre ATA y UPTA se pondrán de nuevo de manifiesto.
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