El Gobierno impondrá a las empresas criterios verdes obligatorios para obtener contratos públicos

El Gobierno trabaja en la redacción de un proyecto Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTYE), que pretende remitir al Congreso antes de final de año. La nueva norma marcará la hoja de ruta del país para conseguir una economía descarbonizada en 2050.

Según ha explicado en el Congreso la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en la ley se arcará como objetivos reducir las emisiones de CO2 del país en 2030 un 20% en relación a las que había en 1990 y en 2050 recortarlas un 90%. Y pretende que las sendas de descarbonización a largo plazo sean revisadas cada cinco años para incorporar los avances tecnológicos que permitan ser ambiciosos.

“Hace falta un marco legal para cumplir esos compromisos”, ha dicho, “sin ese marco legal no es de extrañar que la economía española no haya conseguido aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de gas emisiones de gases de efecto invernadero”. Entre 2014 y 2017 España ha sido el país europeo en que más han crecido las emisiones de CO2.

En la futura norma se recogerá, entre otros aspectos, la obligación de que las empresas que cotizan en bolsa elaboren un informe anual sobre la evaluación del riesgo climático y de sus emisiones de carbono, al tiempo que se establecerán criterios verdes obligatorios para las empresas que quieran contratar con las Administraciones Públicas.

El departamento comandado por Ribera también trabaja con el objetivo de tener el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 a finales de este año. A la espera de ese plan energético a medio plazo, el Gobierno prepara medidas “urgentes” para tumbar las trabas que, a su juicio, impuso el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy al desarrollo de las energías renovables, del autoconsumo y de la cogeneración.

Ribera ha marcado como “objetivos irrenunciables” revisar todas las normativas que impida el crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración, que la ministra considera una “herramienta clave para la competitividad de la industria española”, así como reformar la actual regulación sobre el autoconsumo con el objetivo de acabar con el denominado impuesto al sol e incluir el balance neto (que los usuarios compensen parte de lo que pagan por la electricidad que captan la red con lo que producen y vuelcan a la misma). Otro de esos objetivos irrenunciables sería incentivar la movilidad sostenible, apostando por el transporte público y del vehículo eléctrico.

La apuesta del nuevo Gobierno pasa por ir reformando el sistema energético para que deje de tener un modelo centralizado y avance hacia un modelo descentralizado, basado en la gestión de la demanda. “Un modelo más complejo, más sofisticado”, ha dicho la ministra. “Un modelo basado en las decisiones de los consumidores a través del autoconsumo con renovables, autoconsumo compartido y micro-redes, almacenamiento local, contadores de balance neto, edificios 100% renovables y vehículos eléctricos”.