El Gobierno trabaja en una nueva norma para prohibir que se corte el suministro de agua a familias por impago cuando los hogares sean de bajos recursos y durante el periodo en que se estén tramitando posibles ayudas sociales por parte de la Administración.
“Ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y los poderes públicos deben velar para que no se vea vulnerado este derecho fundamental”, ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su primera comparecencia en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados.
Y para conseguir este objetivo de garantizar este bien básico, “se incorporará en un nuevo marco legal la restricción de que el suministrador no podrá suspender el servicio de abastecimiento de agua a una familia por razones económicas, cuando los recurso familiares no permitan cubrir su pago”.
En cualquier caso, la prohibición del corte de suministro de agua sólo será efectiva “en tanto se tramitan las posibles ayudas sociales que pudiesen permitir atender la cobertura de necesidades básicas y haya resolución administrativa sobre las mismas”.
En paralelo, la ministra ha defendido ampliar el bono social que hoy sólo se aplica a la electricidad para aplicarlo a otros suministros básicos para las familias. Actualmente el bono social contempla descuentos que van del 25% al 100% del recibo de luz de los hogares vulnerables, y Ribera ha subrayado que tal y como está diseñado actualmente no aborda integralmente el problema de la pobreza energética y "debe ser mejorado".
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