El Gobierno justifica la relajación del déficit: "Evitará un ajuste drástico de 11.000 millones"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a explicar este viernes, como ya hiciera ayer su homóloga en Economía, Nadia Calviño, la razón por la que el Gobierno ha solicitado a Bruselas una relajación de la senda de déficit público. Sin embargo, ha ofrecido nuevos detalles importantes.

Si Calviño avanzaba que el objetivo de déficit para este año pasaría del 2,2% del PIB al 2,7% y el del año que viene del 1,3% al 1,8% para marcar una senda más "realista" y evitar tener que acometer importantes correcciones presupuestarias, Montero les ha puesto cifras y ha asegurado que de no acometer estos cambios serían necesarios ajustes "drásticos" por importe de unos 11.000 millones de euros --la relajación en la senda es de un punto porcentual en dos años--, lo que supondría un frenazo del PIB de entorno al medio punto porcentual, con el consiguiente impacto sobre el empleo.

Para los años siguientes, el Gobierno plantea un objetivo de déficit del 1,1% del PIB en 2020, en lugar del 0,5%; y del 0,4% en lugar de un superávit del 0,1% del 2021.

Montero ha asegurado que esta "flexibilización" no debe entenderse como un cambio en el compromiso de España con la senda de consolidación fiscal, sino como una forma de "adecuar" los ritmos a la realidad de las cuentas públicas, y una forma de ensanchar los "estrechos márgenes" presupuestarios existentes para poder "conjugar la estabilidad fiscal con un crecimiento económico sostenible y el impulso a la agenda social".

Dicho de otro modo, el Gobierno pretende adaptar la senda de estabilidad fiscal al momento económico y, en todo caso, volcar los esfuerzos en propiciar mayor crecimiento para que la recuperación llegue de forma más clara a los ciudadanos.

Así pues, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacrificará la vuelta al superávit en 2021 por llegar a esa fecha con mayor crecimiento y mejores condiciones para los ciudadanos y los trabajadores.

¿Cómo conjugar ajustes y crecimiento?

La ministra de Hacienda ha explicado que, antes de plantear en Bruselas una flexibilización de la senda de déficit, solicitó un diagnóstico de la situación a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que confirmó que los objetivos asumidos por el anterior Gobierno del PP no se podrían cumplir. "Se cumplieron las sospechas", ha dicho.

Con ese supuesto, el Gobierno se enfrenta ahora a la necesidad de realizar un ajuste estructural en 2019 de unos 4.500 millones de euros, el que le exige Bruselas para que la senda de reducción del déficit sea creíble mientras amplía el margen de gasto. No obstante, el ajuste total requerido para alcanzar el 1,8% del déficit en 2019 será de casi un punto porcentual.

Para ello, Montero ha reiterado que el Gobierno ha trazado una hoja de ruta de subidas tributarias que en ningún caso tendrán efectos en 2018, sino que se articularán en su mayor parte a través del Presupuesto para 2019, para recaudar alrededor de 5.000 millones de euros adicionales.

Montero ha anunciado que "en los próximos días" trasladará al Consejo de Ministros la conocida como 'Tasa Google' --a la que la ministra se ha referido en esos mismos términos--, que no podrá entrar en vigor antes de 2019, pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy contaba con 600 millones de ingresos por esta vía ya en 2018.

La ministra también ha recordado que su ministerio se encuentra trabajando en un incremento de la tributación por el Impuesto de Sociedades para empresas, ha dicho, con una facturación superior a los ocho millones de euros, así como en un nuevo impuesto a las transacciones bancarias.

En este capítulo ni ha mencionado el tipo mínimo del 15% que se había propuesto fijar en Sociedades para los grandes grupos empresariales, ni tampoco al impuesto finalista a la banca.

Por último, la titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno prepara un paquete de impuestos medioambientales sin ánimo recaudatorio, sino con el propósito de disuadir de conductas que atenten contra el medio ambiente. En el caso de la equiparación de la tributación del diésel y la gasolina, que pretende desterrar el uso del primero de estos productos, Montero ha asegurado que se hará de forma "progresiva" y dejando al margen a transportistas y autónomos.