Las CCAA del PP rechazan la nueva senda de déficit antes de su debate parlamentario

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado hoy los nuevos objetivos de estabilidad para los próximos tres años (2019-2021), que conceden un margen adicional de 2.400 millones de euros a las comunidades autónomas en 2019, al pasar de un déficit del 0,3% del PIB al 0,1%. Sin embargo, la aprobación se ha producido con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición de las del PP y Canarias.

Concretamente, han votado a favor Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Cantabria, mientras que sus compañeros socialistas valencianos se han abstenido, y han votado en contra las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia) y Canarias. Cataluña no ha acudido y País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral.

El resultado de la votación anticipa, por tanto, la previsible oposición del PP cuando tenga lugar el debate parlamentario, la próxima semana, una vez el Consejo de Ministros apruebe mañana el techo de gasto para el próximo año, así como los objetivos de estabilidad y la regla de gasto. La situación puede llevar a que el Gobierno sufra un revés a su proyecto presupuestario en el Senado, donde el PP tiene mayoría.

En rueda de prensa tras la reunión del CPFF, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que la nueva senda de reducción del déficit negociada con Bruselas eleva el objetivo para el próximo año del 1,3% del PIB al 1,8%, cinco décimas que se repartirán con dos adicionales para las comunidades autónomas, otras dos para la Seguridad Social y una para el Estado. En los siguientes años, también se modificarán los objetivos inicialmente previstos, de forma que en 2021 solo la Seguridad Social aún tendrá un saldo negativo.

Dicho esto, Montero ha considerado que "no sería explicable" que la oposición rechazara en el debate parlamentario este mayor margen de maniobra fiscal y ha advertido de que si el Parlamento impide que prospere el Gobierno tendrá que ajustarse de nuevo a la senda heredada del PP y "acometer más ajustes" por importe de 11.000 millones de euros.

Lluvia de críticas

Ya antes de la celebración del CPFF le han llovido las críticas a Montero tanto desde las comunidades autónomas en teoría beneficiadas por la relajación de la senda de déficit como por parte de las que salen de momento perjudicadas. Los consejeros de Murcia y Castilla y León, por ejemplo, lamentaban que, en la práctica, recibir un mayor margen fiscal supone ampliar su actual 'hipoteca', pues que supone poder endeudarse más.

Eso pese a que estas comunidades integran el grupo de siete que no cumplieron el objetivo de déficit de 2017 y que por tanto saldrían beneficiadas de la decisión del Gobierno. Sin embargo, entienden que lo que hace falta es poner más ingresos sobre la mesa y para ello han reclamado la tramitación de la reforma del sistema de financiación autonómica ya que la propia ministra de Hacienda considera que actualmente las comunidades autónomas se encuentran infrafinanciadas.

Otras, como Canarias, que actualmente cuenta con superávit presupuestario, se quejan de que el incremento del margen fiscal de dos décimas no les atañe y, sin embargo, el hecho de que la regla de gasto --mecanismo que limita el aumento del gasto procedente del superávit al ritmo de crecimiento tendencial de la economía, situado en el 2,7% para el año que viene-- siga siendo igual de restrictivo les impide gastar su excedente.

Y en términos generales, en lo que ha coincidido la mayoría es en las críticas a las negociaciones bilaterales mantenidas por el Gobierno con Cataluña, que una vez más no ha estado presente en el CPFF.

Concesiones: se revisará la regla de gasto

En respuesta, Montero ha asegurado que la nueva senda de déficit beneficiará a todas las comunidades. Las que tienen un déficit elevado porque podrán llevar a cabo los ajustes necesarios de manera más suave; las que estando cerca de la consolidación y se ven topadas por la regla de gasto porque el Gobierno estudiará formas de flexibilización; y las que están en superávit porque "lo podrán utilizar".

Es decir, que el Gobierno ha dado el paso al frente para revisar la regla de gasto en aquellos casos en los que las comunidades acrediten un buen hacer fiscal, como ya se ha hecho con los ayuntamientos.

A la comunidad que no hará concesiones Montero, al menos en el plano de la negociación es a Cataluña. Frente a las críticas recibidas la ministra de Hacienda ha asegurado que no habrá "bilateralidad" en las negociaciones, como quiere el Govern catalán, y que todo lo que se hable con Cataluña se hará en un foro compartido con el resto de las comunidades autónomas. En este sentido, ha lamentado la ausencia del conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés.

Primeros pasos en financiación autonómica

Además, en la reunión del CPFF se ha acordado además crear un grupo de trabajo de carácter político para impulsar la reforma de la financiación autonómica toda vez que los estudios técnicos están a apunto de finalizar. Las comunidades autónomas tendrán que proponer a sus representantes, y el Estado a los suyos, antes de que acabe el mes de julio, para que se pongan a trabajar a la vuelta de agosto.

De momento, el primer objetivo será fijar la cifra de infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas, por ser una cuestión que goza ya de cierto consenso. Después, se entrará en el debate de la armonización de tributos cedidos, ajustes de población y muchas otras variables.

Por último, Montero ha confirmado que el Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas que se comprometan y acometan gastos en la extensión de la sanidad universal a los inmigrantes ilegales.