"No hay un plan B". Así ha admitido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que si el Grupo Popular tumba la nueva y más suave senda de déficit negociada con Bruselas en su trámite en el Senado, donde tiene mayoría, los Presupuestos para 2019 habrán de tramitarse con los objetivos de déficit previstos hasta ahora, es decir con un margen de gasto para la Seguridad Social y de las comunidades autónomas inferior en 6.000 millones, de los que el 80% corresponden a Seguridad Social y comunidades autónomas.
De acuerdo con el calendario de tramitación de los Presupuestos, una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo techo de gasto, con un incremento del 4,4%, y la nueva senda de consolidación fiscal, se da el pistoletazo de salida a la tramitación del Presupuesto para 2019.
La nueva senda de estabilidad presupuestaria para España acordada con Bruselas contempla un déficit público del 1,8% para 2019, por encima del 1,3% estimado con anterioridad. Lo que supone 6.000 millones de margen, de los que 2.500 millones beneficiarán a la Seguridad Social, la misma cantidad a las comunidades autónomas y los 1.000 millones restantes al Estado.
Aún así habrá Presupuesto
El debate y votación del acuerdo de estabilidad se celebrará el martes 24 de julio en el Congreso, donde previsiblemente saldrá adelante. Posteriormente se tramitará en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Las comunidades autónomas del PP ya se opusieron a la nueva senda de déficit este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por lo que el Gobierno da por hecho que hará lo propio en el Senado.
Montero ha aclarado que este el posible rechazo no es óbice para que el Gobierno pueda aprobar en septiembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 respetando el techo de gasto previsto, puesto que en el caso de la Administración central la variación de una senda a la anterior supone una diferencia de tan solo 1.000 millones sobre un total de más de 125.000 millones.
Eso sí, la no aprobación del acuerdo de estabilidad no sería bien vista desde Bruselas, ya que evidenciaría la debilidad del Ejecutivo y podría despertar recelos de las instituciones europeas, teniendo en cuenta que el acuerdo establece los límites de las cuentas del próximo año y el reparto del esfuerzo en la reducción del déficit entre las diferentes administraciones, informa Europa Press.
Un rechazo "ideológico"
Con estas cautelas, Montero ha advertido de que si finalmente el Gobierno tiene que prescindir del margen negociado "los perjudicados serán las comunidades autónomas y los pensionistas", para los que se recortará el margen de gasto en 5.000 millones de euros el año que viene.
Según Montero, esto equivaldría a que España sería "más autoexigente que la propia Unión Europea" respecto a la consecución de la senda de déficit, lo que le ha valido para decir que el rechazo del PP no parece ser tanto el resultado de "una pataleta o de no asumir el cambio de Gobierno", sino que se basa en un "fuerte componente ideológico".
"Demostraría que su hoja de ruta es recortar el Estado del Bienestar", tanto del lado de las pensiones como de los servicios sociales que sirven los gobiernos autonómicos.
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