La subida de las pensiones impide que España vuelva al superávit en 2021

Los planes del Gobierno en materia de pensiones no podían salir gratis. La subida del 1,6% prevista para los años 2018 y 2019, el retraso de la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma del sistema (el factor de sostenibilidad) de 2019 a 2023 y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas vinculando sus prestaciones al IPC pueden pagarse, pero lastrarán las cuentas públicas durante los próximos años.

El giro en la política económica introducido por los socialistas se resume en poner freno a la senda de consolidación fiscal, para acelerar la recuperación del Estado del bienestar. Y esto, como ya adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Moreno, hace una semana, obliga al Gobierno a posponer la vuelta al superávit fiscal previsto hasta ahora para 2021.

Nuevos datos ofrecidos por Montero tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado jueves y confirmados en el Consejo de Ministros un día después ayudan a entender mejor cuál es el verdadero peso que lastrará las cuentas públicas en los próximos años.

La Seguridad Social se queda sola en el déficit

La nueva senda de déficit prevé un saldo negativo del 1,8% del PIB en 2019, del 0,5% en 2020 y del 0,4% en 2021. Sin embargo, Montero avanzó en el CPFF que para ese año se prevé que todas las administraciones se encuentren en equilibrio presupuestario a excepción de la Seguridad Social. Es decir que, esas cuatro décimas, alrededor de 5.000 millones de euros, correrían a cargo de este subsector tras la mejora de las pensiones.

Este nuevo aire para las pensiones tendrá un coste de unos 2.200 millones de euros solo en 2018 y 2019, que además se consolidará durante al menos una década en la nómina de sus beneficiarios, con lo que, de acuerdo con los cálculos de BBVA Research, su estela será de unos 40.000 millones de euros contando con una vuelta al índice de revalorización de las pensiones en 2020, algo que el Gobierno pretende desterrar volviendo a vincular las pensiones al IPC.

Es decir, que el gasto, de cumplirse los planes de Sánchez en materia de pensiones, podría ser superior, contando con que la inflación supere el 0,25% al que hasta ahora estaban condenadas las pensiones en esos años por efecto de la reforma de 2013.

Como variantes, cabría pensar que si en estos años se avanza en el plan del Gobierno (secundado por buena parte de la oposición) de sacar gastos impropios de la Seguridad Social para financiarlos con Presupuestos, este déficit se repartiría un poco más con el Estado. Por otro lado, si el Gobierno contara con que los ayuntamientos tendrán para entonces un superávit en línea con los de los últimos años, cabría pensar que el agujero de las pensiones podría ser mucho mayor.

No obstante, al tiempo que el Gobierno trabaja para evitar que el Estado cuente con menguantes márgenes de maniobra presupuestaria, no solo porque tendría que hacer frente a mayores gastos ahora sufragados por la Seguridad Social, sino porque se adentra en un periodo de subida de tipos con una deuda pública cercana al 100%; está haciendo un esfuerzo contrarreloj para tirar los diques que impiden a los ayuntamientos y las comunidades gastar su superávit (y dar un relevo al Estado en el sustento de las políticas sociales) . Sus planes pasan por lograr que vuelvan a financiarse en los mercados sin depender de los mecanismos extraordinarios (como el Fondo de Liquidez Autonómico), que han disparado el déficit del Estado en los últimos años.

Por tanto, cabe pensar que los ayuntamientos, una vez se relaje aún más la regla de gasto impuesta por la Ley de Estabilidad, no alcanzarán los mismos niveles de superávit que en los últimos ejercicios, cifras que permitieron ajustar los saldos públicos y compensar las desviaciones del déficit del Estado y la Seguridad Social, y que éste último se acerque al estimado.

El Gobierno se vuelca con las pensiones

Esta senda de déficit coincide además con el ánimo del Gobierno de llegar a 2022 con las cuentas de la Seguridad Social cerca del equilibrio para, entonces sí, alcanzarlo. ¿Por qué? Estima que ese año empezarán a jubilarse los hijos del baby-boom y empezarán a tensarse al máximo las costuras de la Seguridad Social.

Mientras tanto, el Gobierno jugará con fuego. Y es que en sus planes está ingresar 8.000 millones de euros más en el corto plazo principalmente a través de una subida de los ingresos tributarios  -Sociedades, impuesto a las tecnológicas o con el nuevo impuesto a la banca-, para poder financiar su agenda social, que incluye la subida de las pensiones con el coste de la vida.

Fuentes del PSOE admiten que, por ello, pedirán “responsabilidad” a la oposición a la hora de sacar adelante en el Parlamento esta revolución fiscal. De no ser posible, su proyecto político y económico podría ser inviable desde el principio.

Como muleta, el Gobierno quiere sacar una rentabilidad a esa agenda social. Para resumirlo, Sánchez quiere revertir la dirección de los esfuerzos: si el Estado sostuvo a la economía real durante la crisis, ahora debe ser la economía real la que sustente al Estado. Sus medidas sociales, su interés por derogar parcialmente la reforma laboral, persigue en último término contar con mayores niveles de empleo y lograr aumentar su calidad y los salarios.

Por ello, hará un estrecho seguimiento al cumplimiento del acuerdo salarial firmado por patronal y sindicatos y, si nada impide que cumpla su promesa, prevé acelerar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para que alcance los 1.000 euros mensuales en 2020. Esta fecha de 2020 tampoco es baladí, nuevamente permitiría que el suelo salarial alcance su ‘velocidad de crucero’ para cuando el sistema de pensiones se asome a su abismo particular.

Todo ello debería revertir en mayores ingresos por cotizaciones para poder dejar de financiar las pensiones en parte con deuda y evitar un vaciado total del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En último término la Seguridad Social debería entonces retornar a su equilibrio presupuestario, junto al resto de la administraciones y, entonces sí, permitir al Gobierno de turno decir que por fin España vuelve a tener superávit.