Tras varios días de negociación continua, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y los sindicatos de la función pública han cerrado este lunes un acuerdo para convocar alrededor de 19.300 plazas en 2018 dentro de la Administración General del Estado (AGE), según cifras proporcionadas por los sindicatos.
La ministra ha sido más cauta con los dígitos en tanto que aún queda por cerrar el reparto de estas plazas entre los distintos ámbitos de la Administración con los sindicatos CSI-F, CCOO, UGT y CIG, detalles que, ha dicho, se conocerán tras su aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes.
Con todo, Batet ha dado por cerrado que dentro de ese paquete de plazas se encuadran 2.863 correspondientes a interinos o temporales que saldrán a concurso para convertirse en fijas (CIG se ha quedado al margen de este acuerdo).
Se trata de la convocatoria de plazas que se tenía que haber llevado a cabo en 2017 dentro del proceso de consolidación de plantillas suscrito por el anterior Gobierno con los sindicatos para reducir la temporalidad en las administraciones hasta el 8% en 2020.
Por otro lado, estas 2.863 plazas se sumarán a otras más de 5.000 a convocar en la cuota que corresponde a 2018, en un plazo de unos seis meses, como adelantó El Independiente.
La cifra de la discordia
Además, el acuerdo recoge casi 6.000 plazas a cubrir de promoción interna (que suponen ascensos y subidas de sueldo) y hasta 10.016 de nuevo acceso, correspondientes a bajas (tasa de reposición) producidas en el Estado, según los sindicatos.
No obstante, esta cifra incluye más de 1.800 plazas que ya fueron convocadas con adelanto en 2017 por necesidades de distintas administraciones y alrededor de 500 que corresponden al margen adicional del 5% de la tasa de reposición acordado para reforzar ámbitos prioritarios supondrá unas 447 plazas más, especialmente en ámbitos como la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo (SEPE).
De este modo, las plazas de nuevo ingreso sobrepasarían ligeramente las 8.300 plazas.
Con todo, los sindicatos han destacado al término de la reunión que el acuerdo incluye un importante elemento, que es un compromiso para revisar los criterios con los que se van a llevar a cabo las convocatorias de empleo público en el futuro, para que respondan a las necesidades reales de los distintos ámbitos de la administración.
Refuerzo de los cuidados a inmigrantes
Además, el acuerdo incluye la convocatoria de 323 plazas para reforzar las plantillas de centro de estancia temporal y de acogida de inmigrantes, así como de otros ámbitos correspondientes al Ministerio de Trabajo.
Este acuerdo responde al incremento registrado en las solicitudes de asilo, que se han duplicado en dos años, hasta los 32.000 y han desbordado los servicios disponibles.
Por último, las partes han cerrado por fin un acuerdo para eliminar la reducción retributiva a los empleados públicos en situación de baja. Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros del viernes, estos trabajadores podrán cobrar de nuevo el 100% de su nómina en estos casos.
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