El informe que sentencia al carbón: no pasa nada por cerrar ya la mitad de sus centrales

En España siguen produciendo electricidad una quincena de centrales que funcionan con carbón. Algunas de ellas tienen los días contados. La Unión Europea fijó nuevos criterios sobre emisiones de las centrales que serán de obligado cumplimiento en 2020, y las que no hayan realizado las inversiones necesarias para cumplir esos nuevos requisitos tendrán que echar el cierre entonces.

Las cinco grandes eléctricas españolas (Endesa, Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-, Iberdrola, Viesgo y EDP) son las dueñas de estas centrales. A las compañías no les salen las cuentas en todas las plantas, y no pretenden ejecutar esas inversiones millonarias necesarias para seguir adelante en todas las centrales de carbón.

Algunas ya están sentenciadas por las propias eléctricas, han anunciado su intención de no invertir en ellas y dejarlas morir. Y otras empiezan también a estarlo, a falta de confirmación oficial de las compañías. En total, el sector eléctrico y también el nuevo Gobierno socialista dan por hecho que en 2020 echarán el cierre entre un tercio y la mitad de todo el parque de centrales: entre cinco y siete de las quince serán clausuradas. Y lo más probable es que sean las siete.

La clausura de esas centrales no generará ningún problema para el sistema eléctrico nacional. La clausura de las plantas no supondrá riesgo alguno para el suministro eléctrico del país. Así lo confirma la propia Red Eléctrica de España (REE), el gestor de la red de transporte de electricidad, en un informe con el que avala el próximo cierre de la central de Anllares (León), solicitado por sus propietarias, Naturgy y Endesa.

Entre las quince centrales de carbón ahora operativas cuentan con una potencia instalada conjunta de 10.000 megavatios (MW). REE estima que si se produce la retirada del servicio de 4.000 MW de carbón en 2019 la demanda eléctrica nacional estaría cubierta sin problema. El gestor de la red considera que sin esas centrales en funcionamiento se podría cubrir los picos máximos de demanda previstos (incluso sumando una reserva de operación de otros 2.000 MW más) hasta el año 2022.

El contenido del informe de REE viene recogido en la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aprobar el futuro cierre de la central de Anllares, que ahora debe recibir el permiso del Gobierno para que se produzca.

Un adiós programado

Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) controla el 67% de la sociedad que controla la central de Anllares, y el 33% restante está en manos de Endesa. Ambas compañías solicitaron el cierre de la central leonesa por la imposibilidad de hacerla rentable si se ejecutaban las inversiones necesarias para ajustarla a los requisitos medioambientales de la UE.

Naturgy de momento se resiste a desvelar el futuro de la central de Meirama (A Coruña), aunque en los mentideros del sector se da por hecho que seguirá los pasos de Anllares y también echará el cierre. Por el contrario, la antigua Gas Natural sí pretende realizar las inversiones para la desnitrificación de las emisiones de la central leonesa de La Robla, conb  lo que podrá seguir funcionando más allá de 2020.

Otras centrales también tienen clara su fecha de caducidad. A Iberdrola le valió un choque frontal con el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, su anuncio de que pretende cerrar en 2020 sus dos últimas centrales de carbón, las de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

Endesa también recibió ataques del anterior Gobierno por no contemplar en su plan estratégico ninguna inversión para mantener las centrales de Andorra (Teruel) y de Compostilla (León), aunque sí planea alargar más allá de 2020 las plantas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña).

A la lista de centrales que posiblemente echarán el cierre fuentes del sector dan por hecho de que se sumará también la de Puente Nuevo (Córdoba), gestionada por Viesgo, que mantendrá la de Los Barrios (Cádiz).

El Gobierno da por hecho los cierres

Las previsiones que maneja el Gobierno van en esta línea, al augurar que ocho de las centrales españolas realizarán las inversiones y las siete restantes serán clausuradas en 2020. “Estas siete centrales no han hecho las inversiones y no tienen margen ya para seguir funcionando”, sentenció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados.

La ministra evitó pronunciarse abiertamente sobre los plazos de cierre sobre la otra mitad de plantas que sí ejecutarán las inversiones necesarias. Cuando ella misma dirigía el consejo asesor del PSOE en esta materia se apuntaba 2025 como fecha tope para prescindir del carbón en España.