Valerio se plantea crear una nueva fiscalía especializada en delitos laborales

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado como prioridad sacar adelante en los próximos meses un plan contra las prácticas irregulares y los abusos en el empleo. Un compendio de orientaciones para, con carácter general, reforzar la labor de la Inspección de Trabajo en el control del empleo precario.

De esta forma, el Gobierno persigue un primer logro legislativo, una propuesta difícilmente rechazable por la oposición, que confirmaría el carácter social de su Gobierno y que, de cumplir con su enunciados, podría revertir en empleo de más calidad y más ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.

Según fuentes consultadas, el Ministerio de Trabajo está decidido a aprobarlo ya en el Consejo de Ministros de este viernes, 27 de julio, y, por ello, ha trasladado ya a patronal y sindicatos una versión prácticamente definitiva del plan, a la que ha tenido acceso El Independiente.

El documento, denominado Plan Director por un trabajo decente 2018-2019-2020 (que sustituye a la anterior denominación, que hacía referencia a un plan contra la explotación laboral), incluye pocas novedades en su contenido respecto a la versión previa.

Sin embargo, una de ellas es relevante. Hasta ahora, el borrador proponía suscribir un convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que definiría un marco general de colaboración entre ambas instituciones en la lucha contra la precariedad laboral.

En la nueva versión del texto, se da un paso al frente y se avanza que “igualmente se propondrá que se analice la creación de una Fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social”.

Se trata de una demanda prioritaria de UGT orientada a acabar con la supuesta impunidad y tolerancia social hacia las vulneraciones de derechos de los trabajadores que deberían considerarse delictivas.

La importancia de una medida así radica, según el sindicato, en que es una forma de empezar a deslindar lo que hasta ahora se han considerado infracciones administrativas de lo que son conductas delictivas, una frontera que el sindicato ha considerado hasta ahora muy diluida en el ámbito laboral.

No es la primera vez que un Gobierno socialista recurre a la creación de una fiscalía especializada en cuestiones laborales. En el año 2006, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fiscalía General del Estado nombró un Fiscal Coordinador de Siniestralidad Laboral.

En estos momentos, entre las funciones de esta fiscalía se encuentran la coordinación de las Secciones Especializadas de las Fiscalías Territoriales; el control y seguimiento de las causas que se tramitan por estos delitos; el impulso de la intervención activa del Ministerio Fiscal en estos procedimientos; la elaboración de criterios para la unificación de actuaciones entre los fiscales delegados en la material; o promover medidas para la mejora estadística.

Más medios para la Inspección de Trabajo

Otras de las novedades que incluye la nueva redacción es un plan de nuevas incorporaciones a las plantillas de la Inspección de Trabajo (no se especifican las bajas), que debería ir acompañado de una dotación adicional para que cuente con los recursos materiales adecuados.

No obstante, los Presupuestos de 2018 determinan que cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal, con lo que no habrá incremento de dotación para este año, pero sí se prevé para 2019.

Además, el documento anticipa la inclusión en las ofertas anuales de empleo público para el periodo 2018-2020, dentro de la tasa de reposición correspondiente a la Administración General del Estado (AGE), de un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que sea, al menos, igual al aprobado en los tres años anteriores, es decir, 466 plazas. Esta incógnita se despejará, en lo que se refiere a 2018, este mismo viernes, cuando se aprueba la oferta de empleo público de este año.

Para el conjunto de los tres años, desde la aprobación de este Plan Director por el Consejo de Ministros hasta la finalización de su proceso de vigencia, se incorporarán o estarán en proceso de incorporación un total de 833 nuevos inspectores y subinspectores, 367 correspondientes a procesos selectivos en marcha o pendientes de convocar y las 466 correspondientes a las ofertas anuales de empleo público para 2018, 2019 y 2020.

Dos planes inmediatos

Dentro de las medidas dispuestas en el plan, el Gobierno prevé implementar dos planes de choque de manera inmediata para actuar contra el fraude implantado tanto en la contratación temporal como en los contratos a tiempo parcial. Sin embargo, para ello el Gobierno necesita contar con el apoyo de las comunidades autónomas, tanto por la necesidad planteada por cuestiones competenciales como en aras a obtener una respuesta eficaz en el desarrollo de los mismos.

"Los planes de choque supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras hasta ahora previstas entre los meses de agosto y diciembre de 2018", garantiza el documento.

Una vez operativos, las empresas con posibles situaciones de fraude serán objeto de una comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informándoles de los datos obtenidos, instándoles a revisar su situación, y advirtiéndoles de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación en caso de no regularización. Para ello se dará un plazo de un mes.

Posteriormente, aquellas empresas que continúen con la situación inicial, o solo la hayan modificado parcialmente, serán objeto de una actuación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la comprobación de tales extremos, adoptando las medidas que resulten preceptivas.

La CEOE obliga a renombrar el plan

Llama la atención que el nuevo borrador recoge una redenominación del plan en la que ha desaparecido el concepto de "explotación laboral". Según fuentes conocedoras del proceso de tramitación, ello se debe a las quejas elevadas por la CEOE que consideraban que se trataba de un término exagerado, propio de otro tipo de economías menos avanzadas.

Fuentes de la patronal confirman que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utiliza esa terminología para otro tipo de situaciones, por lo que se ha adoptado el término de "trabajo decente".

Este matiz se desarrolla en la nueva introducción que recoge el texto, en el que la patronal también ha incluido aclaraciones en la dirección de aislar a las empresas que no cumplen con los mínimos de dignidad en las condiciones de trabajo, de las que lo hacen. "Hay que insistir que este Plan se dirige contra los empresarios que abusan y violan las Leyes, no contra las empresas que cumplen con sus obligaciones", precisa la nueva redacción.