El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una batería de normas y acuerdos que se traducirá en una histórica oferta de empleo publico de hasta 30.844 plazas, la mayor disposición de empleo en la Administración desde 2008.
De acuerdo con los primeros detalles ofrecidos por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, la oferta de empleo ordinaria supondrá la creación de 11.095 plazas de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna, que suman una primera partida de 17.299 plazas. Un total que implica creación de 702 nuevas plazas netas, un 58% más que la oferta del año pasado.
El grueso de esta oferta se dirigirá a reforzar las plantillas de la Seguridad Social y la lucha contra el fraude, ámbito este último que debe ser ampliado por la entrada en vigor del Plan Director por el Empleo Decente, también aprobado en el Consejo de Ministros y que, como anticipaba la redacción del texto, exigirá un aumento de las plantillas de la Inspección de Trabajo.
Concretamente, el Gobierno prevé reforzar incorporar 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores en los próximos cinco años, un incremento del 23% del total que tendrá un coste de unos 30 millones de euros.
Otros ámbitos que se verán reforzados con la oferta de empleo público serán las instituciones penitenciarias, la asistencia directa a los ciudadanos, los ámbitos de gestión de las prestaciones por desempleo y los de seguridad y emergencias.
Asimismo, se destinarán a estos ámbitos la reserva del 5% de las tasas de reposición que contempla el acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno con los sindicatos de la función pública. Todas estas plazas se suman a las convocatorias llevadas a cabo en el mes de abril, por las que ya salieron a concurso 7.688 puestos para Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Consolidación y asilo
La oferta de empleo público de este año sumará además 5.534 puestos más dentro del proceso de estabilización de plantillas --conversión de plazas de interinos y temporales en fijas--.
Dentro de esta cifra se incluyen las plazas de estabilización correspondientes a la Administración General del Estado (AGE) de 2017, que aún no se habían convocado, y las de Justicia que ya se habían planteado para este año. Además, el Gobierno se ha comprometido a incorporar en seis meses las plazas de estabilización correspondientes a 2019.
Por último, hasta sumar esas 30.844 plazas, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de oferta extraordinaria de asilo y refugio, por el que se incorporan 323 plazas para las instancias que en estos momentos se encuentran desbordados por el incremento exponencial de las solicitudes de asilo y refugio.
Reparto pormenorizado de las plazas
Dentro de las 11.095 plazas de nuevo ingreso en turno libre aprobadas hoy, 8.289 se asignan a personal funcionario, 1.892 a personal laboral y 914 a la Administración de Justicia.
En el caso de las 6.024 plazas de promoción interna que forman parte de la oferta, 5.277 serán para personal funcionario, 700 para personal laboral y 227 para la Administración de Justicia.
Por su parte, de las 5.534 plazas de estabilización de personal temporal, 2.862 plazas corresponden a la Administración General del Estado (todavía no ejecutadas) y 2.672 a la Administración de Justicia.
Bajas retribuidas
Además de la oferta de empleo público, el Gobierno ha aprobado la normativa para suprimir la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012 a los empleados públicos que se encontraban en situación de incapacidad temporal.
Dicha reducción suponía un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive. Con los cambios aprobados hoy, recuperan el 100%.
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