La diplomacia española se moviliza por la retención de César Alierta en el aeropuerto de Washington

Era la noche del pasado 3 de junio. César Alierta, actual presidente de la Fundación Telefónica, llegaba a uno de los aeropuertos de Washington desde donde se disponía a regresar a España tras un viaje a Estados Unidos para realizar varias gestiones ligadas a la fundación.

Como se trataba de un viaje directamente vinculado a las actividades que desarrolla la institución que preside, el que esperaba a Alierta en el aeropuerto era uno de los aviones privados propiedad del propio Grupo Telefónica. La compañía de telecomunicaciones aún cuenta con una pequeña flotilla de aeronaves a través de la sociedad Lotca, que utiliza para viajes de los ejecutivos y que también alquila a terceros.

Sin embargo, aquella noche el trámite habitual con el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para abandonar el país acabó por torcerse. Puede que fuera exceso de celo del oficial en cuestión que revisó la documentación o que se tratara sólo de una consecuencia de la eventual desconfianza que provocan las diferencias idiomáticas. Pero al agente le escamó la diferencia en el nombre que aparecía en el pasaporte del empresario y en el obligatorio permiso oficial de viaje a EEUU (el famoso ESTA, siglas de Electronic System for Travel Authorisation).

¿César o Cesáreo?

En uno aparecía el nombre de “César Alierta”, el que comúnmente utiliza el ejecutivo desde hace décadas, y en otro el de “Cesáreo Alierta”, su verdadero nombre de nacimiento y el que figura en los documentos oficiales, pero que dejó de usar para diferenciarse de su padre (también Cesáreo Alierta, ex alcalde de Zaragoza). Al agente encargado de permitir la salida del país no le cuadró tal divergencia.

¿César o Cesáreo? La falta de concordancia exacta en la identidad de la documentación requerida por las autoridades estadounidenses empezó a dilatar el proceso en la aduana, lo que provocó las quejas del ex presidente ejecutivo de Telefónica. Un choque que derivó en que el empresario español fuera retenido por el personal de seguridad y dirigido a las dependencias policiales del aeropuerto de Washington.

La situación era engorrosa para el empresario. En plena noche, empezó a funcionar la agenda de contactos y los teléfonos móviles. Tras una serie de llamadas telefónicas precisas del propio Alierta y de sus acompañantes, se acabó por poner en marcha los engranajes de la diplomacia española en la capital norteamericana, que se movilizó rápidamente para resolver el entuerto, según confirman a El Independiente varias fuentes diplomáticas nacionales.

La intervención para deshacer la confusión entre César y Cesáreo fue de alto nivel en el escalafón diplomático. Las mismas fuentes apuntan que el propio embajador español en Estados Unidos, Pedro Morenés, estuvo puntualmente informado de la situación esa noche.

Pero fue el cónsul general de España en Washington DC, José María Ridao, el que se volcó personalmente para poner fin al incidente. Los contactos directos con autoridades estadounidenses del principal cargo consular español en territorio norteamericano dieron sus frutos con celeridad.

Tras la rápida intervención, la retención de César Alierta duró algo menos de dos horas, la confusión de nombres entre los diferentes documentos fue aclarada y finalmente obviada en la frontera, y el empresario puedo emprender el viaje de regreso a España, señalan fuentes de Exteriores.

La Fundación y el CEC

César (Cesáreo) Alierta fue presidente ejecutivo de Telefónica durante 16 años, de 2000 a 2016, cuando fue sustituido por José María Álvarez-Pallete, que hasta entonces era su consejero delegado.

Cuando dejó la primera línea ejecutiva de la teleco -poco más tarde lo haría también del consejo de administración de la operadora-, se volcó en la presidencia de la Fundación Telefónica, que maneja presupuestos anuales en el entorno de los 120 millones de euros (en parte aportados por la propia compañía).

Hasta el año pasado Alierta compaginó la presidencia de la Fundación con la del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), un lobby integrado por una quincena de grandes empresas españolas al margen de la patronal CEOE creado a principios de 2011 y finalmente clausurado en 2017 tras “cumplir los objetivos” para los que surgió, según esgrimió entonces la asociación.

Una organización empresarial que nació con el objetivo de proponer medidas para mejorar la competitividad empresarial para salir de la crisis, pero que jugó un activo papel político. Al menos así fue hasta que el año sin Gobierno tras las elecciones del 20-D de 2015 lo condenó a la inactividad, y la falta de acuerdo para buscar un sustituto a Alierta y la falta de objetivos estratégicos futuros lo hicieron decaer.