Carmena se alinea con Colau en favor del taxi y propone una segunda licencia para las VTC

Los taxistas han encontrado un nuevo aliado. El Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por la alcaldesa Manuela Carmena, ha propuesto implantar una segunda licencia local para los vehículos VTC, justo la misma tesis que defiende el consistorio de Barcelona.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó el conocido como decreto Colau a principios de este mismo mes, una normativa que obligaba a los vehículos de Cabify y Uber a solicitar al Instituto Metropolitano del Taxi un segundo permiso, otorgado por la ciudad, para operar.

Los taxistas reciben así un apoyo muy grande para su causa por parte del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que, tal y como recoge Efe, pide la implantación de esa segunda autorización.

El departamento que dirige Inés Sabanés, una de las concejalas más cercanas a Carmena, ya se ha dirigido al Ministerio de Fomento para explicar su postura, y ha calificado como positivas las declaraciones del secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, que ya ha confirmado que la postura del Gobierno está enfocada en transferir a los ayuntamientos las competencias en cuanto a la concesión de licencias VTC.

El posicionamiento del consistorio madrileño, de la misma forma que el barcelonés, es contrario a las opiniones de la Justicia. El pasado 19 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendía de forma cautelar la aprobación de la normativa de la doble licencia en Barcelona, provocando las iras de los taxistas y dando inicio a las huelgas que han paralizado ahora las dos grandes ciudades españolas.

Fomento, por el mismo camino

Madrid y Barcelona han dado su apoyo a las demandas del taxi, pero no pueden hacer nada a nivel legislativo hasta que Fomento no ponga en marcha su plan para transferir a los ayuntamientos las competencias respecto a las VTC. Y bien podrían hacerlo este mismo miércoles.

La reunión de la Conferencia Nacional de Transporte de este miércoles, impulsada por el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es la clave para desbloquear el conflicto. De ahí debe salir la posición del Gobierno de Pedro Sánchez y la hoja de ruta para definir cómo van a llevar a la práctica su intención de quitarse de encima un problema con el que se han dado de bruces.

Transferir las competencias sobre un tema que hasta ahora es responsabilidad estatal no va a solucionar el problema, pero es una de las exigencias de los taxistas para desmantelar las acampadas del Paseo de la Castellana y de la Gran Vía de Barcelona, dos arterias muy importantes para la circulación en ambas urbes y que están intransitables.

Hasta ahora la pasividad de ambos consistorios para resolver el problema ha sido la nota más destacada. Ni Carmena ni Colau han aparecido públicamente para reprochar el colapso de las ciudades, que afecta a diario a decenas de miles de personas.

El paso definitivo le toca ahora darlo al PSOE, en un problema que después de mostrar su cara política y económica ha pasado a ser una cuestión de política estatal.