La noche de este lunes fue larga en las acampadas que han organizado los taxistas en el madrileño Paseo de la Castellana y en la Gran Vía de Barcelona. La reunión de más de dos horas con el secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, acabó con un los representantes del taxi satisfechos, pero las notas de prensa publicadas posteriormente por el Ministerio de Fomento provocaron una vez más la ira del colectivo.
A través de Twitter, las principales agrupaciones del sector del taxi acusaban a Fomento de no cumplir lo acordado, ya que afirman que se les prometió trasladar a los ayuntamientos las competencias en materia de licencias VTC. "Dejen de reirse de las 100.000 familias que viven del taxi, por favor", decía la cuenta de Élite Taxi, una de las asociaciones más movilizadas.
Los taxistas alegaban que en la nota de prensa no se ponía de forma expresa que el Gobierno impulsará una ley para hacer ese cambio en las competencias. En dicha comunicación pública, el secretario de Estado se comprometía a alcanzar una solución "sin parches" y reconocía la existencia de "un problema estructural", aunque lo achacaba a la herencia "del Gobierno anterior, que no supo abordar adecuadamente el desequilibrio en contra del taxi".
Fue en la tercera nota de prensa, a altas horas de la noche, cuando el departamento dirigido por José Luis Ábalos, y con la intervención directa del propio ministro, puso por fin por escrito eso que el taxi tanto estaba esperando. así, Fomento se comprometía a ofrecer al sector "un Real Decreto-Ley con el que se conseguirá dar estabilidad y resolver el problema definitivamente" y que será planteado a mediados de septiembre.
Esta decisión ha sido acogida con alegría en los campamentos de la Castellana y de la Gran Vía barcelonesa, dos grandes arterias cortadas por el taxi. "Es una situación que no hubiéramos podido ni imaginar hace algunas semanas", ha afirmado en el programa Espejo Público el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, sobre la decisión.
Eso sí, a los taxistas no les ha valido con ver su gran reclamación sobre el papel y ya advierten de movilizaciones que den un paso más llegado el momento. "Si el 14 o 15 de septiembre no ha habido progresos, esto irá a más. Más vale que el Gobierno cumpla con su palabra, porque si no cortaremos la frontera, los puertos y las carreteras", decían desde la acampada madrileña.
Un difícil camino
El Ejecutivo sabe que la aprobación de esa transferencia de las competencias en materia de VTC vía ley orgánica es muy complicada. Esa vía requeriría una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con la que ahora el PSOE no cuenta, pese a los previsibles apoyos de ERC y de Podemos, aunque la formación morada no está en su mejor momento de las relaciones con el Ejecutivo que elevó a La Moncloa.
Por eso se han decidido por transitar el cambio del Real Decreto-Ley, evitando así cualquier tipo de debate y de votación en la cámara baja, que básicamente sólo tendría las competencias para afirmar o negar esta ley, pero en ningún caso para tirarla abajo. De aplicar esta figura legal, las competencias pasarían directamente a los Ayuntamientos, ya que no se puede utilizar para cuestiones relacionadas con las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-Ley permitirá también al Ejecutivo de Pedro Sánchez acelerar los plazos, ya que es un ruta mucho más rápida. Sin la necesidad de un debate y de una votación, el Congreso tiene un plazo máximo de un mes para tramitar la nueva ley e implantarla.
Sánchez y Ábalos se han encontrado con un problema muy importante y quieren solucionarlo plegándose a las demandas del taxi. Las movilizaciones y el bloqueo de las ciudades se han confirmado como una estrategia de presión que el Gobierno socialista de momento no sabe cómo rodear para encontrar la mejor forma de abordar un conflicto que puede sentar un peligroso precedente.
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