El taxi da "un voto de confianza" al Gobierno pero lo tiene claro: "Hemos ganado"

Al filo de las tres de la mañana la Gran Vía de Barcelona y el Paseo de la Castellana de Madrid, dos de las grandes arterias urbanas de España, recuperaban una normalidad que se había visto modificada desde hacía ocho días.

Tras votaciones a mano alzada en asambleas en las calles, los taxistas decidían desbloquear las ciudades y recoger los campamentos, dando así por buenos los compromisos que Fomento consiguió arrancar a las Comunidades Autónomas tras la reunión de la Confederación Nacional de Transporte.

El taxi se ha tomado el fin de estos paros con cautela, pero el sentimiento era casi unánime: "Hemos ganado", decían muchos mientras retiraban, entre vítores, sus vehículos para devolver la calma a Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas como Valencia o Bilbao.

En cualquier caso, los líderes del sector han querido poner un punto de cautela ante la euforia de muchos de sus compañeros. "Vamos a darle un voto de confianza al Gobierno", decía Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, durante la asamblea de la Ciudad Condal, pero amenazaba con una vuelta a las movilizaciones si fuera necesario.

El vicepresidente de Antaxi, Jesús Fernández, estaba en la misma línea y consideraba que Fomento se ha ganado "un margen de confianza" por haber asumido "lo que había sido solicitado" por los taxistas en la reunión que mantuvieron ambas partes el pasado martes.

Porque, pese a considerar su movilización como un triunfo, no las tienen todas consigo y ya advierten de que si no ven movimientos y pasos en la buena dirección volverán a ocupar las calles, llevando el conflicto incluso más allá.

Todas las miradas del gremio están puestas ahora en los días 14 y 15 de septiembre, pues entienden que el mes de agosto es un periodo vacacional y creen que hay que darle algo de tiempo a Fomento y al Gobierno socialista. Pero si en esas fechas consideran que las cosas no han cambiado, volverá el caos y la movilización.

Las CCAA rechazan a Fomento

La reunión de la Conferencia Nacional del Transporte no fue sencilla para el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Tras más de tres horas de encuentro, no consiguió arrancar a los consejeros de Transporte de las Comunidades Autónomas un sí rotundo para transferirles las competencias en materia de VTC, como pretendía el Gobierno, aunque sí dio los pasos necesarios para satisfacer al taxi y acabar con la huelga.

En lo que es una solución intermedia, el Gobierno habilitará la posibilidad de regular la concesión de las licencias para Uber y Cabify a las Comunidades Autónomas para todas aquellas que lo deseen, mientras que las que no opten por hacerlo mantendrán el régimen estatal que existe en estos momentos.

A su salida de la reunión Ábalos señaló que no se trata tanto de transferencia de competencias, pues a nivel efectivo esta circunstancia se da en casi todos los territorios, como de preparar un marco legal para dar a las autonomías la capacidad normativa en caso de querer ir más allá.

Para muchas Comunidades Autónomas este movimiento del Gobierno convertía "un problema en 17" y consideraban que estaban dando una patada hacia delante para quitarse de encima "una patata caliente". De ahí que muchas, sobre todo aquellas en las que no hay presencia de Cabify o Uber, estuvieran en contra de la decisión.

En esa postura está, por ejemplo, la conselleira de Infraestructura y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, que lamentó al salir de la reunión en Fomento que el Gobierno pretenda "centrifugar los problemas" en vez de buscar una solución común para todo el Estado.

También ha sido crítico el presidente de la Comunidad Valencia, el socialista Ximo Puig, que ha asegurado que el problema "no son las transferencias" sino hallar "un acuerdo estable que dé respuesta a la esencial del conflicto que está planteado entre dos operadores: taxis y los VTC".

Directo a los Ayuntamientos

La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía son los tres territorios con más licencias VTC registradas y, por lo tanto, las que más intereses tienen puestos en el asunto de la transferencia de competencias.

Obtener dicha capacidad normativa será el primer paso ya que las intenciones de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona pasan por solicitar que esas competencias recaigan directamente en los consistorios.

Manuela Carmena y Ada Colau se han mostrado partidarias del sistema que aprobó la edil barcelonesa y que desencadenó las protestas y las huelgas que han paralizado durante más de una semana el centro de las grandes ciudades.

El decreto Colau, con el que se ha alineado la ciudad de Madrid, imponía a los vehículos de Uber y Cabify la necesidad de obtener una segunda licencia para operar en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), algo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió de forma cautelar al entender que el ayuntamiento que rige Colau había ido demasiado lejos.

Este sería el escenario temido por las plataformas de transporte que operan con licencia VTC, que consideran que si Madrid y Barcelona acaban imponiendo este sistema de doble licencia podrían perder hasta dos tercios de su flota en ambas ciudades.