El fenómeno de la inmigración (legal o ilegal) puede verse desde el país receptor como una oportunidad o como un gasto. Hasta ahora, el nuevo Gobierno del PSOE ha hecho suya sin fisuras la primera premisa, mientras que tanto el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, como su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, parecen abrazar la segunda.
En un polémico tweet, Casado decía que “no es sostenible un Estado de bienestar que pueda absorber a los millones africanos que quieren venir a Europa”. Horas más tarde, viajaba para encontrarse con los inmigrantes en persona y para precisar que ser solidario no es óbice para ser realista. Rivera, a pie de campo también, aseguraba que “los flujos migratorios son el principal problema de España este verano”.
Al margen de que las estadísticas muestran que España está muy lejos de recibir millones de inmigrantes africanos, cabe hacerse una pregunta ante este panorama y en aras de la despolitización del discurso migratorio: ¿cuántos inmigrantes puede absorber España? o ¿cuántos necesita?
Las pocas respuestas que se han dado hasta la fecha no vienen tanto desde dentro de España como desde fuera. Desde la visión desapasionada que se presupone a la Comisión Europea o al Fondo Monetario Internacional (FMI), estas autoridades europeas han instado a España a duplicar o incluso triplicar la población extranjera para suplir la caída de la natalidad durante la crisis, rejuvenecer la población, colmar con mano de obra extranjera las nuevas oportunidades laborales que brinda la recuperación y, con ello, sostener con más cotizaciones el sistema público de pensiones.
La primera de estas estimaciones salió a la luz a principios del año 2010. La Comisión Europea recogía en un informe que la población española envejecía de manera preocupante y que para sostener las pensiones harían falta siete millones de inmigrantes en el plazo de 20 años, hasta 2030.
Ya en el año 2018, ha sido el FMI el que ha puesto nuevas cifras sobre la mesa. La necesidad de población extranjera se ha reducido en sus cálculos a 5,5 millones de personas hasta 2055.
Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución de la población foránea en estos años se observa que ambas estimaciones siguen la misma línea, aunque las cifras resultantes difieren.
Antes, habría que tener en cuenta que los saldos migratorios han sido negativos desde el año 2012, fundamentalmente porque la crisis del empleo se ha cebado con los trabajadores menos cualificados y con contratos temporales, perfil este mayoritario entre los inmigrantes.
Así es que volviendo a las previsiones de la Comisión Europea, de acuerdo con el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2009 había en España 46,7 millones de personas censadas, de las que 5,6 millones eran extranjeras. De cumplirse las recomendaciones de la autoridad europea, España debería tener en 2030 unos 13,6 millones de ciudadanos procedentes de otros países.
Esa cifra supone triplicar los algo más de 4,5 millones de extranjeros que hay actualmente en España.
Y si tomamos como referencia las estimaciones del FMI resulta que la cifra a la que debería llegar España alcanzaría los 10 millones de inmigrantes en 2050. Ello debería revertir en un incremento de la tasa de empleo hasta el 80% --superó ligeramente el 65% en 2017--.
Cabría pensar que es más fiable la previsión del FMI puesto que cuenta con mayor conocimiento de la realidad económica española en la actualidad y parece obligado preguntarse ¿qué habría pronosticado la Comisión Europea si hubiera tenido conocimiento exacto de que el sistema de pensiones alcanzaría un déficit de 18.000 millones de euros y de que a día de hoy aún no se han recuperado los niveles de empleo precrisis?
Por otro lado, estas cifras agregadas hablan de la población. Sin embargo, el mayor beneficio de la inmigración y su menor coste se produce por la vía del empleo. Pues bien, los ocupados españoles crecieron un 1,1% entre el segundo trimestre de 2009 y el mismo período de 2018, hasta los 16,5 millones de trabajadores.
En cambio, los flujos migratorios negativos han implicado un descenso de los ocupados extranjeros, que hoy son unos 300.000 menos que en 2009.
Pero en tasa de ocupación, los extranjeros sobre su propia población han pasado, en cambio, del 47,3% al 49,7%, lo que da la idea de que recuperación de población y de cotizantes se producen, a grandes rasgos, en paralelo.
Al respecto existe literatura que apunta que muchos inmigrantes en paro acaban retornando a sus países de origen o marchan a otros en busca de nuevas oportunidades.
¿Hay ya demasiados inmigrantes?
Pese a estas cifras, puede que cuando alguien (sea un dirigente político o no) apueste poner límites a la inmigración esté pensando en que la solidaridad puede salir cara o en el posible rechazo social que puede derivar de una entrada masiva de extranjeros.
Para ello, nada mejor que acercarse a las estadísticas. Los 4,5 millones de extranjeros que hay en España suponen un 9,8% de la población, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año.
Esto puede ser mucho o poco, pero su presencia tiene sesgos más positivos que negativos en el corto y medio plazo. En primer lugar porque si se mide su presencia entre los casi ya 20 millones de ocupados, el peso de los extranjeros es del 11,3% y subiendo. No obstante, cabe pensar que sus cotizaciones son en su mayoría de peor calidad que la de los nacionales por su presencia sobre todo en el sector servicios y menor peso en sectores con mayores salarios.
Además, su presencia en la población es superior en las cohortes en edad de trabajar –11,7% entre los 16 y los 64 años, frente a el 3,4% entre los de más de 65 años--. Más aún, ante un futuro en el que la población será cada vez más mayor --la OCDE estima que habrá 75 jubilados por cada 100 trabajadores en 2050--, la tasa de natalidad actual de los españoles es de 7,5 nacimientos por cada 1.000 personas, frente al 16,6 de los extranjeros.
Es decir que, los inmigrantes, se revelan como la vía rápida para suplir políticas de natalidad que solo pueden funcionar a largo plazo y para las que quizás ya sea algo tarde. Y esto se traduce también en que los inmigrantes son aportadores netos al sistema de Seguridad Social.
Proporcionalmente, su peso es mayor entre los trabajadores respecto a la población y, al mismo tiempo, otro dato remata esta idea: los extranjeros acaparan únicamente un 0,9% de las pensiones (88.670, con datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de julio), mientras que en términos de gasto suponen solo el 0,6% (57,4 millones de euros mensuales sobre una nómina que roza los 9.000 millones.
Un apunte más, los extranjeros representan solo el 9,8% de los perceptores de prestaciones por desempleo.
No es una solución a largo plazo
Pese a todo, una visión a largo plazo evidencia que la llegada de inmigrantes no es la panacea a la hora de solucionar, por ejemplo, el desequilibrio en el sistema de pensiones. La razón es que los extranjeros que hoy trabajan, un día se jubilarán, por lo que lo único que se consigue de este modo es postergar un problema estructural.
Otro estudio elaborado en 2009 por los economistas Ignacio Conde-Ruíz, Clara González y Michele Boldrin, Inmigración y Seguridad Social en España, revela que "los mayores cohortes de inmigrantes se corresponden con los nativos, de forma que tendrán un proceso de envejecimiento paralelo y ello disparará en el futuro el gasto en pensiones".
Dicho de otro modo, si la masiva entrada de inmigrantes hasta 2007 permitió según los autores posponer la entrada de la Seguridad Social en déficit unos cinco años, los desequilibrios del sistema siguen ahí y solo han dado tiempo para implementar reformas.
Trasladando esto a nuestros días, cabe pensar que un mayor flujo de inmigrantes podría aliviar las cuentas de la Seguridad Social, pero requeriría seguir incidiendo en políticas de natalidad o de incremento de los ingresos del sistema con vistas a cubrir su retiro futuro.
La literatura económica con la inmigración
Además, sería simplista hablar solo de la aportación cuantitativa de los inmigrantes a la economía. Es preciso hablar de su peso cualitativo. Como señalan los autores Ethan Lewis y Giovanni Peri en su trabajo Immigration and the economy of cities and regions (National Bureau of Economic Research, 2014), "las habilidades de los inmigrantes y sus ocupaciones son cruciales para comprender su impacto".
De acuerdo con el Ensayo sobre los efectos económicos y la inmigración en España, de los economista Juan J. Dolado y Pablo Vázquez, y publicado por Fedea en 2008, quedaba claro que con una evolución de la migración como la experimentada entre los años 2000 y 2007 --llegaron más de cuatro millones de inmigrantes con un importante efecto rejuvenecedor-- , el beneficio económico equivalía al 0,25% del PIB.
Sin embargo, teniendo en cuenta todas sus aportaciones, también a la demanda o las inversiones, si todos tuvieran una alta cualificación, el beneficio se dispararía al 1,76% del PIB, mientras que ninguno estuviera cualificado, el coste económico rondaría el 0,12% del PIB. Esto da una idea, a primera vista, de que la inmigración supone habitualmente mano de obra sobre todo con baja cualificación.
¿Y qué ocurre con el efecto sobre la opinión pública? Basta un dato del informe La evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, elaborado por el Ministerio de Empleo en 2015. Al inicio de la crisis, en el año 2007, el 58,7% de la población tenía una visión en general positiva de la inmigración.
En el periodo del 2009 al 2012, en el peor momento de la recesión, los porcentajes de encuestados con valoración positiva y negativa se acercaron bastante, y, a partir de 2014, coincidiendo con una retroceso de la inmigración, el porcentaje de encuestados con valoración positiva de la inmigración aumentó llegando al 46% de los encuestados en 2015 .
Esto enlaza con otro de los problemas que puede suponer la inmigración. Cuando los números cuadran hay que pensar también si estos les cuadran a los ciudadanos, si cabe pensar que una incremento de la inmigración puede ampliar brechas sociales.
Y es que, en ese mismo informe, la mayor parte de los encuestados opinaba también que los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer y que al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen que bajen los salarios.
¿Una forma de reducir la brecha de género?
Sin embargo, la literatura económica arroja resultados muy diferentes que podrían revertir la mala imagen de los trabajadores extranjeros para un parte de la sociedad.
El estudio Immigration, Family Responsibilities and the Labor Supply of Skilled Native Women (2009), de los autores Lidia Farré, Libertad González y Francesc Ortega señala que la oferta laboral de mujeres calificadas con responsabilidades familiares aumenta en respuesta a la inmigración y no afecta en ningún caso a los hombres.
"La inmigración permite a las mujeres calificadas conciliar sus responsabilidades familiares y sus carreras, permitiéndoles volver a trabajar después del parto y continuar trabajando (posiblemente posponiendo la jubilación) al cuidar a dependientes mayores", concluyen los autores.
El caso particular de la inmigración Africana
Caso aparte es el de los supuestos millones de inmigrantes africanos que, según Casado, podrían llegar a las costas españolas en un futuro no muy lejano. Señalar que, por lo pronto, es a día de hoy improbable. Actualmente, solo el 18,9% de los extranjeros afincados en España son africanos, menos de un millón. Porcentaje que se diluye en un 1,8% de la población española.
Más aún, es cierto que en las últimas semanas se está produciendo una importante oleada de inmigrantes africanos a España. Sin embargo, en los últimos años, y salvando que la salida de extranjeros ha superado a la entrada, el incremento en la llegada de inmigrantes no ha pivotado en torno a los africanos.
La llegada de inmigrantes en los últimos años no se explica por los africanos
Entre 2012 y 2017, el incremento de la inmigración anual ha pasado de las 150.849 personas a las 298.890. Es decir, prácticamente se ha duplicado. En ese mismo periodo, el incremento de la inmigración procedente de países africanos se ha acelerado en un 77,2%.
Pero dando por buena la preocupación ante un repentino repunte de la inmigración de africanos, cabe tener en cuenta lo que ocurrió en Alemania desde 1990, cuando con la caída del Muro de Berlín se produjo una entrada masiva de trabajadores checos en la República Democrática Alemana (RDA).
Tomando la literatura económica que ha estudiado este proceso y otros similares, cabe esperar que una llegada masiva de inmigrantes pueda impactar en el empleo, con menor contratación de nativos y, en menor medida, sobre los salarios, siempre en función de la capacidad negociadora de los sindicatos.
En cualquier caso, este efecto se produciría especialmente sobre los trabajadores menos cualificados y los de más edad.
Sin embargo, los autores coinciden en que un incremento de la inmigración de estas características desencadena otra serie compleja de procesos en el mercado de trabajo que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, cabría esperar un desplazamiento de los trabajadores nativos hacia ocupaciones de mayor cualificación, al tiempo que muchos de estos inmigrantes caerían en la infraocupación por culpa de barreras idiomáticas o culturales.
¿Qué hacer a futuro?
La mayor parte de los expertos coinciden en que la clave es ordenar los flujos migratorios en beneficio de todas las partes. Pero sobre todo, tanto desde instancias como el Círculo de Empresarios, se ha instado a ordenar una llegada de inmigrantes cualificados y acordes a las necesidades de las empresas y el nuevo modelo productivo, el del conocimiento, que han querido desarrollar los últimos gobiernos.
Esta tesis es la que viene defendiendo desde hace años la Catedrática de Economía de la UPV/EHU Sara de la Rica, quien considera que "lo que hace falta es que ante la llegada de inmigrantes se produzcan protocolos pactados de reordenación de los que llegan".
"A corto plazo, creo que España sí puede y, sobre todo, debe acogerles por solidaridad. Y lo que a la vez hay que hacer es fundamentalmente dos tipos de intervenciones: la primera es invertir en el desarrollo de estos países para que estas personas no tengan que huir de sus lugares de origen. Y la segunda medida es invertir en formación en los inmigrantes que llegan a nuestro país".
Finalmente, De la Rica resume el sentir de gran parte de los trabajos consultado: "Los inmigrantes son personas en su mayoría jóvenes y si se invierte en su formación, sin duda van a ser positivos para generar riqueza en España".
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