Trabas legales y multas altas: así intentan poner coto los ayuntamientos a Airbnb

Madrid y Barcelona son dos de las ciudades del mundo con más alojamientos registrados en Airbnb, sobre todo en esta época del año. La Ciudad Condal cuenta con 20.786 habitaciones y apartamentos en la plataforma estadounidense, por los 16.294 de la capital, lo que las sitúa en octavo y undécimo puesto global respectivamente.

Así, no es de extrañar que ambas urbes quieran poner cierto coto a la fuerte proliferación de estos alquileres turísticos, aunque todavía no han encontrado la mejor forma de hacerlo. Esta misma semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentaba un recurso contra las normativas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastian por vulnerar la competencia efectiva, amparándose en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013 de 4 de junio.

Lo aprobado por esta terna de ciudades, considera el regulador, no cumple con las condiciones necesarias de la libre competencia. Entre la batería de medidas puestas en marcha están la limitación de tres habitaciones por vivienda o el hecho de no poder registrar en Airbnb un piso superior a una segunda planta si no tiene salida independiente a la calle, dos de las propuestas de ambas ciudades vascas.

Pese a que los alquiler turísticos son habituales por toda España, está claro que las dos grandes ciudades se llevan la palma y, por tanto, el resto está expectante por ver cómo consiguen pelear con un fenómeno que ha masificado el centro de los dos núcleos de población más importantes del país.

En Madrid, los alojamientos de este tipo están regulados por el Decreto 79/2014 del 10 de julio, que contempla la "explotación mediante precio, de forma habitual y sin carácter de residencia permanente, estos servicios" y coloca además esa habitualidad en "tres meses continuados durante un año natural".

Ese plazo de tiempo es clave para los planes de la edil de la ciudad, Manuel Carmena, que quiere poner coto a los alquiler turísticos obligando a que todo aquél que quiera superar este plazo tenga que solicitar una licencia profesional, que viene acompañada por tasas y diferentes cargas impositivas. Según los datos que maneja el ayuntamiento, esto podría acabar con un buen porcentaje de los host de Airbnb.

La solución de Madrid

Pese a que buena parte de las competencias para regular los alquileres turísticos deberían recaer sobre las Comunidades Autónomas, lo cierto es que los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona son los que están buscando regular la situación de forma efectiva.

Así, uno de los planes más ambiciosos de Carmena pasa por obligar a contar con una licencia a todos aquellos que publiquen un alojamiento turístico en Airbnb, lo que ayudaría a un control más exhaustivo.

La ciudad quedaría dividida en cuatro partes, con más o menos restricciones según la saturación de cada una de ellas. La Zona 1 sería el centro, la más masificada, mientras que la Zona 2 englobaría a los distritos de Arganzuela, Salamanca, Chamberí y Moncloa. Para la tercera y la cuarta queda el resto de la M-30 y los barrios adyacentes.

Las dos primeras parcelas son las que reciben mayor atención por parte del consistorio madrileño. Son zonas en las que la concentración de turistas y alojamientos es muy importante, con casi 8.000 anuncios en Airbnb y un ratio de un turista por cada residente.

La solución de Barcelona

La ciudad que rige Ada Colau es una de las plazas más difíciles en las que ha toreado Airbnb. El conflicto desde que llegara al gobierno de la ciudad la activista ha sido constante, con momentos de tensión entre ambas partes cuando se han sentado a conversar.

En lo que llevamos de año Barcelona ha eliminado más de 5.000 alojamientos de Airbnb por no cumplir con las normas que establece. Además, ha conseguido arrancar a la plataforma estadounidense unas condiciones con las que Brian Chesky, su CEO y fundador, no traga en otras partes del mundo.

Entre ellas está la obligación, desde el 1 de junio, de informar al Ayuntamiento de los datos personales -nombre, email, DNI..- de las personas con un alojamiento registrado en Airbnb, así como los datos de los pisos que quedan en un registro.

La masificación en la capital catalana ha alcanzado límites difíciles de gestionar. A finales del año pasado los alojamientos turísticos ya duplicaban el número de habitaciones de hotel, un punto alcanzado gracias a la popularidad de Airbnb o Homeaway.

Pese a esas dificultades para operar, lo cierto es que la compañía californiana sigue creciendo en Barcelona y este verano tiene previsto superar su récord de alojamientos, registrado en julio y agosto del año pasado, pues ya ha batido el de junio de 2017.

La solución de Palma de Mallorca

Palma de Mallorca es otro de los núcleos más importantes en cuanto a oferta de alojamiento turístico, algo normal si consideramos el volumen de visitantes que llegan cada verano a la isla para pasar la época estival.

El ayuntamiento de la ciudad, liderado por Antoni Noguera, ha decidido cortar por lo sano y ha prohibido los pisos turísticos dentro de los límites de la urbe. Así, no pueden existir estos alojamientos en edificios plurifamiliares y sólo estarán permitidos en chalets, casas y viviendas unifamiliares.

Las multas, altas, constituyen la gran medida disuasoria: entre 40.000 y 400.000 euros para los portales web y desde 20.000 hasta 40.000 euros para los particulares que ofrezcan un alojamiento que no cumpla la normativa.

De momento, las primeras sanciones han sido para la propia Airbnb y para TripAdvisor, que han tenido que pagar 300.000 euros por no cumplir con las leyes instauradas por el consistorio de la ciudad.

Todas estas medidas están reduciendo mucho la oferta de alojamientos de este tipo. En julio y agosto del año 2017 había alrededor de 3.700 viviendas registrados en Airbnb, un cifra que en abril de este mismo año se quedaba en 1.800.

La solución del Gobierno

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, liderado por Reyes Maroto, tiene en sus planes más cercanos abordar la regulación del alquiler vacacional. Será este mismo mes de septiembre cuando arranque la mesa de trabajo en la que estarán las Comunidades Autónomas, por donde también pasarán plataformas como Airbnb o HomeAway para dar su punto de vista.

La idea de Maroto es "tratar de encajar la definición de vivienda turística" para, a partir de ahí, comenzar a desarrollar los decretos autonómicos e identificar la regulación a modificar en materia de este tipo de alojamientos.

"Nos hemos dado este año de margen", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que afirma que "podemos tener perfilados cuáles van a ser los cambios y llevarlos al Parlamento para que puedan ser aprobados".

La titular de Turismo ha señalado que son las Comunidades Autónomas las que deben regular en este tipo de cuestiones, pero ha considerado que la situación "ha tenido un impacto importante en la subida de los precios del alquiler" y que "estar coordinados nos va a dar una transversalidad en las políticas que hagamos que va a ayudar a regular mejor la vivienda turística y el alquiler en general".