El Gobierno planea un registro único de pisos turísticos para atajar un fraude millonario

La economía sumergida es como una gran hucha, pero sin cerradura. Dentro hay miles de millones de euros (nadie lo sabe a ciencia cierta) que bien podrían servir para absorber definitivamente el déficit público como para financiar una agenda social de altos vuelos. Sin embargo, lo difícil es encontrar la forma de sacarlos a la luz.

El Gobierno de Pedro Sánchez lo sabe y ha puesto la diana en los pisos turísticos ilegales que, a diferencia de otras actividades económicas que escapan a la Ley, aún no tiene el suficiente recorrido como para ser una práctica sofisticada. Dicho de otro modo, aflorar alquileres turísticos no declarados aún podría ser una vía rápida para incrementar los ingresos, si se utiliza bien la información disponible y, de paso, mejorar la calidad del sector turístico.

Pues bien, el Ejecutivo está dando ya los primeros pasos para poder contar con un registro único de alojamientos turísticos, según ha avanzado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista a Europa Press. Esta suerte de mapa o de fotografía fija debería permitir poner orden en este ámbito y mejorar la calidad de la oferta, como señala la ministra. Pero también se engarza con los esfuerzos del Gobierno por estrechar cada vez más el cerco sobre el fraude asociados a los pisos turísticos.

El problema en estos momentos es que la normativa que impera sobre esta actividad se incardina en el ámbito turístico, no en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es de aplicación nacional. Esto se traduce en la práctica en que la normativa surgida al calor del 'boom' de los pisos turísticos, promocionados por plataformas como Airbnb o HomeAway, se ha creado de manera dispersa y confusa en las distintas comunidades autónomas.

Más aún, también los grandes ayuntamientos se han lanzado a crear sus propias normativas al ver que la proliferación de pisos turísticos está distorsionando el mercado del alquiler tradicional, aunque de momento se han topado con la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La consecuencia de esa bola de nieve de confusión normativa, ni los diferentes territorios tienen un registro de pisos turísticos comparable, ni mucho menos se cuenta de momento con uno de referencia.

Aproximaciones a un registro único

El Gobierno está sondeando la forma solventar este problema sin cruzar la línea competencial, por eso fuentes del Gobierno aseguran que, de momento, se trata de "una fase de intención o voluntad".

Por lo pronto, Maroto ha avanzado que el Gobierno prevé ponerse manos a la obra ya en septiembre, en el marco del grupo de trabajo acordado con las comunidades autónomas en la última conferencia sectorial del pasado 18 de julio, que contará también con la participación de las plataformas de alojamientos.

Como ya avanzó la ministra después del encuentro, la idea es empezar por concretar el concepto de alquiler turístico dentro de la LAU para ir creando ya un paraguas de dimensión nacional en torno a esta actividad. La idea es a priori delimitar qué continuidad debe tener el arrendamiento de una vivienda para que esta pueda considerarse un alquiler turístico.

Con esta modificación se introduciría mayor claridad y, a su vez, menores distorsiones a la hora de legislar en cada comunidad autónoma.

Pero también, con estos mimbres, el Gobierno espera recopilar la información actualmente disponible de las comunidades autónomas (asegura que no habrá que obligarlas, porque ya están ofreciendo todo tipo de datos). La ventaja es que en la mayoría de ellas ya se exige a los propietarios el registro de sus viviendas cuando se destinan al alquiler turístico, lo que ha llevado a duplicar el número de alojamientos declarados.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo cuenta con las estimaciones de Exceltur (Alianza por la Excelencia Turística) sobre inquilinos de estos alojamientos. Así es que, de momento, el Gobierno cuenta con estas dos fuentes de información, más el aprovisionamiento de datos al que se obligará a las propias plataformas a partir de enero de 2019.

Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal

Además, el Gobierno tiene intención de revisar otras normas de carácter nacional, como la Ley de Propiedad Horizontal, para poder influir indirectamente en la regulación de los alojamientos turísticos. En este caso, se trataría de modificar las mayorías que deben alcanzarse en las comunidades de vecinos para dar vía libre a un alquiler turístico. Y es que, en la actualidad, basta con que un solo vecino esté de acuerdo (el mismo propietario de la vivienda colgada en Airbnb, por ejemplo), para que los demás no puedan oponerse.

Por último, dentro de las normas de carácter nacional sobre las que el Gobierno tiene margen de maniobra, está la legislación sobre el consumo. Dentro de este perímetro entra en juego el grupo interministerial, en el que estará presente el Ministerio de Fomento, para adoptar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Hasta ahí, el Gobierno aún piensa en este estadio en una solución coordinada, más que nacional. Con esa filosofía, el Gobierno prevé abordar estas cuestiones también con otros agentes como los administradores de fincas.

Sin embargo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo dio alguna clave más tras la conferencia sectorial de julio. "Veremos que hay que hacer para garantizar que las personas que alquilan alojamientos vacacionales tienen la garantía de que están ahí y de que están en buenas condiciones", afirmó.

Los Registradores se suman a la causa

Esta visión coincide con la de los Registradores de la Propiedad, que se encuentran desarrollando un proyecto para evitar que el subarrendamiento de viviendas con fines turísticos y de forma ilegal. También en recientes declaraciones a Europa Press, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, avanzaba que la filosofía del proyecto era lograr que los inquilinos se aseguraran de que el arrendatario de la vivienda es efectivamente su propietario.

Esta forma de proceder da también la idea de las posibilidades que los canales y la información de los registradores podrían proporcionar al Gobierno para rastrear la enorme burbuja de fraude que se esconde tras los alquileres turísticos.

Otras de las mediadas que están sobre la mesa del Gobierno pasan por valorar si los arrendatarios de viviendas turísticas deben estar inscritos de algún modo como titulares de una actividad económica.

El Gobierno espera ahora poder consensuar todas estas cuestiones con comunidades autónomas y agentes implicados para poder presentar a las fuerzas políticas en el Congreso una batería de iniciativas consensuadas. De esa forma prevé agilizar el proceso de 'limpieza' del panorama de los alquileres turísticos.