CSIF y un colectivo de opositores de Justicia aprobados han pedido al Ministerio que distribuya la oferta de plazas de Gestión y Tramitación Procesal porque un 70 % están en Baleares, algo que el sindicato considera "un castigo" para los aspirantes del resto de España.

CSIF ha rechazado en un comunicado la "selectiva" oferta de plazas en el ámbito del Ministerio (comunidades sin esta competencia transferida) que está previsto que se publique mañana porque el 70 % están radicadas en Baleares, "donde conseguir una vivienda es casi misión imposible para los empleados públicos que, en muchos casos, viven en condiciones de gran precariedad".

La organización sindical critica que el resto de los destinos dependientes del Ministerio (las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Ceuta, Melilla y los órganos centrales), apenas alcance el 30 % y reclama a Justicia que "reconsidere la distribución". Acusa a Justicia de castigar a los opositores por su falta de previsión y retrasos porque esta oferta de empleo público debería haber finalizado hace año y medio y no mientras está convocado el concurso de traslados de 2018.

El sindicato advierte de que esta situación provoca que, al ver que existen plazas vacantes en su provincia pero que no forman parte de esta oferta, los aspirantes pueden dejar cientos de plazas sin ocupar y optar por permanecer en excedencia en el cuerpo al que han accedido por no poder asumir el coste económico, familiar y personal del traslado a otra comunidad.

A la petición del sindicato se añade la de una plataforma de opositores aprobados que han dirigido una carta a la ministra Dolores Delgado pidiendo que el Ministerio no publique mañana en el BOE el listado de destinos vacantes con ese 70 % de plazas porque se abriría el plazo de 20 días para solicitar destino. Protestan por tener que elegir plaza en Baleares, donde aseguran que hay una burbuja inmobiliaria de alquiler, "un nivel de vida desorbitado", y se cobran complementos de destino simbólicos, cuando hay una alta interinidad en la Península.

Los recién aprobados advierten de que ellos no son la solución a la interinidad de Baleares y de que si son destinados a las islas "prácticamente todos volverán a la península en el primer concurso de traslado que haya, dejando de nuevo los juzgados vacíos".