Los objetivos del Reino Unido para reducir la inmigración deberían ser suprimidos tras el brexit o salida del país de la Unión Europea, según ha recomendado este viernes la Confederación de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés).
En opinión de la CBI, las empresas necesitan una nueva política migratoria tras el brexit que evite la exigencia de visados para los comunitarios y que ponga énfasis en la contribución económica que los migrantes puedan hacer en el Reino Unido.
Las escuelas y los hospitales deberían recibir financiación adicional en las regiones donde haya una gran demanda de plazas debido al aumento de la inmigración, indicó la CBI en un informe, titulado Abierto y Controlad, un nuevo enfoque de la Inmigración.
La confederación hizo esta recomendación mientras continúa la incertidumbre sobre si Londres y Bruselas podrán llegar a un acuerdo sobre los términos de la retirada británica del bloque europeo -en marzo de 2019- y la futura relación comercial entre ambas partes.
El gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, señaló recientemente que existe una "posibilidad" de que no haya acuerdo de cara a la salida del Reino Unido de la UE.
El director general de la CBI, Josh Hardie, señaló este viernes que las empresas consultadas -129.000 de 18 sectores distintos- pusieron énfasis en la importancia de la inmigración y de contar con un sistema que permita contratar el personal que necesitan.
"Este ya no es un debate teórico. Se trata del futuro del país. La apertura y el control (de la inmigración) no deberían ser presentados como opuestos", agregó el directivo. "Muchos sectores ya afrontan escasez (de personal), desde enfermeras hasta técnicos de software", resaltó.
El Reino Unido y la UE aspiran a pactar el marco de la futura relación bilateral para el Consejo Europeo de octubre, si bien de momento mantienen diferencias en torno a la última propuesta británica remitida por Londres a Bruselas el pasado 12 de julio.
Ese plan, conocido como Chequers, contempla, entre otras cosas, la creación de un mercado común de bienes y productos agrícolas, lo que conllevaría a que la aduana británica recaudara impuestos en nombre de los 27, algo no bien visto por algunos diputados.
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