El Gobierno estudia reformar el bono social de la luz y librar a las eléctricas de pagarlo

El Gobierno estudia una nueva reforma del bono social de la luz apenas un año después de la anterior. El Ministerio para la Transición Ecológica baraja fórmulas para ampliar el número de potenciales beneficiarios de las ayudas (que contemplan descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 100% para hogares vulnerables), para facilitar mucho más los trámites burocráticos para su solicitud y también para cambiar su financiación y que las eléctricas dejen de cargar en solitario con el coste (en torno a 200 millones de euros anuales).

La financiación del bono social eléctrico es el asunto más espinoso que ha tenido que afrontar el programa desde su creación. El Tribunal Supremo ha tumbado por dos veces el modelo financiación de las ayudas, dando así la razón a las grandes eléctricas, que una y otra vez han ido recurriendo las fórmulas diseñadas por los sucesivos Gobiernos para cargarles el coste de las ayudas.

El Ministerio para la Transición Ecológica estudia trasladar total o parcialmente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el coste de financiar el bono social. El objetivo es encontrar una fórmula ya en los PGE de 2019 para que las eléctricas no asuman todo el coste, según confirman a El Independiente fuentes del departamento comandado por Teresa Ribera.

La batalla en los tribunales

En un principio los más de 200 millones anuales los asumían sólo las cinco grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo) en función de su cuota de clientes, y el Supremo lo rechazó. El Gobierno amplió el número de paganos hasta una veintena de comercializadoras eléctricas, y el Alto Tribunal lo volvió a tumbar.

El año pasado, el antiguo Ministerio de Energía decidió cargar el coste del bono a todas las comercializadoras, hasta un total de unas 200 compañías (aunque las cinco grandes siguen cargando casi con el 95% del coste total). Muchas de ellas volvieron a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, y las eléctricas dan por hecho que les volverá a dar la razón.

El nuevo Gobierno socialista pretende acabar con esta permanente guerra legal que de manera periódica se convierte en un coste adicional millonario para los recibos de los clientes, dado que el sistema eléctrico tiene que acabar por devolver el dinero aportado por las eléctricas y hacerlo con intereses.

De momento, sólo 836.000 beneficiarios

El nuevo bono social que entró en vigor el pasado octubre sigue sin arrancar. Diez meses después, el número de clientes que han conseguido acceder ya a él está muy lejos de las previsiones del anterior Gobierno. Actualmente, son 836.000 hogares los beneficiarios de los descuentos en su factura eléctrica, cuando el Ejecutivo del PP auguraba que accederían a él unos 2,5 millones de clientes (sólo un 45% de los 5,5 millones que el entonces Ministerio de Energía calculaba que tenían derecho a las ayudas).

Las previsiones que maneja el Gobierno actual es llegar al próximo octubre, cuando en principio expira el plazo para que los receptores del anterior bono demuestren poder beneficiarse del nuevo programa, con 1,1 millones de hogares acogidos a las ayudas. En el mejor de los casos, según el Ministerio, podría llegarse a los 1,5 millones de clientes tras la inminente puesta en marcha de una campaña de publicidad para informar de las ayudas.

La reforma del bono que prepara el actual Ministerio para la Transición Ecológica contempla una nueva flexibilización de los requisitos y una simplificación del trámite burocrático para conseguirlo. Entre otras medidas, el departamento de Ribera contempla una ampliación del número de beneficiarios potenciales al bono social, creando un nuevo grupo de hogares con derecho a las ayudas cuando estén en situación de pobreza energética pero no cumplan los requisitos de vulnerabilidad de los tres grupos actualmente reconocidos.

Ampliar los hogares con derecho a ayuda

El actual bono contempla descuentos del  25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad. El nuevo modelo contempla descuentos del 25% del importe de la factura para los consumidores que se consideren “vulnerables”, aquellos con una renta anual familiar inferior a determinados umbrales de riqueza en función del número de integrantes del hogar. El Gobierno amplió el descuento hasta el 40% del recibo para los consumidores reconocidos como “vulnerables severos”, que son aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.

Las eléctricas harán una aportación adicional para asumir el 50% del recibo de los consumidores que, además que cumplir con los criterios de renta de los vulnerables severos, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local. En estos casos, los hogares verán financiado todo el importe de la factura: la mitad por la compañía eléctrica y la otra mitad por los servicios sociales. La intención del Gobierno es crear un cuarto grupo de beneficiarios en situación de menor vulnerabilidad.

El bono social fue reformado el pasado octubre para ligar las ayudas al nivel de renta de los hogares que las reciben. Hasta entonces, la mayoría de clientes que lo percibían lo conseguía sólo por tener contratada una potencia inferior a los 3 kilovatios, sin importar su nivel de renta familiar.