Las negociaciones entre el Gobierno y Podemos para tratar de alcanzar un acuerdo que desbloquee la aprobación de una nueva senda de déficit y permita iniciar la tramitación de los Presupuestos de 2019 que quiere el Ejecutivo de Pedro Sánchez van por mal camino.
Los de Pablo Iglesias le remitieron un 'pack anticrisis' con medidas concretas como peaje para obtener su apoyo. La respuesta ha sido una serie de vaguedades, generalidades y promesas ambiguas, según la formación morada, que a sus ojos es insuficiente y de resultas pone en serios aprietos el proyecto económico de los socialistas.
Ni derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ni una mayor flexibilización de la última senda de déficit acordada con Bruselas, que ya elevaba el objetivo del 1,3% del PIB al 1,8% este año. Esas y otras negativas más, todas ellas conocidas hasta el momento, como el rechazo a tocar el IRPF al menos en el corto plazo para agrandar los ingresos del Estado, son las que reprochan desde la filas de Podemos.
Sin embargo, uno de los puntos de debate de estas mismas negociaciones pone en cuestión, en un segundo término, un elemento también importante junto a la viabilidad del Presupuesto: la credibilidad de Sánchez ante un colectivo clave como es el de los pensionistas.
El órdago de Podemos sobre las pensiones
Porque el documento de Podemos vuelve a convertir las pensiones en una moneda de cambio para allanar la aprobación de los Presupuestos, como sucediera durante los últimos meses del mandato de Mariano Rajoy. La primera diferencia es que la pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Si Rajoy acabó por asumir una subida para los pensionistas del 1,6% para este año y el siguiente a cambio del apoyo del PNV a las cuentas anuales, son los socialistas los que ahora se ven en una coyuntura similar: Podemos ha incluido entre las exigencias para dar su apoyo a Sánchez en la fase previa a la elaboración del Presupuesto de 2019 una paga compensatoria a los pensionistas en el caso de que el IPC se sitúe finalmente por encima de la subida prometida.
En este caso, el asunto de las pensiones se perfila como una cuestión secundaria después de la subida ya aplicada a los pensionistas y por el hecho de que el documento de peticiones de Podemos incluye elementos de mayor altura como la demanda de derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De hecho, en su respuesta, la formación morada no destaca cuestión alguna sobre este punto en concreto.
Sin embargo, no hay que olvidar que fueron los socialistas los primeros en defender en la Comisión del Pacto de Toledo y en sendas iniciativas legislativas la vuelta a la vinculación de las pensiones con el IPC cuando estaba en la oposición.
Más aún, el PSOE registró una Proposición de Ley en febrero de este año en la que impulsaba la subida de las pensiones en un 1,6% y planteaba que, en el IPC correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 fuese superior a esa porcentaje, las pensiones se actualizarían conforme a la subida de la inflación, abonando en un pago único la diferencia no percibida durante 2018, precisamente lo que reclama Podemos.
Hasta la fecha, Sánchez ha seguido defendiendo la vinculación de las pensiones al IPC, pero supeditando el objetivo en la necesaria discusión dentro de un "nuevo Pacto de Toledo", lo que deja fuera la paga compensatoria que ahora vuelve a plantear Podemos y que habría de pactarse de forma similar a la subida acordada en los Presupuestos de 2018.
En este sentido, en la respuesta de Podemos se señala que "remitirse a una reforma integral en el seno del pacto de Toledo es un brindis al Sol y una patada para adelante sine die". En todo caso, a los ojos de la ciudadanía, la propuesta de Podemos parecería una buena oportunidad para que el PSOE pueda cumplir con su palabra.
Una meta pendiente
Porque hay que recordar que las pensiones no se han ligado al IPC en ningún momento pese a la subida aplicada este año. Lo pareció en un primer momento, cuando el PNV anunció que había arrancado al Gobierno la deseada subida para los jubilados, que esos días se manifestaban por las calles de toda España pidiendo unas pensiones acordes con la evolución de los precios.
Sin embargo, las cuentas plasmaron una subida del 1,6% para 2018 y 2019 y el Gobierno de Pedro Sánchez, que en la oposición había abanderado junto a Unidos Podemos la vuelta a la indexación de las pensiones, se plegó a esas cifras con aparente resignación. Se había opuesto a las cuentas, pero no había tiempo para rectificaciones y debía ponerse a trabajar cuanto antes aunque fuera con los Presupuestos heredados.
Ahora, el panorama al que se enfrenta el Gobierno es complejo y, según fuentes gubernamentales, la posición oficial en torno a este tema es de prudencia. Mientras que en otras cuestiones como la subida del IRPF, el Ejecutivo se ha mostrado decidido y ha dejado clara su postura --no subirá el impuesto sobre la renta--, en este caso el Ejecutivo se da tiempo y, de momento, sigue plegado a las cifras consignadas en los Presupuestos a la espera de la evolución final del IPC y al resultado general de las negociaciones con Podemos.
A la espera de la desviación
Algunos de los más prestigiosos servicios de estudios dan por descontado que el IPC anual se situará por encima de ese porcentaje al final del año. Es el caso de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que anticipa un 1,9%. Sin embargo, otras instancias, como el servicio de estudios de CEOE creen que la inflación podría rondar el 1,6% este año, en línea con la subida de las pensiones.
De cumplirse el primer escenario y en el supuesto de que el acuerdo con Podemos se reconduzca, Sánchez se enfrentaría al dilema de tener que asumir una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas después de haber defendido a capa y espada la indexación de las pensiones. Por el contrario, una paga compensatoria agrandaría aún más el 'agujero' de las pensiones. Aunque si de esa forma se pudiera acceder a un calendario de reducción más suave, también habría más margen de gasto para asumir este redoble en los compromisos para con los pensionistas.
Más aún, el Gobierno podría matar así dos pájaros de un tiro, puesto que los pensionistas vascos no han dejado de manifestarse desde la aprobación de los Presupuestos pidiendo una mayor subida de sus nóminas y, por ello, una decisión así podría servirle al Gobierno para acercar al PNV. De hecho, incluso con el apoyo de Podemos, las cuentas no le salen a Sánchez, que necesitaría también de los votos de los diputados vascos.
Primero los ingresos, luego los gastos
Otra cosa distinta es cómo se pagaría esa ulterior subida, puesto que desde las filas del PNV no se ve con buenos ojos la subida de impuestos a las grandes empresas y la banca que prepara el equipo económico de Sánchez. Dicho de otro modo, una nueva subida de las pensiones debería acercar a los vascos al Gobierno, pero la propuesta para pagarlas les aleja. En una coyuntura así, es lógico que el Gobierno tome todas las cautelas.
Otra de las cuestiones que complican la posición de Sánchez tiene que ver con Bruselas. Sería difícil de explicar a las autoridades europeas que el margen negociado se empleará, no para propiciar un mayor crecimiento económico, sino una subida del gasto estructural, que es el enemigo a batir.
En esta tesitura, el Gobierno ha mantenido hasta la fecha que no habrá subida adicional. El pasado 27 de julio abonó la paga compensatoria por los atrasos acumulados desde enero y ya desde agosto las nóminas incluirán las subidas previstas hasta final de año. Según fuentes del Gobierno, esta sigue siendo la postura de momento.
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