El Gobierno da el primer paso para una cascada de cierres de centrales de carbón

Es una de las centrales de carbón más pequeñas de las que aún están en activo en España. Y tiene los días contados. Va a ser la que abra la espita para el principio del fin de las plantas de carbón, o al menos la que va inaugurar la primera de ronda de cierres que en los próximos años se producirán en el sector.

Se trata de la central de Anllares, ubicada en Páramo del Sil, en León, en la comarca del Bierzo. Sus propietarias -Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), con un 67%, y Endesa, con el 33% restante-  son las que el año pasado pidieron permiso para echar el cierre porque la planta no es rentable. Y están a punto de conseguirlo.

El Gobierno acaba de dar el visto bueno ambiental para su cierre. Es éste el penúltimo trámite para iniciar el desmantelamiento, tras el ok de Red Eléctrica y de la CNMC, y a falta sólo de la autorización final para su clausura definitiva que debe dar también el Ejecutivo.

Tras consultar a una veintena larga de administraciones, organismos y organizaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el pasado 24 de julio el informe de impacto ambiental del proyecto de desmantelamiento de la central térmica, con el que no pone objeciones a su desmantelamiento. La resolución del Ministerio ha sido publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El departamento comandado por Teresa Ribera debe aprobar ahora la autorización final de desmantelamiento. Un visto bueno que las eléctricas dan por descontado y que auguran llegará de manera inminente, a pesar de que el Ministerio aún analiza la documentación presentada por las compañías propietarias de la central leonesa.

Más cierres

Anllares va a ser la primera que conseguirá el permiso para echar el cierre. Pero le seguirán otras. En España siguen produciendo electricidad una quincena de centrales que funcionan con carbón, y algunas tienen los días contados. La Unión Europea fijó nuevos criterios sobre emisiones de las centrales que serán de obligado cumplimiento en 2020, y las que no hayan realizado las inversiones necesarias para cumplir esos nuevos requisitos tendrán que echar el cierre entonces.

El Gobierno y las propias compañías eléctricas dan por hecho que antes de 2020 echarán el cierre entre cinco y siete de la quincena de plantas hoy operativas. A las compañías no les salen las cuentas en estas plantas, y no pretenden ejecutar esas inversiones millonarias necesarias para seguir adelante con todas las centrales de carbón. Las plantas son propiedad de las cinco grandes eléctricas españolas: Endesa, Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-, Iberdrola, Viesgo y EDP.

Naturgy ultima el cierre de Anllares, pero de momento se resiste a desvelar el futuro de la central de Meirama (A Coruña), aunque en los mentideros del sector se da por hecho que seguirán sus pasos y también echará el cierre. Por el contrario, la antigua Gas Natural sí pretende realizar las inversiones para la desnitrificación de las emisiones de la central leonesa de La Robla, con  lo que podrá seguir funcionando más allá de 2020.

Otras centrales también tienen clara su fecha de caducidad. Iberdrola ya anunció el año pasado su anuncio de que pretende cerrar en 2020 sus dos últimas centrales de carbón, las de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).Y Endesa descarta inversiones para mantener las centrales de Andorra (Teruel) y de Compostilla (León), aunque sí planea alargar más allá de 2020 las plantas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña).

A la lista de centrales que posiblemente echarán el cierre fuentes del sector dan por hecho de que se sumará también la de Puente Nuevo (Córdoba), gestionada por Viesgo, que mantendrá la de Los Barrios (Cádiz).

La clausura de las plantas no supondrá riesgo alguno para el suministro eléctrico del país. Así lo confirmó la propia Red Eléctrica de España (REE), el gestor de la red de transporte de electricidad, en el informe con el que avalaba el próximo cierre de la central de Anllares.

Entre las quince centrales de carbón ahora operativas cuentan con una potencia instalada conjunta de 10.000 megavatios (MW). REE estima que si se produce la retirada del servicio de 4.000 MW de carbón en 2019 la demanda eléctrica nacional estaría cubierta sin problema. El gestor de la red considera que sin esas centrales en funcionamiento se podría cubrir los picos máximos de demanda previstos (incluso sumando una reserva de operación de otros 2.000 MW más) hasta el año 2022.