La factura de las pensiones no deja de crecer. El Gobierno y Podemos han acordado abonar a los pensionistas una paga compensatoria en los próximos dos años en el caso de que el IPC acabe superando en 2018 y 2019 la subida del 1,6% aplicada a sus nóminas para estos ejercicios en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
Fruto de este pacto, que debe refrendar una mayoría parlamentaria, el Gobierno podría aprobar, siguiendo unos cálculos conservadores, una inyección a principios de 2019 de algo más de 100 millones de euros por cada décima de desviación del IPC solo para completar las prestaciones de 2018, según confirman fuentes cercanas al Ejecutivo, que cuantifican en unos 1.100 millones de euros el coste de cada punto porcentual adicional.
Fuentes de Podemos aseguran que esta paga se consolidará en las nóminas de los pensionistas, de forma que a partir de enero de 2019 cobrarán cada mes, no un 1,6% más, sino de acuerdo ya con la subida del IPC que se determine en 2018. Antes de la reforma de las pensiones de 2013, todas las pagas compensatorias se consolidaban. No obstante, la situación actual es atípica y desde el Gobierno no se confirma este efecto acumulativo. De producirse, las cuentas serían dobles, de más de 200 millones de euros.
No hay cantidades cerradas, por tanto, puesto que se desconoce cuál será la deriva final del IPC este año. No obstante, de acuerdo con las previsiones de algunos de los más importantes servicios de estudios del país, la inflación rozará el 2% a finales del año, con lo que la compensación podría rondar, como mínimo, los 300 millones de euros en 2018, alrededor de 30 euros por cada pensión.
El último panel de expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) anticipa un IPC del 1,7% de promedio en el año. Puesto que hasta ahora este indicador arroja un promedio del 1,5%, esto hace pensar que en noviembre, mes que se ha tomado como referencia antes de la reforma de 2013 para actualizar rentas como las pensiones, se acercará al 2%. Así lo prevé específicamente Funcas, que anticipa una tasa anual del 1,9% en ese mes de noviembre.
Dependiendo de cuál sea la referencia final que se tome --el IPC medio o el de noviembre-- la paga compensatoria y el coste de la medida será uno u otro.
Sánchez salda cuentas con el pasado
Hasta la reunión del pasado miércoles entre el Ministerio de Hacienda y Podemos, el Gobierno no había mostrado su predisposición a compensar una eventual desviación del IPC a los pensionistas, pese a su insistente defensa de la vuelta a una vinculación de sus prestaciones con el indicador.
Días antes de la reunión, y después de que Podemos introdujera entre las peticiones que componen su ‘pack antiausteridad’ la paga compensatoria, la versión oficial seguía siendo que imperaba el principio de prudencia y que, por el momento, la referencia seguía siendo el Presupuesto. Todo estaba supeditado a las negociaciones con Podemos.
Finalmente, este tira y afloja ha llevado al Gobierno a sustanciar lo que ya propuso de manera voluntaria en la proposición de Ley de febrero.
Sin embargo, aunque se trata de un paso en dirección la vinculación de las pensiones con el IPC, de facto no supone su indexación. Se trata de una paga compensatoria que está por ver si acaba de consolidarse en las nóminas de los pensionistas.
Es por eso que fuentes parlamentarias consideran que se trata de un gasto que no debería poner en alerta a Bruselas en tanto que no es estructural, apenas se dejaría notar en forma de varias centésimas y en el déficit final y podría aprobarse por la vía del decreto.
En todo caso, el presidente del Gobierno ya ha avanzado su intención de propiciar una vuelta a la indexación de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Entonces sí, la supresión del factor de sostenibilidad consignado en la reforma de 2013, supondría un incremento estructural del gasto y un problema de cara a las instituciones europeas.
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