España no es la que era. La crisis económica ha dejado a su paso un lugar diferente, en ocasiones dado la vuelta. El 'ladrillo' no es ya una mina de oro, muchos pensionistas mantienen a sus familias y, en contra del mito, los funcionarios trabajan desde hace años más horas a la semana que los asalariados del sector privado.
Sin embargo, mientras que el futuro de la construcción o de los pensionistas es una página en blanco, el idilio de los funcionarios con el Gobierno de Pedro Sánchez puede llevar a que vuelvan a ser pronto esos trabajadores a la vista de todos privilegiados, blindados y con tiempo libre.
La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre del año, revela que el número medio de horas semanales habitualmente trabajadas por los trabajadores era muy inferior en el caso de los funcionarios, antes de que, con la llegada del PP y los recortes aplicados en la función pública, se invirtieran los papeles.
Tomando como referencia ese segundo trimestre del año --por ser uno de los menos estacionales y el último de referencia-- en el año 2008 la jornada media en el sector privado era de 38,5 horas frente a las 36 de los funcionarios, distancia que se fue acortando hasta que en el año 2012 se cruzaron las líneas y fueron los funcionarios los que trabajaron 37 horas de media a la semana y los asalariados en las empresas no más de 36,6 horas.
Esa distancia se ha mantenido hasta que se ha reducido al mínimo, pero aún a favor de los funcionarios, lo que da lugar a una gráfica con forma de pez que sirve de indicativo de cómo ha impactado la crisis sobre el empleo público y el privado.
Los recortes y el empleo a tiempo parcial
¿Cuáles son las razones de la caída del mito? A simple vista dos fundamentalmente: la contención de las plantillas públicas que ha llevado a la saturación de trabajo en ámbitos como la Seguridad Social, y la ampliación de la jornada semanal de 35 a 37,5 horas, junto a la proliferación del empleo a tiempo parcial en el sector privado.
Cabe recordar que en diciembre de 2011, en el segundo Consejo de Ministros que celebraba el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó por decreto un incremento de la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas. Además, ese mismo año, el Gobierno dispuso que los funcionarios que cursaran baja médica verían reducida su nómina en un 50%, una medida orientada a reducir el absentismo. Y, en tercer lugar, la oferta de empleo público quedó reducida a la mínima expresión en 2012 y 2013 con la limitación de las tasas de reposición.
Tras ese golpe de timón, la jornada laboral semanal de los funcionarios no comenzó a ser superior a la desarrollada en las empresas hasta el cuarto trimestre, momento desde el que se ha mantenido en esta línea hasta hoy, a excepción del tercer trimestre de 2017.
En paralelo, la recuperación de la economía y del empleo ha permitido ir recuperando poco a poco las condiciones laborales perdidas para muchos trabajadores del sector privado, tanto en términos de salario como de sueldo. Eso implica que, aquellos que pueden negociar su jornada en convenio colectivo, hayan logrado rebajarla en los últimos años.
Así, la jornada media pactada en convenio pasó de las 1.738,4 horas al año a las 1.754,4 en 2014. Sin embargo, desde ese año, que marca la consolidación de la recuperación, se ha producido un descenso continuado hasta las 1.741 horas pactadas en 2017.
Sin embargo, mayor incidencia ha tenido la proliferación de empleos a tiempo parcial como una de las vías de creación neta de empleo. El peso de esta modalidad sobre el conjunto de las contrataciones pasó entre los años 2011 y 2014, coincidiendo con los recortes aplicados a los funcionarios, del 13,9% al 16,4% y, aunque posteriormente ha descendido, se ha mantenido estable por encima del 15%.
Un vuelco a la situación
Esta situación puede dar un vuelco a la vista de la política laboral que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. De un lado, el Ministerio de Trabajo y Migraciones ya ha aprobado un Plan Director que persigue acabar con el fraude en el empleo, lo que incluye combatir la temporalidad y el empleo a tiempo parcial injustificado.
Más aún, el Gobierno ya ha enviado una remesa de cartas a decenas de miles de empresas presuntamente incumplidoras de la legislación laboral para aflorar, entre otras realidades, la utilización irregular de jornadas a tiempo parcial.
Y del lado del sector público, el Gobierno ha avanzado que, en el seno del Estado, permitirá la vuelta a la jornada de 35 horas a través de la negociación colectiva en este ámbito; se ha aprobado una oferta de empleo histórica, con un especial refuerzo de las plantillas de la Seguridad Social; y se ha eliminado la reducción de la nómina al 50% en las situaciones de baja, otra medida desplegada por el anterior Gobierno del PP para poner coto al absentismo.
Los autónomos, los que más horas trabajan
En cualquier caso, todos estos registros palidecen si se comparan con las jornadas que realizan aquellos que cargan con la responsabilidad de sus negocios, los autónomos y los empleadores.
En el caso de los primeros, la jornada semanal se dilata hasta las 44,9 horas de media, unos dígitos que se han mantenido estables a lo largo de la crisis. Algo que también ha ocurrido con los empleadores, que desarrollan jornadas de hasta 47,5 horas a la semana.
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