El Gobierno quiere crear otro bono social para garantizar el agua a hogares pobres

El Gobierno quiere aplicar a otros suministros básicos un modelo similar al del bono social de la electricidad, que contempla descuentos de entre el 25 y el 100% en el recibo de la luz para hogares vulnerables. Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica, aún en una fase muy incipiente, pasan por trasladar al servicio de agua de boca un bono social de parecidas características para garantizar el suministro a hogares pobres.

De momento, según confirman a El Independiente fuentes ministeriales, el departamento dirigido por Teresa Ribera tiene en estudio la iniciativa con el objetivo de ponerla en marcha a medio plazo, sin que se haya decidido la fórmula concreta de aplicación. La pretensión del Ministerio es llevar este tipo de ayudas a todos los suministros básicos, pero en principio se dará prioridad al agua frente al servicio de gas natural.

En algunas ciudades españolas, las compañías de gestión del servicio de agua ya cuentan con descuentos en la factura u otras fórmulas para atender a clientes de bajos ingresos, la pretensión del Gobierno es generalizar esta posibilidad  a todo el país.

El proyecto de crear un nuevo bono social para el agua del grifo forma parte de la política integral con la que el nuevo Gobierno busca asentar la denominada transición justa en el ámbito energético y contra el cambio climático, con el objetivo de que los suministros básicos lleguen a todos los ciudadanos.

Prohibido cortar el agua

La propia ministra Ribera ya anticipó el mes pasado en el Congreso de los Diputados que el Ministerio trabaja en una nueva norma para prohibir que se corte el suministro de agua a familias por impago cuando los hogares sean de bajos recursos y durante el periodo en que se estén tramitando posibles ayudas sociales por parte de la Administración.

“Ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y los poderes públicos deben velar para que no se vea vulnerado este derecho fundamental”, subrayó entonces Ribera. Y para garantizar este bien básico se impondrá “la restricción de que el suministrador no podrá suspender el servicio de abastecimiento de agua a una familia por razones económicas, cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago”. En cualquier caso, la prohibición del corte de suministro de agua sólo será efectiva “en tanto se tramitan las posibles ayudas sociales que pudiesen permitir atender la cobertura de necesidades básicas”.

En paralelo, el Gobierno también está estudiando poner en marcha otra reforma del bono social de la luz apenas un año después de la anterior. El Ministerio para la Transición Ecológica baraja fórmulas para ampliar el número de potenciales beneficiarios de las ayudas (que contemplan descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 100% para hogares vulnerables), para facilitar mucho más los trámites burocráticos para su solicitud y también para cambiar su financiación y que las eléctricas dejen de cargar en solitario con el coste (en torno a 200 millones de euros anuales).