¿Permisos de paternidad en el Estado? El 67% de los funcionarios supera los 50 años

El Gobierno está dispuesto a ampliar el permiso de paternidad de los empleados públicos de las cinco a las 16 semanas para equipararlos a las bajas que disfrutan actualmente las madres tanto en el sector público como en el privado. Aumentaría a ocho semanas en 2019, a 11 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021.

Así figura entre las propuestas económicas trasladadas por el Gobierno a Podemos en el tablero de las negociaciones para sacar adelante la nueva senda de déficit, como punto de partida para la elaboración de los Presupuestos de 2019. Antes, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya había trasladado a los sindicatos de la función pública que la medida estaba en estudio.

Más allá de estos dos hitos, la letra pequeña de esta modificación aún no está escrita a día de hoy y eso suscita muchas preguntas. No obstante, un dato revela que esta medida puede tener más impacto a futuro que en lo inmediato: casi el 70% de los hombres que engrosan las plantillas del Estado tienen actualmente más de 50 años, porcentaje que supera el 90% si se incluyen aquellos que superan los 40 años, aunque cada vez más hombres son padres después de esta edad.

Permisos para una plantilla envejecida

Dicho de otro modo, de poco servirá ampliar los permisos a disponibilidad de los padres en la Administración, si en paralelo no se rejuvenecen las plantillas, como, por otro lado, parece estar dispuesto a impulsar el actual Gobierno a la vista de medidas como la inminente aprobación de la jubilación anticipada de los policías locales.

Con datos del Ministerio de Política Territorial, en el entorno de la Administración Central, las plantillas de los ministerios, la docencia no universitaria, centros penitenciarios, Seguridad Social, Patrimonio Nacional y Agencia Tributaria engloba a un total de 89.251 hombres, de los que 81.299 tiene más de 40 años, el 91%. Los que superan los 50 años suman 60.214 personas, un 67,4%.

El grueso de las plantillas del Estado tienen entre 50 y 59 años, con más de 43.600 personas, y, aunque mujeres y hombres se reparten los empleos casi en paridad, en proporción ellas son más jóvenes. Hasta un 11% tiene menos de 40 años.

Las proporciones se mantienen si se separan los funcionarios de carrera de los empleados laborales. En el caso de los primeros, casi 57.000 hombres tienen más de 40 años, nuevamente más del 90% del total, y cerca de 41.500 suma más de 50 años, por encima del 66% del total. Entre los empleados laborales, estos porcentajes son del 93,5% y el 73,7% respectivamente.

La oposición de Podemos

Al margen del evidente envejecimiento de las plantillas, la propuesta del Gobierno no goza de toda la simpatía de Podemos, que apuesta por universalizar la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Al respecto, fuentes de FSC-CCOO advierten de la necesidad de distinguir entre prestaciones y permisos. De un lado, en el sector privado las madres cuentan con una prestación por maternidad que les cubre un periodo de 16 semanas (cuatro meses), en los que es la Seguridad Social la que se encarga de abonar su salario.

En cambio, la medida que plantea el Gobierno a primera vista sería una extensión del permiso de paternidad adicional a las cinco semanas actuales, hasta las 16 semanas, que se ha implantado en Andalucía y que está en tramitación en el País Vasco. La diferencia en este caso es que el pagador sería la Administración, esto es, el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, según corresponda.

Según las mismas fuentes, cabría diferenciar por tanto que lo que reclama Podemos, y que ha planteado en el Congreso a través de varias iniciativas legislativas en tramitación, es una ampliación de la prestación de paternidad, una medida que tendría un impacto directo sobre el gasto de la Seguridad Social. Basta como referencia, que el coste estimado de la ampliación de la prestación de cuatro a cinco semanas se ha calculado en unos 300 millones de euros.

A partir de ahora, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el acuerdo entre el Gobierno y Podemos. No obstante, fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT plantearán al Ejecutivo la necesidad de avanzar en esta dirección durante las próximas reuniones previstas, el 13 de septiembre para reanudar las negociaciones del convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), y el 20 de septiembre, cuando se convocará de nuevo la Mesa General de este subsector.