¿Y si legalizar la prostitución redujera el déficit público?

“Es una tentación”. Habla un experto fiscalista sobre la prostitución, concretamente sobre el impacto económico que tendría su legalización en España y su eventual capacidad para aportar ingresos adicionales con los que reducir parte del déficit público, especialmente el de la Seguridad Social, cuyo desfase financiero ronda los 18.000 millones de euros y obliga a día de hoy a emitir deuda pública para pagar las pensiones.

Cálculos aproximados revelan que esta actividad -a la que conviene distinguir de la trata de personas- aporta unos 4.000 millones de euros anuales al PIB. Hay que tener en cuenta que, según datos que maneja el colectivo Hetaira -una organización a favor de la legalización desde 1995-, mientras que el 65% de las personas incluidas en esta actividad ejercen la prostitución, esta industria también genera empleo para los servicios auxiliares de limpieza, seguridad y transporte.

Más difícil de calcular es esa recaudación adicional que supondría para la Seguridad Social en forma de nuevas cotizaciones y para la Agencia Tributaria a través del IRPF de las nóminas o el IVA del consumo.

En todo caso, la propia Seguridad Social ya tenía en sus cajones en 2006 --siendo secretario de Estado del ramo, como actualmente, Octavio Granado-- un informe titulado Impacto de una posible normalización de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social.

Partiendo de que el envejecimiento haría mella en las finanzas del sistema dos décadas después, el estudio avanzaba que la legalización de la prostitución podría suponer una poco desdeñable recaudación fiscal extra de cerca de 1.200 millones de euros con la regularización de unas 113.500 personas. Una cifra que, más de una década después, podría ser mucho mayor entre otras cosas porque los precios (los salarios) previsiblemente subirían en el momento en el que aflorara la actividad por la obligación de tributar.

Una prostituta en Barcelona. Europa Press

En sentido contrario, como ocurre con el debate sobre la inmigración, también habría que suponer que las cotizaciones de hoy son las pensiones del futuro y que, de mantenerse y reforzarse el carácter contributivo de la Seguridad Social, la reducción del déficit sería un beneficio en el medio y corto plazo.

Sin embargo, el Gobierno socialista del José Luis Rodríguez Zapatero no llegó a plantear la posibilidad de dar ese paso y, aunque el debate social y político nunca se ha dado por cerrado, siempre ha llegado al mismo punto muerto: el rechazo de plano por parte de la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones feministas, incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la legalización frente a las demandas de asociaciones de trabajadoras del sexo, que piden el reconocimiento de la naturaleza laboral de su actividad.

El último portazo ha tenido lugar estos días. El Ministerio de Trabajo ha dado vía libre al sindicato OTRAS, para luego remitir su caso a la Abogacía del Estado con el ánimo de dar marcha atrás -de momento, eso sí, no se ha planteado ilegalizar a las trabajadoras del sexo-. Y es que, si la prostitución no está regulada no existen derechos que defender.

Lo que cabe preguntarse es ¿por qué se niega la legalización a un colectivo que quiere ver normalizada su situación? ¿Por qué, si las trabajadoras del sexo aseguran ejercerlo de forma voluntaria?

La prostitución es legal y está regulada, incluidos los prostíbulos, en Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Grecia, Turquía, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y el estado norteamericano de Nevada, mientras que en Portugal, España e Italia, entre otros, no está regulada. En el caso de España existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública, según informa Efe.

Y todo ello porque la prostitución es a vista de las instituciones un actividad degradante, de modo que se antepone la lesión de los derechos fundamentales a cualquier consideración laboral.

Así lo determinó, por ejemplo, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en el Senado también en 2006. En aquel año se desarrolló una ponencia para hacer un diagnóstico de la realidad de la prostitución, en la que participaron expertos psicólogos, economistas, periodistas, políticos y hasta filósofos. Entre los invitados a participar estuvieron la responsable de políticas de igualdad de UGT, Almudena Fontecha, y la entonces eurodiputada del PSOE Elena Valenciano.

El informe de la ponencia concluyó que la prostitución, sea voluntaria o forzada, es una actividad "denigrante" que se ha extendido porque la sociedad la ha asimilado y, en parte, por la despenalización parcial que se llevó a cabo en la reforma del Código Penal de 1993.

En este sentido, la Cámara Alta hizo suya, como sigue haciendo a día de hoy el Gobierno, la definición que recoge el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de Diciembre de 1948,  así como con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el día 2 de febrero de 2006, por la que se entiende la prostitución en toda circunstancia como "una clara vulneración de los derechos humanos de las personas".

Muchos años después, cuando en 2015 el grupo de Ciudadanos volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de legalizar esta actividad, tanto PP como PSOE le plantaron cara con vehemencia, mientras que Podemos adoptó una postura de cautela. Entonces, la que hoy es ministra de Sanidad, Carmen Montón, abanderó esta oposición como portavoz de Igualdad de los socialistas y blandiendo de nuevo aquellos postulados de Naciones Unidas y un argumentario de corte feminista acusó a los de Albert Rivera de querer legitimar el "mercadeo" con los derechos de las mujeres.

La prostitución cambia, no cesa

Pero si el debate siempre ha quedado inacabado es porque la prostitución es una actividad que no cesa. Ahora que se elucubra sobre la robotización del empleo en el futuro, resulta que la profesión más vieja del mundo sigue sin estar regulada, en el sentido de que es alegal. Solo se penaliza, por ejemplo, la obtención de beneficios de la actividad por terceros, es decir, el proxenetismo.

Más aún, algo está cambiando. Para empezar, la típica prostitución callejera o en casas de citas lleva más de una década retrocediendo, en favor de la expansión de una prostitución reconvertida empresarialmente donde entran en juego otros elementos como la inversión. Se trata de clubes de alterne y otras empresas como agencias de mujeres o negocios a través de internet -ediciones de vídeos pornográficos, sexo virtual o líneas eróticas-.

Tal ha sido la proliferación desde hace años que la asociación de clubes de alterne ANELA trató por dos veces, en 2002 y 2004, de entrar a formar parte de la CEOE, pero la Confederación denegó su acceso alegando una falta de total legalidad, según confirman desde la patronal. En efecto, estos clubes de alterne burlan las inspecciones presentándose como locales de copas y hotel en el que las profesionales alternan sin que el empresario obtenga ganancia alguna de ese servicio, más allá de las consumiciones, explican fuentes tributarias.

Así es que la prostitución, igual que no tendrá sindicatos si el Gobierno lleva a cabo su plan de quitar dicha licencia a OTRAS, tampoco cuenta con una patronal.

La propuesta de los Inspectores de Hacienda

A la vista del negocio creciente de la prostitución y la explotación a la que condena en la actualidad a muchas mujeres, la asociación de los Inspectores de Hacienda (IHE) elaboró un informe en el año 2014 en el que abría el debate a legalizar la prostitución y las drogas blandas como la marihuana.

Según decían en dicho informe, les movía tanto la necesidad de dignificar la vida de estas trabajadoras y luchar contra la explotación, como su preocupación por la insuficiencia recaudatoria del Estado frente al gasto público, que había disparado el déficit por encima del 10% del PIB en 2009 y que en 2014 aún rozaba el 6%. Así, la Asociación hablaba entonces de una pérdida de recaudación de 5.000 millones de euros, un importante mordisco sin el que el déficit sería cerca de medio punto inferior.

El informe recogía los datos de la actividad económica de aquella ponencia del Senado. El documento daba por buenas las cifras aportadas por la empoderada Asociación de Clubes de Alterne ANELA, que databan de 2002. Según aquellos cálculos, los españoles se gastaban 50 millones de euros todos los días en prostitución, lo que suponía un movimiento de 18.000 millones de euros al año.

Nuevamente datos que, a día de hoy, se verían ampliamente superados. De hecho, para realizar sus estimaciones, ANELA contaba con que para los empresarios del sector, los ingresos por prostituta y año alcanzaban los 45.000 euros. Sin embargo, fuentes consultadas elevan a día de hoy esta cantidad a entre 75.000 y 100.000 euros al año por trabajadora.

Redada policial contra la trata de personas. Europa Press

"Nuestra aportación como inspectores es simplemente valorar su impacto económico, y proponer el debate, ya que en caso de despenalizar estas conductas, gravaríamos unas actividades que suponen una potente industria que hasta ahora no tributa ni contribuye al PIB", señalaba entonces el documento de la IHE.

Cabe matizar al respecto que un cambio metodológico introducido por la UE en 2010 hizo que desde entonces se cuantifique en la base del PIB la prostitución. El dato solo se ha calculado una vez, en aquella ocasión, y evidenció que la prostitución aportaba entonces un 0,36% del PIB. Fuentes del INE señalan que esta aportación posiblemente se mantiene estable en nuestros días, con lo que aplicando la misma proporción al PIB actual, el resultado es una aportación de 4.000 millones de euros, que podría quedarse corto.

La voluntariedad

Así es que, ni el jugoso botín de la prostitución ha logrado hacer cambiar de parecer a los sucesivos Gobiernos, aún cuando se ha apelado a la voluntariedad de la prostitución.

No obstante, dicha voluntariedad está muy en entredicho en la mayoría de los casos. Y es que los datos que maneja el sector señalan que más de un 80% de las prostitutas son extranjeras, con gran presencia de nacionalidades de Europa del Este, en muchos caso víctimas de mafias y redes de trata de personas.

El informe en poder de la Seguridad Social de 2006 ahondaba en que no todas las personas que se prostituyen están coaccionadas, pero añadía para justificarlo que "para muchas personas representa una de las escasas vías de acceso a un nivel de vida al que un origen social modesto y un escaso nivel de formación profesional impiden llegar". ¿Voluntariedad?

Prostitutas en un control policial. Europa Press

A día de hoy, es en este tipo de perfiles en los que con más fuerza se pide el reconocimiento de la actividad como trabajo de pleno derecho, como medio para acceder a la Seguridad Social y a una prestación de jubilación.

Voces que defienden esta postura van incluso más allá y señalan que muchas trabajadoras sexuales hacen uso de los servicios sanitarios, de los programas de prevención financiados por las distintas administraciones, de las propias rentas mínimas autonómicas, y que, en este sentido, se debe ver su regulación no sólo como una cuestión fundamental de acceso a los derechos y a las prestaciones, sino también como una cuestión de obligaciones.

Causas y posibles soluciones

Por otro lado, el informe de la ponencia del Senado de 2006 ya ponía sobreaviso de que "la relación entre tráfico y prostitución es muy estrecha". Y es en ese terreno común en el que en todo caso se ha actuado hasta ahora. Los esfuerzos desde la Administraciones Públicas se han centrado en atajar la trata de personas, cuando las causas se sitúan también en otros extremos como la propia inmigración o la cara femenina que tiene la pobreza en España.

Así es que, en sus resoluciones, el Senado ya instó en 2006 a ofrecer planes que posibiliten alternativas de vida a las personas que están en situación de prostitución facilitando su integración sociolaboral.

En el caso de las inmigrantes, el informe que manejaba la Seguridad Social en 2006 recalcaba que el proceso de regularización de extranjeros que finalizó en mayo de un año antes no permitió que las personas que estaban trabajando en la prostitución pudieran regular su situación, a no ser a través de falsos contratos.

El debate seguirá abierto y todas las fuentes consultadas apuntan a que el encaje legal de la legalización de la prostitución es delicado. Requiere cambios en el Código Penal que pasen por despenalizar a los proxenetas, pero no el trato de personas. Otro de los fiscalistas consultados los resume: "Es muy difícil que se haga, habría que hilar muy fino".

Y aunque así fuera, queda otra cuestión por resolver: ¿está España preparada para dar un trato igual a una persona que se dedica a un trabajo sexual?