La versión oficial del Gobierno es que no se da por muerto el nuevo impuesto sobre la banca anunciado a bombo y plantillo en los primeros días de mandato. Sin embargo, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elude ya referirse a él en sus declaraciones oficiales y el Ministerio de Hacienda negocia en estos momentos con Unidos Podemos medidas alternativas para evitar ese rejón a las entidades financieras, según aseguran fuentes de IU.
Porque el Gobierno está entre la espada. De un lado las presiones de la banca para que no cargue sus espaldas el peaje que el Gobierno tendrá que pagar para que Unidos Podemos acepte ser su socio en la aprobación de la nueva senda de déficit, si es que llega a votarse, o en la elaboración de los nuevos Presupuestos de 2019. De otro, la formación morada supedita su apoyo a una elevación del actual techo de gasto y a que las grandes empresas y el sector financiero se bajen de sus supuestos privilegios fiscales y aporten más al Estado, para trasladar después estos recursos al bolsillo de los ciudadanos.
Habrá que ver cuánto resiste el Gobierno que, después de haberse negado a subir el IRPF, la semana pasada cedió a las peticiones de Unidos Podemos y admitió que explorará una subida del impuesto para rentas superiores a los 150.000 euros al año.
El PSOE incluyó en su presupuesto alternativo para este año la creación de un impuesto finalista para el pago de las pensiones con el que esperaba recaudar 1.000 millones de euros al año. Esta figura se acompañaba con otro impuesto a las transacciones financieras, con el que pensaba recaudar una cantidad similar.
A estas alturas, el Gobierno ya no habla del impuesto a la banca. De hecho, después de las sucesivas críticas vertidas desde la gran banca, este nuevo tributo ya no se incluyó en la propuesta escrita del Gobierno a Unidos Podemos con la que dieron inicio las negociaciones. De acuerdo con el documento al que ha tenido acceso El Independiente, el Gobierno reconoce que el sector bancario está "infragravado en términos comparativos".
"El sector dispone de una serie de garantías implícitas y relaciones privilegiadas con el sector público que junto con la menor imposición relativa ha favorecido una expansión excesiva con los efectos desestabilizadores sobre el conjunto de la economía, ya conocidos", indicaba. Sin embargo, el Ejecutivo sólo mencionaba una medida para contrarrestar esta situación, el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) que desde el 2013 se discute en la Unión Europea bajo el procedimiento de cooperación reforzada entre varios países de nuestro entorno, como son Alemania, Francia, Italia, Portugal, entre otros.
Es precisamente el único impuesto al que se ha referido Sánchez en una entrevista a la Cadena Ser este lunes. Una acotación que a Unidos Podemos le parece insuficiente, puesto que no supone una novedad a efectos recaudatorios. Más aún, el Gobierno concretaba en su documento que este impuesto gravaría "la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas que coticen en un mercado regulado y con un valor de capitalización elevado".
Según fuentes de la formación morada, este planteamiento deja fuera precisamente a las operaciones más especulativas, aquellas que tienen que ver con los productos derivados -aquellos cuyo valor depende de otro activo, como el oro o un índice bursátil-. Así es que, Unidos Podemos presiona para que al menos el Gobierno ceda a incluir este elemento en el impuesto, como ha hecho Francia, estableciendo un tipo mínimo del 0,01%.
De acuerdo con los cálculos de IU, solo esta modificación ampliaría la capacidad recaudatoria de la tasa en unos 2.000 millones de euros al año. Pero no solo eso, una tasa así permitiría, a su juicio, conjurar futuras burbujas especulativas.
A vueltas con el Impuesto de Sociedades
Otro de los frentes en los que presiona Unidos Podemos para compensar la retirada casi de facto del impuesto a la banca, es el Impuesto de Sociedades. El PSOE ha accedido elevar el tipo efectivo que pagan los grandes grupos consolidados de algo más del 6% al 15%. Sin embargo, en este campo de batalla está la opción de establecer este suelo sobre la base imponible -la cuantía resultante de aplicar ciertas deducciones- en lugar de sobre el resultado contable.
Unidos Podemos se ciñe a esta última opción, la de actuar sobre los beneficios. La diferencia es de bulto, porque si se toma como referencia la base imponible quedan fuera miles de millones de euros de dividendos en el extranjero que a día de hoy no se integran en dicha base para evitar situaciones de doble imposición.
En este caso, datos de la Agencia Tributaria que maneja IU estiman en 86.000 millones de euros los dividendos de grandes empresas que no tributaron en 2017, de los que buena parte correspondieron a la banca. En este caso, en Unidos Podemos calculan que con tipo del 10% se habrían recaudado nada menos que 2.500 millones de euros adicionales.
A por los DTA
Por último, Unidos Podemos también presiona para que el Gobierno eleve la tributación en la conversión de los activos fiscales diferidos, conocidos como DTA. Se tata de unas ayudas fiscales concedidos a la banca durante su rescate en forma de créditos fiscales para compensar al aumento de las provisiones que tuvieron que hacer frente. Estos DTA se contabilizan como capital de cara a las ratios de solvencia y permiten reducir la factura en el Impuesto de Sociedades.
Actualmente, la conversión de estos créditos fiscales en créditos exigibles antes la Agencia Tributaria está gravada con un tipo del 1,5%, que a ojos de Unidos Podemos debe incrementarse drásticamente.
Por último, en las últimas reuniones del Gobierno con Unidos Podemos se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizar el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios, actualmente en dique seco, para lograr que la banca tribute más sin tener que pasar por el trámite de creación de un nuevo tributo finalista. El respecto, fuentes de la negociación aseguran que el Gobierno, como en el resto de alternativas al impuesto a la banca, está ofreciendo resistencias.
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