Las tecnológicas avisan al Gobierno: la ‘tasa Google’ no sirve para salvar las pensiones

Es un plan heredado del anterior Gobierno, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a seguir adelante con él. La idea es aplicar un impuesto específico a los servicios digitales y los ingresos adicionales (junto a otros nuevos impuestos de nuevo cuño) se podrían destinar a cubrir el gasto de las pensiones. Según los cálculos del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, la conocida como tasa Google podría recaudar en torno a 600 millones al año.

El nuevo Gobierno ve posible crear el nuevo impuesto con una ley propia, sin necesidad de ligarlo a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que incluso pueda estar vigente en 2019. Esa es la intención manifestada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ante este escenario, el sector tecnológico lanza una queja rotunda. Por un lado, que no tiene sentido que se aplique en un solo país, por la merma a la competitividad de las empresas españolas que supondría. Por otro, que es “un error total” vincular un impuesto sectorial a la posibilidad de sanear el sistema de pensiones.

Así lo manifiestan desde la patronal tecnológica Ametic. “Es un error total” ligar la tasa Google con el saneamiento del sistema de pensiones. “La sostenibilidad de las pensiones tiene que venir por la creación de muchos empleos y bien pagados”, subraya el presiente de la asociación, Pedro Mier, en un encuentro con la prensa en el marco del 32ª Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones, que se celebra esta semana en Santander.

Ya para conseguir todos esos empleos, “haya que apoyar a los sectores que los crea y que lo hace siendo bien retribuidos”, sentencia Mier. “La prioridad es garantizar el Estado del Bienestar, pero para eso hay que impulsar el desarrollo económico y no priorizar medidas impositivas”.

En paralelo, desde Ametic –que agrupa a dos centenares de tecnológicas, entre ellas gigantes como Google, Microsoft o Samsung- critica la intención del Gobierno español de aplicar una tasa de estas características con carácter nacional.  “No se pueden dar soluciones locales a problemas locales”, sostiene el presidente de la asociación. “Existe un riesgo tremendo de desigualdad competitiva”, advierte. “Como mínimo debe aplicarse a nivel europeo. Y si se puede, a nivel global”.