Bruselas reclama que el Gobierno ceda el control del recibo de luz antes de fin de año

El nuevo Gobierno trata de solventar a toda prisa un entuerto heredado y que amenaza con derivar en una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el manejo del recibo que se arrogó el anterior Ejecutivo y que va en contra de la legislación comunitaria.

Cinco años después de que se abriera la investigación y dos años más tarde desde que se iniciara el procedimiento de infracción contra España, la Comisión Europea reclama ahora al Gobierno que dé una solución definitiva al problema y quiera que lo haga ya, antes de que termine el año, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del proceso.  "El objetivo de la Comisión Europa es encontrar soluciones conformes al derecho comunitario lo antes posible", se limitan a apuntan oficialmente fuentes del Ejecutivo comunitario.

El Ministerio para la Transición Ecológica busca la fórmula adecuada para desactivar las medidas adoptadas por el ex ministro Álvaro Nadal para reservarse las competencias de fijación de los peajes eléctricos (que representan en torno al 45% de la factura de la luz final), a pesar de que la normativa europea otorga esa función para los supervisores independientes, que en el caso de España es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El objetivo de Bruselas sería que los próximos peajes eléctricos, los que se establecerán para todo 2019 a finales de diciembre, ya puedan ser calculados y fijados por la CNMC, y no por el Gobierno como se viene haciendo en los últimos años. “El Gobierno y la CNMC ya tienen un grupo de trabajo con el objetivo de resolver el conflicto lo antes posible”, señalan fuentes del Ministerio comandado por Teresa Ribera, que no prevén plazos concretos para dar con la solución.

La resistencia del anterior Gobierno a dar una solución al choque con la Comisión Europea han provocado que Bruselas haya amenazado –ya con el nuevo Ejecutivo al frente- a presentar una denuncia contra España al el Tribunal de la UE, lo que podría derivar en una multa contra el Estado español.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, envió el pasado junio sendas cartas al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que mostraba su compromiso de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía “en el menor plazo posible”.  Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica proponía diseñar conjuntamente “un marco legal adecuado”.

Dos años después

La Comisión Europea abrió en septiembre de 2016 un procedimiento de infracción a España por el manejo que hace el Gobierno del recibo de la luz, y lo hizo después de una larga investigación que arrancó en 2013. Bruselas amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si seguía blindando su potestad de fijar directamente los peajes eléctricos y no cedía esa competencia a la CNMC.

La Comisión Europea dio entonces al Gobierno de Mariano Rajoy dos meses para dejar de controlar la mitad de la factura de luz. Dos meses, pero de eso hace ya dos años. Arias Cañete se había manifestado en varias ocasiones en contra de denunciar a España porque las denuncias deben limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante”, pero ha ido virando el discurso y en los últimos meses ha llegado a advertir de que el procedimiento estaba “preparado”.

Los peajes de acceso son cargos incluidos en el recibo de la luz para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico (transporte, distribución, las ayudas a las renovables…) y que representan cerca del 45% de la factura final de la luz. El resto del recibo de la tarifa regulada lo constituye el precio de la propia electricidad (33%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (22%).

El anterior Ministerio de Energía comandado por Álvaro Nadal no traspasó esas funciones a la CNMC como exigía Bruselas, y en todo este tiempo siguió defendiendo que mantener el control de los peajes es una parte crucial de la política energética gubernamental e incluso aprovechó un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendarlo como una competencia propia.

La última propuesta que Nadal remitió a contemplaba un nuevo modelo con el que cedía a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con la condición de que fuera cumpliendo las directrices que marque el propio Ministerio de Energía. Esto es las competencias formalmente al supervisor, pero con el Gobierno guardándose la última palabra y marcara los objetivos. El anterior el Ejecutivo no llegó a mandar una propuesta definitiva que fuera aceptada por Bruselas.

La legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Gobierno ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados durante toda una legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.