Las empresas de VTC ya pagan más impuestos que todo el sector del taxi junto

Uno de los clásicos argumentos del sector del taxi para atacar a los operadores con licencias VTC, como Uber o Cabify, es que no pagan impuestos en España. Se aprovechan de estructuras fiscales para tributar en territorios como Delaware o Irlanda, dicen los taxistas para atacar a los que han identificado como sus grandes rivales.

Cabify, una empresa española cuyo cuartel general está en Madrid, tiene su sede en dicho territorio de Estados Unidos pero, según han explicado fuentes de la compañía en muchas ocasiones, "pagamos el 100% de nuestros impuestos en España". En cualquier caso, Delaware es una zona con ventajas fiscales, pero no un paraíso fiscal según las listas del fisco español o de la Unión Europea.

Esas afirmaciones de la compañía de movilidad, que pueden sonar etéreas, tienen datos tangibles. Entre Cabify y los principales operadores de VTC ya aportan más a las cuentas públicas que todo el sector del taxi junto. Dichos pagos pertenecen a impuestos comunes como el IVA, el de Sociedades o el IRPF, según tributen empresas o personas físicas que son tenedoras de una autorización de este tipo.

Así, en el año 2016 Cabify pagó al erario público 1,3 millones de euros, sobre todo en concepto de IVA y de seguridad social por los 400 trabajadores que hay en nuestro país. En el ejercicio pasado esa cantidad se disparó hasta los 3,9 millones de euros, con lo que el conjunto de ambos periodos se iría hasta los 5,2 millones de euros.

Del mismo modo, y según explican fuentes de la compañía, los demás operadores con los que trabajan y que son los propietarios de licencias VTC, pues Cabify apenas cuenta con algunas a su nombre, aportaron en el año 2017 otros 40 millones de euros en concepto de impuestos. Estas cantidades, cuentan, "están igualadas con las del taxi y se van a rebasar sin problema en el próximo año".

Diferentes tributaciones

Los taxistas y los propietarios de licencias VTC tributan de manera diferente. La mayoría de los primeros, que en un porcentaje amplio se trata de autónomos propietarios de la licencia y que se dedican a explotarla, se acogen a una tributación por módulos.

Esto quiere decir que pagan sus impuestos de una forma aproximada y no por las cantidades fijas que facturan de forma mensual o trimestral. Esta práctica es muy beneficiosa para ellos, ya que si tributaran como un trabajador por cuenta propia normal y corriente deberían abonar a Hacienda hasta tres veces más.

Este es uno de los temores de los taxistas, que verían como su factura fiscal acaba por dispararse en caso de que cambie el modo en el que tienen que cumplir sus obligaciones con el erario público.

Cabify también ha trasladado que "el 90% de la plantilla se trata de trabajadores asalariados de las empresas que tienen a su nombre licencias VTC". De este modo, cada licencia, aparejada a un coche y no a un conductor, tiene varios trabajadores que se encargan de ponerse a los mandos de los vehículos en diferentes turnos.

A nivel empresarial, Maxi Mobility, la empresa detrás de la marca Cabify, reconoce que todavía no han tenido que pagar el Impuesto de Sociedades, gravamen que se aplica a personas jurídicas con números verdes, pues hasta ahora no han arrojado beneficios ya que se han dedicado a reinvertir las ganancias para seguir creciendo.

Semana decisiva

La batalla que libran los operadores VTC, entre los que se encuentran Uber y Cabify, y el sector del taxi entra de nuevo en una semana caliente. Antes del final de semana, si todo va según lo planeado, Fomento aprobará la modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (ROTT) con la idea de entregar la gestión de las licencias VTC a las Comunidades Autónomas que así lo soliciten.

Este sería el primer paso para que dicha concesión de permisos acabe en manos de los ayuntamientos, uno de las exigencias de los taxistas para desbloquear las calles de las principales ciudades españolas durante la huelga de hace ahora un mes.

Esta importante victoria para los taxistas llegará por medio de un decreto ley, ya que el Ejecutivo no tiene la mayoría de la cámara a su favor. Los votos del Grupo Parlamentario Socialista, sumados a los de Podemos y a algunos de los socios que auparon a Pedro Sánchez a la Moncloa, no consiguen inclinar la balanza frente al confirmado no de Ciudadanos y la esperada negativa del Partido Popular.

Está por ver, en cualquier caso, que sirva para calmar los ánimos entre las principales asociaciones del taxi, que ya han amenazado con volver a ocupar las principales arterias de las grandes ciudades para, una vez más, demostrar que, cuando quieren, pueden ejercer una imponente presión sobre ayuntamientos tan poderosos como el de Madrid o el de Barcelona.