Economía | Pensiones

Podemos presiona al PSOE para que tome medidas en pensiones fuera del Pacto de Toledo

Los de Pablo Iglesias no ceden en sus posiciones en la comisión permanente mientras buscan nuevos acuerdos sobre pensiones en las negociaciones con los socialistas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante su primera entrevista tras el nacimiento de sus hijos.

Podemos quiere exprimir la oportunidad que le brindan las negociaciones bilaterales que mantiene con el PSOE en el marco de los Presupuestos de 2019.  Además de exigir un incremento del IRPF a las rentas más altas o una elevación de la tributación de las empresas a cambio de su apoyo a la nueva senda de déficit y en la elaboración de las cuentas anuales, la formación morada pretende acordar con los socialistas medidas que afectan al sistema público de pensiones fuera del Pacto de Toledo y al margen del diálogo social con los sindicatos y la patronal.

La comisión permanente del Pacto de Toledo reanudó esta semana los trabajos para tratar de elaborar una serie de recomendaciones para reformar el sistema de pensiones, un debate que quedó en suspenso durante el parón veraniego. Esta vuelta al trabajo ha sido productiva y en la primera reunión fuentes presentes aseguran que el ambiente fue más relajado que en los últimos meses y que hubo más voluntad de entendimiento entre las partes.

Tanto es así que los portavoces de los distintos grupos parlamentarios entraron a debatir una nueva redacción para fijar el mecanismo de revalorización de las pensiones llamado a sustituir el vigente, que ha condenado a los pensionistas a subidas del 0,25% anuales desde 2013.

Las fuentes consultadas aseguran que hay un consenso unánime para que el IPC pase a ser un elemento “medular” en la subida anual de las pensiones, garantizando que nunca perderán poder adquisitivo. Esto es lo mismo que decir que Ciudadanos y PP han cedido y aceptan ya sin ambages la vuelta a una indexación de las pensiones.

Podemos no cede con las pensiones

Sin embargo, el acuerdo no se ha llegado a suscribir porque hay un matiz añadido que separa, sobre todo, a PSOE y Unidos Podemos. Fuentes socialistas aseguran que “el PSOE no se va a saltar el diálogo social”. Y es que, la formación se ha alineado con la mayoría del resto de partidos para que, además de la referencia del IPC, se tenga en cuentan dentro del mecanismo de revalorización de las pensiones, previa consulta con patronal y sindicatos, la evolución del PIB y los salarios, recomendando que se financien subidas adicionales al índice de precios por la vía de los impuestos.

“La Comisión considera que -dentro del marco del necesario diálogo social- dicho mecanismo podría incorporar otras variables, tales como la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y/o de los salarios”, reza el texto que defienden estas fuerzas políticas.

Podemos se opone frontalmente pues estima que esa ‘coletilla’ abre la puerta a que finalmente los pensionistas puedan perder poder adquisitivo en algunas coyunturas. En su lugar defienden que, “una vez garantizada la revalorización anual con arreglo al IPC real de todas las pensiones”, en caso de crecimiento económico, se puedan valorar otros factores como la productividad media nacional alcanzada o el incremento del PIB “para mejorar el sistema público de pensiones”.

Esta postura es la que impide que haya un consenso total y que, dadas las circunstancias, cunda la sensación en la comisión de que finalmente solo será posible cerrar un acuerdo de recomendaciones con planteamientos generales aproximadamente en el mes de octubre, ante la urgencia de dar confianza a los ciudadanos.

En paralelo, patronal y sindicatos mantuvieron este miércoles una reunión para tratar la cuestión de las pensiones en el marco del diálogo social, pero las partes han acordado mantener una estricta discreción.

Podemos quiere anticipar medidas

Sin embargo, Podemos se agarra a un tercer foro en el que se van a discutir medidas sobre pensiones: las negociaciones bilaterales que mantienen Gobierno y el grupo confederal de Unidos Podemos.

Estos últimos remitieron hace una semanas al Ejecutivo un documento denominado ‘Pack antiausteridad’ en el que incluían una serie de peticiones, entre ellas “garantizar la revalorización de las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, de acuerdo con el IPC, con carácter estructural y no sujeto a acuerdos presupuestarios coyunturales”, así como “derogar el factor de sostenibilidad”.

Según anunció el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras su última reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, existe ya un principio de acuerdo entre las partes sobre la revalorización de las pensiones. No obstante, añadió que sería "crucial" la reunión del Pacto de Toledo del próximo martes. Así es que, Iglesias dejó claro que las negociaciones en pensiones con el PSOE van, en todo caso, de fuera de la comisión hacia dentro.

De hecho, fuentes de la formación morada aseguran que no se puede comprender que tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para presupuestar una paga compensatoria a los pensionistas de cara a 2019 para devolverles la diferencia entre el la subida del 1,6% en 2018 y el IPC definitivo en caso de que la supere, ese acuerdo no se reproduzca en el Pacto de Toledo.

Además, Podemos propone en su negociación con el PSOE “dignificar" las pensiones mínimas y no contributivas. “Hay que seguir una senda que pueda llevar a que la pensión mínima alcance con el tiempo el 60% del salario medio y las no contributivas el 60% de la renta mediana”, añaden.

Del lado de los ingresos, Podemos insta al PSOE a adoptar otras medidas también fuera del Pacto de Toledo, aunque argumenta que la mayoría de ellas ya se han consensuado en la comisión o han sido directamente anunciadas por el propio Ministerio de Trabajo. Se trata de la eliminación de las bonificaciones y reducciones a la cuota de la Seguridad Social a las empresas, aplicar modificaciones legislativas para que parte de las pensiones se paguen vía impuestos, hacer cotizar a los autónomos por sus ingresos reales o el trasvase de gastos de gestión de la Seguridad Social al presupuesto del Estado.

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