La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha descartado que el Gobierno tenga intención de vender a corto plazo la participación pública en Bankia, que supone el 60 % del capital, ya que en su opinión éste "no es el momento de vender".
"Bankia es una entidad financiera que está gestionada de forma profesional y que tiene resultados correctos", ha explicado durante su intervención en un desayuno organizado por Forum Europa y en el que insistió en la necesidad del Gobierno de "mantener la estabilidad financiera y maximizar la recuperación de las ayudas públicas".
En ese sentido, explicó que "con unos precios de mercado tan bajos como los que hay en este momento, no es tiempo de plantearse vender. Eso creo que lo entiende todo el mundo".
Por ello, y aunque el Gobierno tiene "un objetivo de privatización", esto "no es mañana", sino que "tenemos tiempo para considerar cuáles son las distintas opciones".
"Más que correr, lo importante es hacerlo bien, porque tenemos que intentar recuperar el máximo de dinero para los contribuyentes públicos que tanto tuvieron que destinar para sanear las cuentas de ésta y otras muchas instituciones financieras", señaló.
Sobre la inversión en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), apuntó que el Gobierno está apoyando la implantación del plan estratégico para tratar de cumplir los objetivos en relación con la reducción de la deuda, y recordó que la Administración es "un socio importante y que participa activamente" en la toma decisiones, pero "no el único".
Durante su participación en este foro, Calviño también expresó sus "serias dudas" de que la extensión de la sanidad universal conlleve un aumento del gasto, y defendió que, por el contrario, podría implicar un "uso mucho más eficiente del gasto público", ya que quienes estaban excluidos sí tenían derecho a los servicios de urgencias, que son mucho más caros que la atención primaria.
"A nadie beneficia que haya gente enferma en nuestras calles", aseguró, al tiempo que ello se traduce también en "una mejora de los niveles de sanidad en la sociedad".
Otro tema que abordó la ministra fue el retraso en la transposición de la normativa comunitaria sobre el crédito hipotecario, algo que reconoció que le preocupa, entre otros motivos porque podría conllevar una multa de 100.000 euros al día.
"Es una multa millonaria", y por ello en julio "pedimos la tramitación urgente de la Ley del Crédito Hipotecario", pero "lamentablemente esta semana nos llega la noticia de que la Mesa del Congreso la ha rechazado, por razones que se me escapan".
Por ello, vio "incomprensible que no se vea la urgencia de la tramitación parlamentaria de una norma cuyo retraso puede tener consecuencias muy negativas para el sector público y para la seguridad jurídica".
Por todo ello, anunció que tanto hoy en el Senado como mañana en el Congreso tratará de instar a los legisladores a que impulsen su tramitación, para la que mostró su "total disposición para encontrar la mejor forma de acomodar todos los puntos de vista sin poner en riesgo el buen funcionamiento del mercado hipotecario".
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