El Gobierno investiga los 73 millones gastados en impulsar el cementerio nuclear

El Gobierno ha decidido paralizar la tramitación de los permisos para levantar el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, en Cuenca. El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado julio al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que frenara la aprobación del informe técnico sobre la autorización de construcción de las instalaciones.

El nuevo Ejecutivo quiere revisar el proyecto de arriba abajo y condiciona el futuro del almacén temporal centralizado (ATC) a tener primero un nuevo plan general de residuos radiactivos (PGRR), ya que el actual se aprobó en 2006 y está caducado desde 2010. La ministra Teresa Ribera se ha comprometido a tener el borrador de un nuevo plan a principios de 2019, para aprobarlo en las Cortes a lo largo del año.

A la espera de ese borrador (en el que se fijará la previsión de residuos radiactivos que España tendrá que gestionar en futuro, una vez que se diseñe una planificación sobre la vida de las centrales nucleares del país y su fecha orientativa de cierre), el Gobierno pretende inspeccionar las decisiones sobre el almacén de Cuenca adoptadas tanto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy como por el CSN.

73 millones en seis años

El Ministerio para la Transición Ecológica investigará todas las inversiones realizadas ya por Enresa (la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos y titular del proyecto) y los contratos adjudicados para impulsar el almacén. Según confirman a El Independiente fuentes ministeriales, esas inversiones ascienden a 73 millones de euros desde 2012 y se analizarán antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto. En 2018 sólo se ha ejecutado una inversión de 1 millón de euros.

El del cementerio nuclear de Villar de Cañas “se trata de un expediente que debe revisarse de manera rigurosa”, subrayó Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados la pasada semana. Y es que la ministra denuncia la “opacidad” y las “anomalías” en el proceso llevado a cabo tanto por el anterior Gobierno como por el CSN para avanzar hacia la construcción del silo en el municipio conquense.

Según las estimaciones que manejaba Enresa, el plan del cementerio nuclear de Villar de Cañas contempla un presupuesto que se sitúa entre los 972 millones y los 1.050 millones de euros, como adelantó El Independiente. No obstante, diferentes fuentes del sector nuclear advierten que ese coste podía acabar siendo mayor por las eventuales mejoras que habrá que incluir en el proyecto por la mala calidad de los terrenos elegidos.

El plan para almacén de deshechos de alta radiactividad pasa (o pasaba), en principio, por tenerlo listo en 2024, seis años después de lo previsto. Enresa, no obstante, intentaba adelantar una parte del proyecto para tenerla operativa con antelación.

"Instrumentalización" del CSN

Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que seleccionó una lista de municipios por media España en que podía ubicarse el futuro almacén temporal centralizado, donde descansarán los residuos de las centrales nucleares durante seis o siete décadas, hasta la construcción de un almacén permanente.

Pero fue el Ejecutivo recién estrenado de Mariano Rajoy el que aprobó la designación de Villar de Cañas para su localización. Lo hizo en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, apenas una semana después de su toma de posesión, según recordó Ribera en el Congreso “sin un estudio geológico previo” sobre su idoneidad definitiva. Y unos días después el recién llegado presidente de Enresa presentó el proyecto en Villar de Cañas.

“Era una ubicación discutida políticamente [aunque contaba con el apoyo explícito de la entonces presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal] y cuestionada técnicamente”, apuntó la ministra para la Transición Ecológica. Y es que los propios técnicos del CSN han puesto en duda la calidad de los terrenos elegidos para construir el cementerio nuclear. Unas dudas confirmadas posteriormente por estudios externos.

“El rechazo a este proyecto se trató de superar [por el Gobierno] con cierta instrumentalización del regulador”, criticó Ribera, en referencia a la labor en los últimos años del Consejo de Seguridad Nuclear. La ministra subrayó que se decidió paralizar el proceso de autorización, dado que el CSN ultimaba un informe dando el visto bueno técnico al permiso de construcción, cuando aún no se había aprobado por el Ejecutivo la autorización previa de emplazamiento, no se había elaborado la declaración de impacto ambiental y parte de los estudios sobre su impacto radiológico no están completos.

“Se ha estado planificando un ATC con previsiones de residuos y costes que ya no se justen a la realidad”, apuntó Ribera, en referencia a la ausencia de un nuevo plan general de residuos y a no contar con una decisión definitiva sobre cuántos años funcionarán las centrales nucleares españolas. “No tenemos magnitudes reales sobre las que fundamentar un proyecto de esta dimensión”.  El Gobierno elaborará antes de fin de año un Plan Integrado de Energía y Clima en el que se resolverán estas proyecciones futuras.