El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha recibido este lunes a los primeros espadas de la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT para entregarles su Plan Estratégio de Formación Profesional. Un documento de trabajo que los agentes sociales deben estudiar ahora y que plantea una auténtica revolución de la formación profesional (FP) para convertirla en una palanca de creación de empleo estable y de calidad, especialmente para los jóvenes. Con ese objetivo, el reto no es otro que darle un renovado prestigio al FP, durante años denostada a la sombra de la formación universitaria.
El documento de 23 hojas, al que ha tenido acceso El Independiente, va desde los aspectos más generales de la FP hasta las aulas. En este sentido, prevé medidas que afectan directamente a los profesores y, de esta forma, a los alumnos. Básicamente, el documento plantea que para impulsar la FP hay que embarcar a los profesores en un proceso de formación continua que les debe llevar a formarse también ellos a pie de empresa e incluso a viajar al extranjero para absorber aquello que se hace bien en otros países.
El Gobierno parte de la base de que la educación debe caminar pareja a las innovaciones tecnológicas, la automatización de los procesos productivos o los nuevos tipos de gestión y organización empresarial. En otras palabras, la formación profesional está llamada a jugar un papel fundamental a la hora de adecuar la oferta futura de empleos y los perfiles de los candidatos. España necesita una mano de obra “cualificada, versátil y apta para la movilidad”, resume el documento.
El problema es que el marco normativo de la formación profesional se ha mantenido bastante estable desde 1990, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, conocida como la LOGSE. En esta norma se establecieron los dos niveles de FP conocidos actualmente: los ciclos formativos de grado medio y los ciclos formativos de grado superior, a los que recientemente se han sumado los de formación profesional básica.
En paralelo, la demanda de cualificaciones de nivel intermedio y superior irá en aumento previsiblemente hasta 2025, mientras que descenderá la de personas con menor nivel educativo. La demanda coincide con los técnicos y técnicos superiores de la FP. Y, entre tanto, la proporción de jóvenes entre 15 y 19 años matriculados en programas de formación profesional es del 12%, frente al 25% de media en la OCDE. El resultado es una creciente brecha entre las necesidades de las empresas y la formación que se imparte.
Este desajuste se manifiesta en las Cualificaciones Profesionales, que permiten diseñar las ofertas y cursos de formación y que se traducen, en un último momento, en los títulos y certificados de profesionalidad. El Gobierno ha detectado la necesidad de ir incorporando nuevas cualificaciones incorporando a expertos del mundo de la empresa en su diseño, y hacerlo con agilidad, para que los cambios tecnológicos tengan respuesta de la forma más rápida posible.
A continuación, los títulos de formación profesional deben dar entrada, según el documento del Ejecutivo, a un mayor protagonismo de la empresa en la formación de los futuros trabajadores, con productos y servicios reales, e impulsando la formación dual, que tras cinco años de implantación solo ha sido utilizada por 20.179 alumnos en el presente curso, frente a un total de 810.621 matriculados en diferentes ofertas de FP.
La FP dual podría resumirse en procesos en los que la formación se alterna entre las aulas y las empresas, donde el alumno debe permanecer una serie de horas o días formándose. El desarrollo de esta formación dual se encuentra bajo la tutela de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno plantea en primer lugar la necesidad de establecer un marco reglamentario común. También perseguirá introducir mayor flexibilidad para poder acercar esta modalidad a las pymes.
Y entonces aparecen los profesores
No obstante, todo esto debe pivotar en torno a un profesorado competente. Porque, como señala en el documento, "los avances tecnológicos, los cambios en los procesos productivos o las formas de prestación de un servicio cambian tan rápido como lo hacen los perfiles asociados" y, por tanto, "es importante mantener al día la competencia del profesorado no solo en aspectos pedagógicos, que también, sino esencialmente en aquellos aspectos técnicos ligados a su campo profesional". Es decir, que una formación cambiante solo puede ser impartida por un profesorado en continua adaptación.
Más aún, el documento señala que, mientras se adaptan los currículos oficiales, los docentes tienen un amplio margen de maniobra para incorporar los cambios esenciales en su programación de aula, respetando el conjunto del currículo, pero actualizando los contenidos específicos. Para ello, plantea extender las acciones formativas que imparten las comunidades autónomas para profesores, financiadas por el Estado, a los ayuntamientos.
Y en este punto, el documento apuesta también por que, como en el caso de los alumnos, las empresas participen en la formación continua de los profesores acercándoles los aspectos tecnológicos punteros. "En este sentido, la formación de los docentes y formadores mediante estancias en empresas ha de adquirir un peso relevante", señala el documento de trabajo, para añadir que "es deseable que parte de la formación pueda realizarse fuera de España, acudiendo a aquellos lugares en los que la tecnología, o la prestación de servicios, sean más avanzadas en un sector concreto". Para ello, el Gobierno pide el concurso, sobre todo, de las multinacionales españolas.
Buena acogida entre sindicatos y patronal
A la salida de la reunión con Sánchez y Celaá, patronal y sindicatos, con el documento debajo del brazo, se han mostrado animados a estudiarlo y alcanzar pactos de altura.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado que la FP "no es una segunda división, ni mucho menos" y que las empresas "tienen que estar presentes en ellas" porque son las que demandan los puestos de trabajo, informa Efe.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha abogado por “prestigiar la Formación Profesional", pero ha advertido de que, “además de buenas intenciones, se necesitan recursos, presupuestos para la formación, por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas”.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha coincidido en que "hay que tomar la FP como elemento fundamental del sistema productivo y de mejora de la calidad del empleo”. En el caso de la formación profesional dual, Álvarez ha avisado de que las prácticas deben conllevar un contrato de trabajo y remuneración económica, así como contar con la participación de los comités de empresa en su seguimiento y tutoría, para evitar que sea un coladero de empleo precario.
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