Una de las cosas que heredó el Gobierno de Pedro Sánchez del equipo anterior fue su fe en que los sueldos acabarán subiendo lo suficiente como para aportar una mayor recaudación por cotizaciones sociales con las que pagar las pensiones y dejar de recurrir a la deuda pública.
Mientras tanto, si el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó el terreno preparado para aplicar la conocida como 'Tasa Google', para arañar 600 millones de euros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez planeó poner en marcha un impuesto a la banca, para recaudar 1.000 millones adicionales, y otro a las transacciones financieras, para ingresar una cantidad similar. A día de hoy cualquiera de estas medidas es una incógnita.
Sin embargo, lo cierto es que aunque los ingresos por cotizaciones avanzan a buen ritmo, superior al 5,6% hasta julio, aún sigue siendo insuficiente ante el muro de un déficit de la Seguridad Social de cerca de 19.000 millones de euros. Y es que se crea empleo, pero las nóminas de los trabajadores no acaban de despegar porque el empleo que se crea es de mala calidad y si no hay valor añadido no hay grandes subidas salariales. Los empresarios no son proclives a subir los sueldos a sus trabajadores por encima de la productividad y esta se encuentra estancada.
En esta tesitura, no sorprende que el Gobierno se haya lanzado a la carrera, blandiendo el nuevo Plan Director, para combatir el empleo precario; haya animado a las empresas a seguir las recomendaciones de subidas salariales pactadas por la patronal y los sindicatos en el marco de la negociación colectiva; y que planee ya elevar el salario mínimo a los 1.000 euros mensuales ya en 2019.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no ocultaba en una recientes declaraciones en el Congreso de los Diputados que el avance de los ingresos por cotizaciones sociales aún no es claramente suficiente como para cerrar el grifo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’, que a día de hoy acumula poco más de 8.000 millones de euros, frente a los alrededor de 67.000 que sumaba en 2011. “Me encantaría no tener que tocarlo, pero vamos a ser prudentes y ver cómo evolucionan los ingresos por cotizaciones”, decía.
Las estadísticas muestran que, de momento, todos esos esfuerzos están siendo insuficientes en lo que a los salarios se refiere. Este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba el Índice de Coste Laboral Armonizado, que refleja una desaceleración de los costes laborales por hora efectiva trabajada, del 1,4% en el primer trimestre al 0,7% en el segundo, con datos corregidos de calendario.
Estos costes reflejan, con todo, los salarios y otros conceptos remunerativos. Si se atiende solo al coste salarial por hora efectiva trabajada, este avance se reduce al 0,6%, después de haber crecido un 0,1% en el tercer trimestre de 2017, un 1% en los tres últimos meses de ese año, y un 1,6% al inicio del año.
Salarios inapropiados para el ciclo
Los salarios no crecen como cabría esperar de una economía que, aunque con cierta desaceleración, sigue creando empleo. Ello lo explica un indicador que ya se dejó entrever cuando se conocieron los detalles del crecimiento del PIB en el segundo trimestre.
Aquella estadística reveló que la economía creció un 2,7% en tasa interanual, tres décimas menos que el trimestre anterior. En la trastienda, quedó patente el estancamiento de la productividad. Es decir, España crea empleo, pero su productividad no crece. Y si la productividad no avanza en pleno crecimiento del empleo (que también se ralentiza) se está perdiendo la oportunidad de crecer más y los salarios no pueden avanzar como cabría esperar en un ciclo alcista.
Concretamente, la productividad por hora efectivamente trabajada creció un 1% en el primer trimestre y se estancó en el segundo, tras registrar tasas superiores al 1% durante todo 2017.
No es de extrañar que, en esta tesitura, sea difícil reflejar en los convenios colectivos el pacto salarial alcanzado en el mes de julio entre patronal y sindicatos, que preveía para los próximos tres años subidas fijas del 2% más un variable del 1% en función de factores como esa misma productividad.
Datos del Ministerio de Empleo muestran que los alrededor de ocho millones de trabajadores acogidos a la negociación colectiva ha experimentado una subida salarial pactada de alrededor del 1,6% en agosto, un mes por otra parte en el que la rotación laboral fue enorme. Es decir, las subidas salariales reales se están quedando, de momento, a mitad de camino de las recomendaciones pactadas.
Si se circunscribe la medición a las grandes empresas, donde la productividad suele ser superior, se observa que los salarios avanzan a buen ritmo, pero sin grandes alegrías. En su caso, los rendimientos del trabajo llevan desde abril prácticamente estancados y solo han repuntado un 3,6% en el mes de julio en términos interanuales, por debajo de las tasas superiores al 4% que se registraban a principios de año.
En tasa intermensual, el porcentaje de avance ha sido del 0,6% después de un estancamiento de varios meses. Este avance solo es una décima superior a la del pasado mes de marzo, por ejemplo.
El efecto de la precariedad
Tomando de nuevo los datos del INE, se observa que la desaceleración del coste salarial por hora efectivamente trabajada es más marcada en el caso de sectores como la construcción –pasa del 1,4% al 0,6% en el último trimestre—y la hostelería –del 3,1% al 2,6%--. Se trata de sectores claves en el actual momento de recuperación de la economía y, especialmente, del empleo, pero ambas ramas de actividad explican alrededor del 20% de todo el empleo, pero a menudo se nutren de contratos de corta duración.
El Gobierno se ha propuesto emprender una auténtica cruzada contra la temporalidad, el empleo a tiempo parcial involuntario, el fraude en el empleo, especialmente entre los falsos autónomos, y, en general, contra la creciente dualidad del mercado de trabajo. En menos de 100 días ha puesto en marcha un Plan Director que, según señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Senado ya ha permitido aflorar 8.000 falsos autónomos.
Lo que está en juego es, no solo sacar a un 30% de los españoles de la situación de riesgo de pobreza en el que viven, sino también la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Pacto de Toledo se encuentra ultimando un acuerdo sobre la fórmula de revalorización que sustituirá el índice que impuso la reforma de 2013.
De acuerdo con las redacciones preliminares, las pensiones volverán a tener como suelo el IPC de cada año y, además, podrían subir todavía más en función de la evolución del PIB y de los salarios. Esos detalles están por cerrar, pero está claro que el gasto en pensiones, la partida presupuestaria más importante --alrededor del 40% del total-- irá a más y el sistema necesitará más empleo, pero también más salarios.
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