Los altos funcionarios envían a Sánchez una propuesta para acabar con los cargos 'a dedo'

La federación que agrupa a los alrededor de 15.000 miembros de la élite de los altos funcionarios del Estado (Fedeca) ha elaborado un proyecto de Estatuto Básico del Directivo Público con el que pretende profesionalizar la cúpula de la Administración.

Toda una cruzada contra los nombramientos 'a dedo' de cargos de confianza; el desfile de nombres con cada cambio de Gobierno; la politización de la gestión pública; y un golpe en la mesa para establecer por fin una retribución más ligada a los objetivos y a la evaluación constante del desempeño en el sector público.  Un intento, en resumen, de desligar la gestión del Estado del ámbito político y acercarla a los cánones de eficiencia de la empresa privada.

La intención de Fedeca es empujar en primer lugar al Gobierno de Pedro Sánchez --duramente criticado por el 'baile ' de cargos con los que ha revolucionado los ministerios y empresas públicas--, a que se inspire en su propuesta para aprobar una norma con rango de Ley que obtenga el mayor consenso posible.

"Es algo compartido por todos, pero falta voluntad política y queremos espolearla", asegura el presidente de Fedeca, Jordi Soler, quien ha puntualizado que la propuesta también ha sido remitida a los grupos parlamentarios y diferentes partidos políticos en medio de la actual "preocupación por al regeneración de la vida política".

Sin embargo, Fedeca lleva dando forma a su propuesta desde antes del verano, como adelantó El Independiente, pero los acontecimientos políticos de los últimos meses y la actual aritmética parlamentaria, sin una mayoría clara para el Gobierno, ha obligado a realizar un planteamiento más abierto que lo inicialmente previsto, pero más oportuno a la vista de la alta rotación en los cargos del Estado y la dimisión de dos ministros en apenas 100 días con su idoneidad en cuestión.

Separar gestión y política

Ese término, el de idoneidad, se repite como un mantra en la propuesta de Fedeca, que viene a rellenar un vacío legal que llega incluso a la falta de un concepto claramente delimitado de lo que es un directivo público. En este sentido, el estatuto elaborado por los altos funcionarios prevé una aplicación progresiva empezando por la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales fundamentalmente; y entre los puestos identificados como puramente directivos.

En una fase posterior se trataría de extender el mismo régimen a algunos órganos superiores (más políticos) de la AGE. De esa forma se quiere, entre otras cosas, evitar colapsos en la Administración, para lo que además se plantea aplicar el Estatuto mediante un régimen transitorio.

Con más detalle, Fedeca determina que, partiendo de la base de que el directivo público es aquel que hace de bisagra entre la política y la administración, quedarían fuera del Estatuto del Directivo Público los ministros y secretarios de Estado, de clara confianza política como miembros del Gobierno. Serían estos órgano superiores de designación y control político. No obstante, Fedeca cree que habría que propiciar una regulación para para dar estabilidad al número y estructura de los ministerios.

Por su perfil, claramente político, también quedarían fuera los secretarios y secretarios generales y subdirectores generales. No así los directores generales, germen del directivo público; los delegados y subdelegados del Gobierno en las comunidades autónomas y provincias, dependiendo del carácter político que se le imprima en cada caso; los embajadores y representantes permanente ante organizaciones internacionales.

Con estas cautelas, el proyecto normativo persigue dotar de estabilidad a los cargos electos para evitar que la alta rotación en la cúpula del Estado impida desarrollar políticas públicas de medio y largo plazo; de autonomía a los directivos públicos, para que no se supediten a los dictados políticos de quienes les nombraron; de fortaleza institucional para, desde esa misma independencia, poder soportar las presiones de los 'lobbies' y grupos de interés a los que afectan las decisiones públicas; y de confianza a la ciudadanía.

Requisitos, nombramientos y evaluación

¿Cómo? Empezando por exigir que todo cargo entendido como directivo público deba contar con una categoria A1, la máxima dentro de la carrera funcionarial, además de tener acreditados al menos ocho años de antigüedad, cuatro de ellos en puestos de responsabilidad y con una evaluación de desempeño positiva.

Con esos mínimos, aquellas personas que se postulen para un cargo de directivo deberán cumplir unos criterios de idoneidad, honorabilidad y debida formación.  Es decir, quedarían excluidos aquellos condenados por sentencia firme o pena de cárcel; por delitos de falsedad, contra la libertad o contra la Constitución, entre otros; los inhabilitados o suspendidos para el empleo o cargo público; o los sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave de acuerdo con la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Pasada esta criba, Fedeca propone un modelo de selección adaptado desde la legislación puesta en marcha en Portugal tras el azote de la crisis. El candidato deberá superar un procedimiento público, transparente y competitivo, a través del cuál un órgano competente hará una propuesta a una autoridad independiente en la materia, que comprobará si la persona cumple los criterios establecidos en cada caso sobre titulación académica, experiencia o conocimientos.

La autoridad independiente será la encargada de dar el visto bueno a al menos tres candidatos, entre los que entonces podrá elegir con plena libertad el Consejo de Ministros, en el caso de los directivos de mayor nivel.

Mandato y retribuciones

Otro de los cortafuegos más importantes tiene que ver con el mandato y las retribuciones de los directivos públicos. En este sentido, para acabar con la excesiva rotación en puesto clave, normalmente ligados a los cambios de legislatura, Fedeca propone un periodo de permanencia de cinco años, frente al máximo de cuatro años de cada legislatura, prorrogables siempre que la evaluación (periódica) del desempeño haya sido positiva.

Por otro lado, los altos funcionarios apuestan por que el componente esencial de las retribuciones de los directivos públicos sea variable y ligado al cumplimiento de unos objetivos fijados desde la toma de posesión del cargo. Es este un punto complejo, puesto que en algunos ámbitos sería fácil establecer esos objetivos, como puede ser la Inspección de Hacienda, pero en otros no tanto. En cualquier caso, Soler precisa que la intención de Fedeca es que este variable sea "una parte significativa", posiblemente de "un tercio amplio" de toda la retribución.

Lo que queda claro en la propuesta de Fedeca es que quiere que el motor de la iniciativa sea el Gobierno para sumar después a todo el arco parlamentario, sin pasar por el diálogo social. La federación ve a los sindicatos como una instancia que "captura" los salarios, por lo que entiende que las retribuciones de los directivos deben quedar al margen de la negociación colectiva.

El Estatuto incluiría también un listado de causas objetivas para limitar la discrecionalidad de ceses entre los altos cargos del Estado, entre los que se incluiría una evaluación negativa en la gestión previa. Por último, la norma prevé la dotación de un código de conducta que asegure la integridad, ejemplaridad, respeto y honestidad del directivo público y un régimen de incompatibilidades que favorezca el tránsito, con todas las cautelas, de lo público a lo privado y viceversa, para que uno y otro ámbito se puedan enriquecer mutuamente. Esto es, Fedeca apuesta por no demonizar las conocidas como 'puertas giratorias'.