El Gobierno lanza una batería de medidas en plena subida del precio de la electricidad y del recibo de luz. Y lo hace en varios frentes. Medidas urgentes para intentar frenar la actual espiral alcista a corto plazo. Medidas para impulsar una reforma estructural y a largo plazo del sistema eléctrico. Y medidas para paliar los efectos de la subida para los hogares vulnerables. Un paquete de reformas que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, simplemente ha anticipado pero sin desgranar demasiados detalles.
La gran medida de choque anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados es la “suspensión” de la aplicación del impuesto del 7% a la generación eléctrica de todo tipo (renovables, nuclear, carbón, gas natural...).
Un tributo a la generación eléctrica que recauda cada año entre 1.600 y 1.700 millones de euros y cuya suspensión, según cálculos del Gobierno, puede suponer una reducción de la factura de la luz de entre el 2,5% y el 4% para los consumidores domésticos (tanto por su impacto directa por dejar de aplicar el tributo y como por el efecto adicional de rebaja en el resto de impuestos y tasas que se cargan en el recibo) y de entre el 5% y el 5,5% para los clientes industriales.
No se trata de una eliminación del tributo -creado por el Gobierno de Rajoy en 2012 como uno de los pilares de su reforma eléctrica-, sino que queda sólo "suspendido". ¿Cómo? Simplemente rebajando ese tipo de gravamen del 7% que hoy se aplica hasta el mínimo, hasta un "tipo prácticamente cero", ha dicho la ministra. Ribera ha subrayado que la suspensión del impuesto supondrá una bajada inmediata del precio de la electricidad, dado que los productores de la energía dejarán de trasladarlo a la cotización del mercado mayorista eléctrico.
"El Gobierno actúa de manera inmediata contra la subida de la electricidad con la suspensión temporal del impuesto del 7%. Se trata de enviar una señal clara. No puede ser que el consumidor asuma las turbulencias", ha apuntado la ministra, que considera que la medida supondrá la reducción del impuesto a cerca de cero tendrá un impacto casi inmediato para "aliviar la factura de los consumidores domésticos y de los industriales".
Nuevo bono social para calefacción
Ribera ha desvelado también medidas para elevar la protección a los hogares vulnerables. Según el Ejecutivo, 4,6 millones de ciudadanos españoles padecen pobreza energética, al no poder afrontar el gasto que supone mantener su hogar a una temperatura adecuada.
El Ministerio mantendrá el actual bono social de la luz (que contempla ayudas a la factura eléctrica del 25 al 100% de la factura), en el que se introducirán mejoras y ampliará su cobertura "con carácter inmediato" para hacerlo accesible a nuevos públicos, como ancianos que viven solos o familias monoparentales. Además se aplicará una moratoria al plazo que vence el próximo 9 de octubre para que los beneficiarios del antiguo bono social se pasen al nuevo, vigente desde hace un año.
Pero el Gobierno también creará un nuevo bono social para la calefacción para los hogares pobres como una medida urgente contra las consecuencias la pobreza energética. Un nuevo sistema de ayudas que se aplicará a todos los tipos de materiales que se utilizan para calentar los hogares (gas natural, butano, gasóleo, pellets...), según confirman fuentes ministeriales. Los beneficiarios potenciales de este nuevo bono serán los mismos colectivos que el de la luz, pero en este caso no se aplicarán descuentos sino que se repartirán ayudas directas, una suerte de cheque para financiar el gasto en calefacción.
El nuevo bono social para calefacción se aprobará con carácter inmediato con el objetivo de que esté "plenamente operativo" este mismo invierno. "No vamos a esperar a que esté en funcionamiento seis meses, tiene que aplicarse desde ya", ha sentenciado. Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.
Facilitar el cambio de potencia contratada
El Gobierno también ha propuesto medidas para elevar la protección al consumidor doméstico para evitar “gastos innecesarios” por tener contratada una potencia eléctrica superior a la que necesitan en función de su consumo real de luz.
“Muchos consumidores tienen contratada más potencia de la que necesita”, ha dicho la ministra. Las medidas pasan por dar “mayor información al cliente” sobre la potencia necesita realmente contratar y, además, facilitar el cambio de potencia flexibilizando el proceso (actualmente un cliente sólo puede hacerlo una vez al año).
Más renovables, más autoconsumo
El Gobierno ha confirmado que adoptará, por otro lado, un conjunto de medidas de choque que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, mejorar la eficiencia energética y promover las energías renovables.
El objetivo es recuperar el “impacto positivo” que ejercen las energías renovables en el precio de la electricidad, según la ministra. “Producir electricidad con combustibles fósiles es caro y volátil, y lo será cada vez más. Un modelo eficiente y renovable es posible y facilita la estabilidad de los precios”, ha sentenciado Ribera. “Aumentar la producción de renovables no sólo es factible técnicamente, sino que serviría para ahorrar hasta 400.000 millones de euros hasta 2030”.
El Ministerio para la Transición Ecológica plantea diferentes “líneas de acción urgente” para mandar señales adecuadas al mercado. Entre ellas, el Ministerio considera imprescindible reducir las “barreras existentes” a la expansión de las renovables y también facilitar los contratos bilaterales, los llamados PPA, para desplazar parte de la electricidad que ahora se contrata muy mayoritariamente en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.
“España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales”, ha apuntado la ministra.
En su comparecencia, Ribera también ha hecho referencia a medidas de actuación preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público. La ministra ha hecho hincapié en hacer del autoconsumo –y en especial, del autoconsumo compartido–, una “realidad” que reducirá la factura eléctrica porque, según ha subrayado la ministra, el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final.
La reforma estructural, a final de año
Ribera también ha anticipado las áreas en que su departamento pretende actuar para desarrollar una reforma estructural del sistema eléctrico.. No ha sido más que “un adelanto resumido de las medidas”, ha reconocido; esto es, no ha explicado en qué van a consistir, sólo en qué áreas se pretende desarrollar. Los medidas se concretarán, según su previsión, a final de año.
Son tres las grandes áreas de intervención de esta reforma estructural: el mercado mayorista de la electricidad, para corregir la “brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías” que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de “mayor coherencia” y con el que se pretende potenciar una fiscalidad verdad; y la regulación y el desarrollo del almacenamiento de electricidad.
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