La patronal que une a Uber y Cabify acusa al Gobierno de "ceder al chantaje del taxi"

Unauto, la patronal de las VTC que engloba al 90% del sector de vehículos de alquiler con conductor, ha acusado al Gobierno de "ceder al chantaje de los taxistas" y ha protestado por la negativa del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a mantener un encuentro con representantes de Uber y Cabify.

La guerra del taxi no ha terminado, sino que se ha trasladado a los despachos. Tras hacerse con la victoria en las calles, con la huelga del mes de agosto que paralizó las grandes ciudades de España, los taxistas han conseguido poner de su lado a Fomento, que ya redacta el decreto ley para limitar la presencia de vehículos VTC.

"Hace dos semanas hicimos una propuesta al Ministerio, con una solución para el sector. No hemos recibido respuesta", lamentan desde Unauto, asegurando que tampoco han podido reunirse con Ábalos pese a solicitarlo por todos los cauces.

Del mismo modo, consideran que "el Gobierno ha estado cediendo al chantaje de los taxistas, en contra del interés general de los ciudadanos". "Están generando inquietud y frustración entre nuestros asociados", apuntan.

Lo cierto es que en la hoja de ruta que se ha marcado Fomento para solucionar el conflicto no entran las VTC, licencias que utilizan Uber y Cabify para operar. La pasada semana la secretaria general de Transportes, María José Rallo, y el portavoz de la comisión de Fomento en el Congreso, César Ramos, recibieron a los representantes de las principales asociaciones del taxi en la cámara baja, algo que se han negado a hacer, según denuncian, con Unauto.

"La intención de trasladar las competencias a las Comunidades Autónomas no es más que una dejación de funciones del Gobierno", denuncian los representantes del frente VTC, que avisan de que el taxi "presionará con todos los medios necesarios" para conseguir "eliminar toda competencia".

Unauto también ha advertido de que cualquier "restricción a nuestros derechos, a la libre competencia y a la libertad de elección" será "recurrida ante los tribunales pertinentes".

El decreto ley, a punto

El Gobierno está trabajando a contrarreloj para aprobar el próximo día 28 el decreto ley que transfiera a las Comunidades Autónomas, y casi de manera automática a los ayuntamientos, las competencias en materia de licencias VTC.

Esta es la principal exigencia del taxi para no volver a ocupar las calles. Las principales agrupaciones del sector dieron de plazo al Gobierno hasta ese día 28, cuando se celebrará el último Consejo de Ministros del mes, para publicar el decreto ley que apruebe esa transferencia.

Los taxistas dan por seguro que Madrid y Barcelona, las dos ciudades con más permisos VTC en sus calles, aprobarán una normativa para limitar al máximo el número de coches de Cabify y Uber. En el caso de la Ciudad Condal la edil, Ada Colau, ya aprobó un reglamento que fue derribado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que dio origen a las movilizaciones masivas del pasado mes.

Madrid, poco después, se mostró en la misma línea que Barcelona en cuanto a la necesidad de instalar una norma que obligue a los conductores VTC a obtener una segunda licencia. Además de la nacional tendrán que contar con una local que otorgará el propio Ayuntamiento, por lo que será sencillo gestionar cuántas hay en cada momento.

Estas medidas podrían acabar con Uber y Cabify en España. La flota de ambas plataformas se verían reducida a apenas un tercio de la actual, un número con el que operar sería muy complicado por la dificultad para cumplir con la demanda necesaria.

El decreto ley del próximo 28 de septiembre será aprobado, pero eso no significa que su aplicación sea inmediata. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Unauto recurrirán ante los tribunales y, entonces, comenzará un nuevo y largo capítulo de la guerra del taxi: el de la Justicia.