Uber y Cabify acusan a las "facciones más radicales del taxi" de boicotear el diálogo

Este lunes estaba programado el primer encuentro entre los dos bandos de la guerra del taxi. Uber y Cabify, en representación del frente VTC, iban a encontrarse con representantes de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), convocados por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, un órgano decidido a hacer las veces de mediador.

Sin embargo, la reunión no llegó a producirse. Según denuncia Unauto, patronal de los operadores VTC, las "facciones más radicales del taxi" han decidido boicotear la cita. "Lamentamos que hayan decidido abandonar la vía del diálogo tras ser presionados por los colectivos más radicales del sector", reza el comunicado.

Según explica la asociación que concentra el 90% de los permisos VTC de España, tanto Antaxi como Fedetaxi habían confirmado su presencia en este encuentro pero, tras anunciarlo, han recibido "presiones" del resto de organizaciones.

"Queda probado que el sector del taxi está ahora mismo controlado por las facciones más radicales, que no tienen ningún interés en dialogar para encontrar un modelo de convivencia más allá de su monopolio", señalan desde Unauto.

Semana decisiva

Esta es una semana decisiva en el conflicto del taxi. El viernes se publicara, si no hay una gran sorpresa, el decretazo del Gobierno para transferir a los ayuntamientos la responsabilidad en la gestión de los permisos VTC, concediendo así a los taxistas su principal reclamación.

Con la inminente publicación de ese real decreto, Uber y Cabify han decidido movilizarse y han organizado una huelga el mismo viernes 28 de septiembre, para denunciar la pérdida de empleos que supondría reducir el número de coches VTC en las calles españolas.

Actualmente, y según las cifras de Unauto, este sector genera alrededor de 15.000 puestos de trabajo que, según temen, podrían reducirse a apenas un tercio de ese número si los ayuntamientos de las principales ciudades españolas tienen la posibilidad de eliminar permisos.

Eso podría abrir un nuevo frente en el conflicto: el de los tribunales. Unauto ya ha amenazado con acudir a las autoridades judiciales europeas en caso de que se supriman autorizaciones ya concedidas. Según ya han anunciado, solicitarían indemnizaciones por valor de 3.758 millones de euros que tendrían que salir de las arcas públicas.

Un decreto restrictivo

La norma que planea aprobar el Gobierno en el último Consejo de Ministros del mes pretende solucionar el conflicto del taxi a través de la creación de la doble licencia. De esta manera, todos los vehículos que ya cuentan con un permiso VTC estatal tendrían que solicitar otro local para operar en las ciudades.

De esta manera los consistorios se asegurarían de llevar el ratio entre taxis y VTC, que ahora está en seis a uno de media en España, hasta el 30 a 1 que marca como límite para la concesiónd e nuevos permisos la legislación actual.

Esta nuevo decreto sustituirá a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) y se espera que detalle las consecuencias de suprimir una licencia VTC si ya está concedida.

Del mismo modo, tendrá que reflejar qué ocurrirá en aquellas Comunidades Autónomas que ya han rechazado estas competencias. Durante la huelga del taxi se reunieron los responsables de transportes de todas las regiones y trasladaron a Fomento que tomar una decisión así "multiplicaría el problema por 17" en vez de poner solución.