El plan del Gobierno para poner freno al boom de los pisos turísticos

El Gobierno se lanza a poner coto al boom del alquiler de pisos turísticos y lo hace liderando un plan de medidas en diferentes ámbitos que, en algunos casos, tiene que consensuar con comunidades autónomas –que tienen las competencias de regulación del alquiler turístico- y con los ayuntamientos –que controlan las funciones de urbanismo-.

El Gobierno está manteniendo esta semana reuniones con las CCAA y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), así como con las asociaciones de sectores implicados (las plataformas online como Airbnb o HomeAway, los hoteleros, las comunidades de vecinos…).

La batería de medidas contempla diferentes reformas legales para frenar la expansión de las viviendas de uso turístico y poder ejercer de manera más efectiva controles sobre la actividad de alquiler de corta estancia, según ha desgranado la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, en un receso del serial de reuniones que se mantienen en la sede del Ministerio de Industria.

• Facilitar que los vecinos veten pisos turísticos

El Gobierno propone reformar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para rebajar la mayoría necesaria para que las comunidades de vecinos prohíban que haya viviendas de uso turístico en sus edificios.

Actualmente se exige unanimidad de los propietarios, por lo que el simple voto en contra del vecino que quiere convertir su casa en piso turístico sirve para desbaratar el veto. El Ejecutivo propone que este tipo de decisiones de calado (que implican cambiar los estatutos de la comunidad de propietarios) puedan adoptarse por una mayoría de tres quintos de los dueños o de tres quintos de los metros cuadrados de la superficie en propiedad.

• Acotar por ley qué es el alquiler turístico

El Ministerio de Fomento pretende promover una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para acotar claramente qué es el alquiler turístico y diferenciarlo de otros tipos de alquiler, como el de larga duración o el de temporada. El objetivo de acotar el alquiler turístico es precisamente el de dejarlo fuera del ámbito de aplicación de la propia LAU, para pasar directamente a estar bajo el control de las regulaciones específicas de las comunidades autónomas y/ o de las normas urbanísticas de los ayuntamientos.

El plan del Gobierno pasa por fijar unos límites de tiempo que sirve para diferenciar los alquileres turísticos de las otras formas de arrendamiento. El límite temporal que podría fijarse incluso por debajo de los 45 días al año, y por encima de él ya no se consideraría turístico, informa Efe citando fuentes presentes en las reuniones.

Actualmente, en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se deja fuera a los alquileres que supongan una “cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa”.

El Gobierno quiere pactar la nueva redacción con los grupos parlamentarios, pero el PSOE ya tiene una idea clara de cuál debería ser el texto. En una proposición de ley del Grupo Socialista presentada hace unos meses, se apostaba por dejar fuera de la LAU la cesión temporal de viviendas amuebladas y equipadas “con independencia del canal o sistemas de promoción por los que se anuncie, siempre que se ofrezca servicios similares a los prestados por los establecimientos hoteleros”.

• Definir piso turístico y crear un registro único

La secretaria de Estado de Turismo ha subrayado los diferentes ámbitos competenciales de la Administración central y las comunidades autónomas, que tienen encomendada la regulación del sector turístico. Y el reparto así seguirá: “No va a haber armonización”, ha destacado Oliver.

Sin embargo, el Gobierno sí pretende dar herramientas que sirven para facilitar la homogeneización de los ámbitos sobre los que regular (por ejemplo, una definición común de qué es una vivienda de uso turístico para que las regiones puedan incorporarla a sus ordenamientos) y favorecer el control de la actividad (con la creación de un registro único estatal de viviendas turísticas).

La constitución de un registro único para todo el país, según el Ejecutivo, serviría para dar mayor seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario; facilitaría que las comunidades autónomas ejerzan sus labores de control y verifiquen si el alojamiento cumple su normativa; y allanará la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, al estar conectado también con Hacienda.