El consumo se frena pese a las subidas a pensionistas y funcionarios

El Banco de España ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento económico de España para este año, desde el 2,7% al 2,6%, después de incluir en el cálculo las medidas recogidas en el Presupuesto de 2018, entre ellas la subida de las pensiones hasta el 1,6% y de los sueldos públicos en un 1,75%, y nuevos supuestos como el reciente encarecimiento del petróleo o el recrudecimiento de la caída de las exportaciones en pleno frenazo del comercio mundial.

La desaceleración es un hecho y sus implicaciones son importantes. El primer lugar, podría elevar el déficit público hasta el 2,8% del PIB este año, por encima del 2,7% comprometido con Bruselas, y muy por encima del 2,2% incluido en la senda de consolidación fiscal que dejó en herencia el PP, mucho más restrictiva. La razón es que el déficit se mide un cociente entre la diferencia entre ingresos y gastos --si hay déficit es que hay más gastos-- y el PIB. Si este último disminuye, la proporción de déficit aumenta.

Una forma de conjurar esta desaceleración o al menos contrarrestarla para facilitar el tan necesario proceso de consolidación fiscal, a medida que la aportación del sector exterior al PIB sigue siendo negativa --el Banco de España así lo prevé al menos hasta 2019--, sería compensar esta evolución con un crecimiento mucho mayor de la demanda interna.

Por lo pronto, según el Banco de España, esta demanda interna explicaría casi por completo el crecimiento de la economía del 0,6% en ese periodo. Sin embargo, esta tasa rubrica cuanto menos un estancamiento del ritmo de crecimiento económico respecto al trimestre anterior.

Más aún, ese empuje desde el punto de vista de la demanda se debe al tirón de la inversión en equipo o en el consumo público, porque lo cierto es que el gasto de los hogares, tanto en lo que tiene que ver con el consumo como en la inversión en vivienda, se ralentizó en los últimos tres meses. ¿Por qué si en ese trimestre entraron en vigor las subidas de las pensiones y del salario de los funcionarios?

Los salarios generan menos consumo que el empleo

La cuestión, a simple vista, deja sin argumentos a aquellos que defienden incrementos incluso aún mayores en estas rentas como única vía para incrementar el poder de compra de los ciudadanos y aupar el crecimiento económico a través del consumo. Sin embargo, lo cierto es que estas subidas tendrán impacto en el crecimiento económico, pero se están viendo anuladas de alguna forma por la ralentización del empleo, que, según las previsiones del Banco de España, crecerá un 2,4% en 2018, un 1,9% en 2019 y un 1,7% en 2020.

El Banco de España confía en que el gasto corriente se verá favorecido por el impacto positivo que sobre las rentas ejercerá la entrada en vigor de medidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos de 2018, "tales como la subida salarial de los empleados públicos, el comportamiento más dinámico del empleo en las administraciones públicas o las decisiones adoptadas en materia de revalorización de las pensiones".

Sin embargo, el Banco de España también espera que los hogares tiendan a recomponer su tasa de ahorro desde sus reducidos niveles actuales –en el 6% de la renta disponible en 2017, cerca del mínimo histórico--, lo cual “dará lugar a una moderación de su gasto en consumo adicional a la que se viene observándose ya desde 2017”. Es decir, los españoles se apretarán el cinturón.

Y todo ello pese a la mejora de la situación patrimonial de los hogares, después de años de progresivo desendeudamiento, y las mejores condiciones financieras, que están generando, en cambio, un creciente acceso a bienes y servicios por la vía del crédito, una práctica que ya ha hecho saltar las alarmas del Banco de España, que una posible vuelta a los viejos vicios previos a la crisis.

Según explica, "aunque la prevista aceleración de los salarios reales tenderá a compensar el menor dinamismo pasado del empleo a efectos del aumento de las rentas laborales", el problema es que "el consumo tiende a reaccionar con menor intensidad a aumentos de los salarios reales que en comparación con las rentas asociadas al empleo".

Dicho de otro modo, la capacidad que tienen los salarios para generar consumo no es la misma que el empleo. La razón es que la creación de puestos de trabajo aporta confianza a los consumidores, mientras que un incremento de rentas supone mayor poder adquisitivo, pero no alienta de la misma manera la compra, por ejemplo, de bienes de consumo duradero. Si los ciudadanos perciben que el empleo va a más no tienen tanto miedo a comprar, por ejemplo, un coche, pero si ven que se frena la creación de puestos de trabajo, una aumento de renta bien puede acabar engordando la cuenta del ahorro.

Esta lógica tomó forma a partir de 2014, cuando la recuperación trajo aire nuevo al empleo y el consumo remontó el vuelo hasta el inicio de la desaceleración.

Ahora, este efecto tenderá a ir a más porque es de esperar que se acelere el crecimiento de los salarios "en consonancia con la disminución de la holgura en el mercado laboral" y en línea con las recomendaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva", que prevé incrementos del 2%, que de momento se están cerca del 1,7%.

En este sentido, el Banco de España también espera que se modere la inversión en vivienda, como ya está ocurriendo, de modo que una mayor tasa de ahorro y una no tan dinámica inversión en vivienda permitirá que la necesidad de financiación de los hogares se estabilice en los niveles actuales.

Una muestra de cómo impacta en último término la moderación del consumo en el PIB es que el menor vigor de la demanda final hará que también la inversión de las empresas también acabará por ralentizarse.

Con todo, el empleo seguirá mostrando un patrón de tasas de crecimiento elevadas que es habitual en las fases expansivas de la economía española, lo que permitirá que la tasa de paro se sitúe algo por debajo del 12% al final del horizonte de proyección.

De un efecto externo a otro interno

Así es que el principal azote para el crecimiento económico procederá del exterior, pero no podrá ser conjurado, al menos de momento, por la demanda interna.

El crecimiento de los mercados de exportación crecerán, de acuerdo con las nuevas proyecciones, un 1,5% menos entre 2018-2020 de acuerdo con las nuevas proyecciones. La incertidumbre creada por los sucesivos anuncios de introducción de medidas proteccionistas, y el tensionamiento de las condiciones financieras en las economías emergentes por el giro hacia una política monetaria menos expansiva en Estados Unidos harán mella.

Además, esta misma incertidumbre procedente del entorno internacional se traslada a las decisiones de gasto de agentes privados, por el lado de las empresas en su actividad nacional, con lo que los factores externos que están provocando la desaceleración de la economía se trasladarán a los indicadores internos.

Mientras tanto, las previsiones para los precios del petróleo arrojan un encarecimiento para este año y el siguiente que se trasladará a la inflación por el lado de los costes energéticos, porque la previsión del componente subyacente --la inflación que se corresponde con la cesta de la compra, descontados alimentos frescos y productos energéticos-- tiene un perfil bajista.

Con esa composición, el banco emisor espera que el IPC medio se sitúe en el 1,8% este año, por encima de la subida de las pensiones (que afecta a casi nueve millones de españoles) y de los sueldos públicos (alrededor de tres millones). Para el año que viene, la tasa esperada será del 1,7%, aún por encima de incremento previsto para los pensionistas (que verán ese año compensada la desviación de 2018) y en línea con los sueldos públicos. Solo en 2020, el Banco de España espera una inflación en el entorno del 1,5%.

¿Qué está a favor del crecimiento? Una rebaja adicional en el coste de financiación para empresas y familias a la espera de la subida de tipos que, en cambio, tendrá tan solo un "ligero" efecto sobre la demanda.

La desaceleración al déficit

En este contexto, el Banco de España pide manejar con cautela los instrumentos de gasto e ingresos en el Presupuesto de 2019 para reducir el déficit público. Según señala, es precio dejar "cierto margen maniobra para la aplicación de medias de política fiscal estabilizadoras entes una eventual situación macroeconómica desfavorable".

"Asimismo, la composición de los instrumentos sobre los que pivote el necesario proceso de consolidación fiscal debe minimizar, en la medida de lo posible, sus posibles efectos adversos sobre el crecimiento económico".