El Gobierno descarta subir las pensiones con el IPC de forma permanente por sus “efectos perversos”

Tras consultar experiencias en otros países en los últimos meses y estudiar cómo se revalorizan las pensiones en otros lugares de Europa, el Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que volver a indexar las pensiones a un solo indicador, como podría ser el IPC, “causa a largo plazo más efectos perversos”, de ahí que el PSOE se haya apartado poco a poco de los planteamientos compartidos con Podemos en el Pacto de Toledo.

“Si reconocemos el hecho de que España tiene una esperanza de vida muy alta, hay que garantizar primero una pensión razonable y después abordar la revalorización", ha dicho el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, resumiendo cuál es la postura actual del Gobierno, a lo que ha añadido que el problema de las pensiones "tiene arreglo", pero hasta un horizonte de 10 años, momento en el que habrá que acometer nuevas reformas.

A su entender, en estos momentos no se puede actuar sobre los jubilados como sobre los trabajadores en activo, por lo que ha anticipado que la discusión sobre la subida anual de las pensiones “acabará solventándose con una revalorización razonable que mantenga el poder adquisitivo en virtud a una serie histórica más alta” y acordando un nuevo indicador a futuro en el seno del Pacto de Toledo y en el diálogo social.

Esto, en el escenario de negociaciones actual, se traduce en que el Gobierno daría por buena la revalorización con el IPC en 2018 y 2019, incluida ya en los Presupuestos, y es partidario de pactar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones para que entre en vigor desde 2020, blindando el poder adquisitivo de las pensiones, pero no necesariamente de acuerdo únicamente con el IPC ni con una referencia de un solo año.

En este punto, Granado ha advertido que es lógico que en la nueva fórmula "más ligada a la economía", en la que entren en liza otros indicadores, como la evolución de las cotizaciones, la recaudación del Estado o la marcha de la economía. En este sentido, el PSOE se ha sumado en las últimas semanas a la opinión del PP, que plantea la necesidad de combinar el IPC con el PIB o los salarios, lo cuál abre la puerta a que en periodos de recesión las pensiones no suban con la inflación.

La forma entonces de mantener el poder adquisitivo de las pensiones al que constantemente se remite el Gobierno (sin mencionar el IPC), podría ser la compensación en otros momentos de lo perdido en las fases bajistas del ciclo.

La compensación de 2018

Durante su intervención en la presentación del estudio Las pensiones en España, elaborado por el Consejo de Economistas de España, el secretario de Estado de Seguridad Social ha anticipado que el Gobierno prevé compensar a los pensionistas por la desviación del IPC en 2018 y 2019, si el indicador supera la subida del 1,6% prevista para cada uno de estos años.

¿Cómo se hará? El Ministerio de Trabajo no ha tomado una decisión al respecto todavía, puesto que la habilitación de una paga así conlleva unos gastos de gestión que se elevan a unos 15 millones de euros.

De esta forma, Granados ha planteado un escenario de debate en dos velocidades por el lado de los gastos, pero también lo ha hecho por el lado de los ingresos. Según ha explicado, hay elementos que están al alcance de la mano que podrían “arreglar” el agujero de la Seguridad Social en un plazo de una década, pero que no evitaría la necesidad de seguir adoptando reformas a partir de ese momento.

En este sentido, ha advertido que las bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social de los empleadores (tanto empresas como administraciones) han reducido el peso de estas aportaciones sobre el PIB desde 2011, por debajo del 9%.

En ese sentido, considera que una revisión de esos privilegios para volver al punto de partida escondería una posible inyección de ingresos de 10.000 millones de euros. Asimismo, el secretario de Estado de Seguridad Social cree posible obtener 5.000 millones de euros sacando gastos impropios y prestaciones no contributivas del sistema público de pensiones.

Ha puesto el foco también en la moratoria que acaba este años y que ha hecho que el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas aprobada en 2013 no haya entrado en vigor en plenitud hasta ahora, lo que ha minimizado sus efectos y ha supuesto una carga adicional para el sistema que un reciente informe del economista de la URJC Miguel Ángel García cifra en unos 2.000 millones de euros anuales.

Por último, también ha planteado la posibilidad de ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, en lugar de a los últimos 25 años y revisar las prestaciones de incapacidad temporal.

El Fondo de Reserva debe volver a llenarse

Por último, Granado también ha planteado la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como 'hucha de las pensiones'. Los últimos Gobiernos han sacado hasta 75.000 millones en los últimos años para pagar las extras de las pensiones, y actualmente está prácticamente esquilmado.

El Gobierno se resiste a utilizar de nuevo el fondo para pagar la extra de diciembre y espera poder superar el trance agotando el crédito presupuestario habilitado para ello. Sin embargo, Granado ha abierto la puerta a debatir en el Pacto de Toledo la posibilidad de que la 'hucha' se nutra no solo con los excedentes de las mutuas, sino también con otros fondos presupuestarios.