Las condenas por 900 millones por el recorte de Rajoy a las renovables vacían la ‘hucha de la luz’

El Estado español se arriesga a tener que pagar una factura milmillonaria en forma de indemnizaciones a inversores afectados por el recorte de las ayudas que recibían las energías renovables aplicado por el primer Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

España se enfrenta actualmente a pleitos por unos 15.000 millones de euros por este recorte las renovables, según desveló la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados. España acumula ya 42 arbitrajes internacionales en diferentes instancias que reclaman indemnizaciones estimadas en unos 10.000 millones de euros.

Pero la batalla también se ha jugado dentro de nuestras fronteras. Los recursos planteados en los tribunales españoles por centenares de inversores locales por otros 5.000 millones de euros más. La justicia española ha dictado sentencias ya firmes que condenan al Estado a indemnizar a inversores afectados por un importe conjunto de más de 900 millones de euros, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de los procesos.

El desfase temporal entre la publicación de la sentencia firme y la ejecución de la misma hará que el pago efectivo de esas compensaciones se abonen escalonadamente durante más de un año. Pero esos más de 900 millones de euros hay que pagarlos y, salvo contadas excepciones por sentencias específicas, el dinero saldrá de la hucha de la luz de los españoles.

Romper la hucha eléctrica

Según explican las mismas fuentes del sector energético, para indemnizar a los inversores se hará uso del superávit que ha acumulado en los últimos años el sistema eléctrico (porque los ingresos fueron mayores que los costes reconocidos) y que se guarda en una cuenta bancaria corriente gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Ese superávit es una suerte de hucha de la luz en que se acumula lo pagado de más por clientes y también por las eléctricas. Entre 2014 y 2016 ese excedente ascendió de manera acumulada hasta los 1.441 millones de euros (aún se está a la espera de saber definitivamente cuál fue el superávit de 2017).

El anterior Gobierno en sus dos últimos presupuestos generales del Estado (PGE) sendas disposiciones adicionales para poder hacer uso del superávit acumulado de los últimos años por el sistema eléctrico y con él para afrontar indemnizaciones ordenadas por los tribunales o por organismos de arbitraje internacionales. Y así lo hizo.

El Gobierno de Rajoy gastó un tercio de esa hucha de la luz al ordenar pagos a las grandes eléctricas por un importe conjunto de 516 millones de euros para compensarles por lo que pagaron para financiar el bono social, después de que el Tribunal Supremo tumbara por dos veces el modelo de financiación del programa contra la pobreza energética.

Tras esos pagos, los fondos pasaron de los 1.441 millones de euros acumulados hasta los 925 millones. Eso sin contar los intereses financieros que se hayan podido generar durante este periodo elevando el montante, pero se trata de una información que la CNMC y el Gobierno tratan como confidencial.

A la espera de que esa cifra que aún se guarda en la cuenta bancaria crezca con el superávit de 2017, la obligación del Estado de tener que pagar esos 900 millones de indemnizaciones recogidas en las sentencias firmes por el recorte de las ayudas a las energías renovables va a suponer el vaciamiento de esa hucha de la luz.

Y además la batalla internacional

El Estado ha perdido ya cuatro laudos internacionales, y ha sido condenado a pagar 357,5 millones (después de que durante el proceso se consiguiera rebajar el castigo a menos de la mitad, frente a los 856,4 millones que pedían los denunciantes). Las decisiones arbitrales han sido recurridas por el Gobierno y el abono de estas compensaciones se ha paralizado.

Sin embargo, España puede acabar salvándose de pagar todas las indemnizaciones que se dirimen en organismos internacionales. Y es que la Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultados de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario, y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios.