El Pacto de Toledo ha alcanzado, tras numerosas reuniones discretas, un preacuerdo sobre la revalorización anual de las pensiones que, por lo pronto, salva la cara a una comisión muy cuestionada en los últimos meses.
La mayoría de los grupos con representación en la comisión, incluidos PP y Ciudadanos (ERC no lo ha suscrito aún) han pactado una recomendación para que la revalorización anual de las pensiones se realice “en base al IPC real”, tomándolo como “el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.
El texto, al que ha tenido acceso El Independiente, añade que “la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino –cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo”.
Por tanto, la recomendación abre la puerta a que se puedan pactar revalorizaciones por encima de la inflación y, sobre todo, recoge una constatación de que “el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social”.
Más aún, el texto recoge que "la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros", que podrían proceder, puesto que el texto no indica lo contrario, de los impuestos.
Por tanto, lo que se habrían pactado los grupos en el Pacto de Toledo es una vuelta al consenso sobre la revalorización de las pensiones de 2011, aunque con ciertas modificaciones en el texto, diciendo explícitamente que la reforma de 2013 no fue consensuada y que la referencia fundamental para la subida anual de las pensiones es el indicador de inflación.
Sin embargo, la redacción recoge también que "el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno de esta Comisión", lo que abre la puerta a que los diferentes Gobiernos planteen, dentro de este marco, las fórmulas de subida de las pensiones que consideren sometiéndolo al acuerdo del Pacto de Toledo teniendo como base el IPC.
El Pacto de Toledo se sirve a sí mismo
Con todo, las sucesivas comparecencias de los portavoces de la comisión sugieren que este pacto sigue escondiendo en la trastienda muchos desacuerdos. En todo caso, sirve para salvar la cara del Pacto de Toledo y, más que para concretar un nuevo índice de revalorización de las pensiones, su valor es el de tumbar la reforma de las pensiones del 2013 que, como ha admitido el portavoz del PP, Gerardo Camps, "no goza en estos momentos del consenso".
Además, lo que han dejado claro todos los portavoces es que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, que debe atender al diálogo social y legislar si lo considera necesario.
En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, el más veterano en la comisión, ha aclarado que se trata de "un acuerdo de mínimos" por lo que en adelante la reponsabilidad de decidir qué se hace con la revalorización de las pensiones corresponde al diálogo social y, en última instancia, al Gobierno.
"Vamos a ver si en el diálogo social se llega a un acuerdo y qué hace el Gobierno", ha añadido, después de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, señalara horas antes que la subida anual de las pensiones “acabará solventándose con una revalorización razonable que mantenga el poder adquisitivo en virtud a una serie histórica más alta” y acordando un nuevo indicador a futuro en el seno del Pacto de Toledo y en el diálogo social desde 2020, toda vez que los Presupuestos de este año ya dejan resuelta la indexación puntual de las pensiones para 2018 y 2019.
Tras estas palabras, preguntada por cuál será ahora la acción del Gobierno a la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, ha señalado que "el PSOE está aquí gracias a un programa electoral", en el que defendía la vuelta a la vinculación de las pensiones únicamente al IPC, a lo que ha añadido: "No creo que lo vayamos a cambiar". "En todo caso, sería una nueva legislatura, habría que preguntárselo al Gobierno", ha añadido.
El PP, rendido a la evidencia
Por su parte, Camps ha matizado que el documento plantea una revalorización anual de las pensiones "en base al IPC y no con arreglo al IPC", en tanto que se deja la puerta abierta a utilizar otros indicadores, por lo que "corresponde al Gobierno hacerlo y proponerlo al diálogo social".
En esta misma línea, el portavoz del PNV, Íñigo Barandiarán, ha admitido que lo que se ha pactado es "el marco en el que habrá de desenvolverse" el Gobierno de turno en materia de revalorización de las pensiones.
Podemos llama a mantener las movilizaciones
Por su parte, la portavoz de Podemos en el Pacto de Toledo, Aina Vidal, ha asegurado que, pese a este principio de acuerdo, es preciso mantener las movilizaciones de pensionistas en las calles en tanto que el Gobierno debe ahora legislar y para luchar por unas mejores pensiones. La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, se ha preguntado "¿Por qué no se quiere cambiar la Ley y se deja claro que con carácter imperativo el mecanismo de revalorización es el IPC?".
A partir de ahí, si los próximos Gobiernos van a tener que pasar por el Pacto de Toledo antes de legislar, lo que se van a encontrar es que sigue habiendo dos posturas claras en la comisión respecto a la revalorización de las pensiones. Por un lado los que, como el PSOE o Podemos, según aseguran sus portavoces, anteponen la sostenibilidad social a lo puramente económico, y los que consideran, como el PP o PDeCAT, que sin sostenibilidad financiera no se puede plantear la suficiencia de las prestaciones.
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