Fomento dará a las CCAA todo el poder sobre las VTC… pero dentro de 3 o 5 años

Conductores, pequeños empresarios, sindicatos y la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que incluye a plataformas como Cabify o Uber, han concluido hoy en Madrid la exhibición de su potencial como sector emergente en el transporte urbano, en contra de un real decreto-ley que prepara el Gobierno y que posiblemente vea mañana la luz.

El último golpe de efecto del sector de las VTC ha sido una multitudinaria manifestación en la arteria principal de la capital, el Paseo de la Castellana, que concluyó a media mañana y de forma pacífica en el Ministerio de Fomento, el centro donde se dirigen sus protestas y reivindicaciones.

Los VTC se quejan de que Fomento no les ha mostrado el contenido del borrador de la nueva norma que les va a regular y, por otro lado, temen que el nuevo decreto acabe con ellos o les limite a tales proporciones que les borre del mapa de las grandes urbes. En este último caso, el negocio de Uber o Cabify podría no ser rentable y el sector, en general, estima que dejaría en la calle a 15.000 conductores.

Periodo de transición

El real decreto-ley sobre VTC facultará a las comunidades autónomas a regular la actividad de las VTC, como adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su primera comparecencia en el Congreso. En cualquier caso, habrá un periodo de transición para que las regiones asuman plenamente las competencias y que se alargará entre los tres y cinco años. La Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla León y Murcia han exigido al ministro de Fomento el documento y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas dada la importancia de la materia.

En el otro extremo del conflicto, los taxistas han solamente suspendido temporalmente sus movilizaciones hasta conocer el texto completo de la nueva norma sobre VTC. Los taxistas temen que con la "solución" que da el Gobierno con el real decreto-ley "el conflicto se puede eternizar durante 3 ó 5 años" y que se "expande" a las comunidades autónomas, según una fuente del sector consultada por EFE.

La norma, de cumplimiento voluntario, podría dar lugar a 17 regulaciones distintas o a la concesión, en su caso, de otra nueva licencia autonómica o municipal y la consiguiente supresión de las que sobrepasen la proporción legal 1/30 (una de VTC por cada 30 taxis).

15.000 empleos

José Antonio Parrondo, presidente del grupo Auro -que gestiona una importante flota de VTC-, ha asegurado a EFE que de darse este supuesto le puede suponer un perjuicio a su negocio de más de 1.000 millones de euros sobre los intereses que representa.

Los manifestantes, chóferes en su mayoría vestidos con traje oscuro y corbata, reivindicaron hoy en el corazón de Madrid que toda nueva norma que regule su sector lleve el consenso de todos los agentes implicados. El presidente de la patronal Unauto VTC, Eduardo Martín, ha denunciado que "un Gobierno de izquierdas pueda poner en la calle a más de 15.000 personas de manera directa y que cede para beneficiar exclusivamente al sector del taxi".

El secretario general de la Federación madrileña del Transporte de UGT, Antonio Oviedo, ha indicado a EFE que los conductores de VTC son trabajadores "la mayoría de ellos en riesgo de exclusión social, mayores de 45 ó 50 años, sin empleo y que han encontrado un trabajo" en las VTC.  Para Oviedo, este colectivo "no es responsable ni culpable de que se hayan autorizado una serie de licencias de VTC, sea por el Gobierno o por los jueces".

Según el último recuento oficial de licencias de VTC y Taxi, las primeras suman más de 11.200 en toda España, de la que 5.277 pertenecen a Madrid (el 47 %) y 1.926 a Barcelona, en tanto que el taxi concentra 65.539 en todo el territorio, más de 15.500 en Madrid. A tenor de estos datos, el número de licencias de taxi en España es aproximadamente seis veces más alto que el de VTC.