¿Cómo contribuye la inmigración a mejorar las arcas españolas?

"No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa, y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto". Así de tajante se mostraba el líder del PP, Pablo Casado, en un discurso que sienta las bases de la política migratoria conservadora.

Se trata de uno de los argumentos políticos que más se utilizan cuando de lo que se trata era de poner límite a la inmigración. Una creencia más que extendida es que la llegada de extranjeros supone poner en peligro el estado de bienestar, ya que, según apuntan estas corrientes, los recién llegados optarán por vivir de ayudas sociales sin aportar nada al Estado. Pero se trata de una creencia falsa. Numerosos estudios fundamentan que los inmigrantes ingresan más a las arcas públicas de un país que lo que reciben de vuelta. Y España no es una excepción.

A cierre de 2017, nuestro país albergaba a 4.419.455 inmigrantes. Según datos del INE, el número de españoles se redujo el pasado año en 20.337 individuos (saldo vegetativo negativo) un dato compensado por el incremento de la población extranjera, la cual se amplió en 152.600 personas. En España el 5,5% del censo total son personas extranjeras no comunitarias.

En este sentido, el crecimiento de la población extranjera supone una buena noticia para España dado que la inmigración se consolida como uno de los factores que más hacen progresar la economía de un país en el medio y largo plazo. En concreto, según confirma un informe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno de La Caixa, el 30% del crecimiento del PIB desde mediados de los 90 y primera década del siglo XXI fue consecuencia de la llegada de inmigrantes, un efecto que escaló hasta el 50% entre los años 2000 y 2005.

Dicha tendencia se ratifica también a nivel europeo. De hecho, en los últimos 30 años, la llegada de inmigrantes y refugiados dejó un impacto macroeconómico positivo. Así lo avala una investigación del Centro Nacional de Investigación de Francia (CNRS) en un estudio en base a 15 países de Europa Occidental entre 1985 y 2015, que demuestra que el incremento del gasto público en el corto plazo derivado de acoger a estas personas se ve compensado por un aumento del Producto Interior Bruto (PIB), empleo y recaudación de impuestos, algo que echa por tierra las políticas anti migratorias.

En términos generales, el crecimiento de un 1% del volumen de inmigración se traduce en un incremento del PIB per cápita durante los tres años siguientes (con un aumento extra de hasta un 0,32% del PIB per cápita el tercer año); y en una reducción de la tasa de desempleo durante cuatro años, que llega a descender hasta un 0,21% durante el tercer y cuarto año.

La conclusión que se desprende de dicho informe es que los foráneos mejoran las arcas públicas en los países analizados (entre los que se encuentra España) y, según un informe de la OCDE, en la mayoría de los Estados -salvo en aquellos en que el flujo de inmigrantes tiene una edad media más avanzada- contribuyen más en impuestos y aportaciones que reducen el déficit público de lo que reciben en beneficios individuales.

Una ayuda necesaria

Los clásicos argumentos de que los inmigrantes vienen "a vivir de las prestaciones sociales" y que, por su culpa, "se reducen los salarios de los residentes" son afirmaciones "falsas", de acuerdo con Cáritas. De hecho, los extranjeros representan únicamente al 9,8% de los beneficiarios de ayudas por desempleo.

El envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos de España y Europa, donde las partidas de nacimiento se han estancado desde los años 90. No obstante, la situación ha mejorado gracias a las mujeres inmigrantes que han tornado esta tendencia en optimista (con una tasa anual positiva del 1,1%). Un dato interesante en esta materia es que, en España, la tasa de natalidad actual de extranjeros es de 16,6 nacimientos por cada 1.000 personas frente al 7,5 de los españoles.

El refuerzo demográfico se traduce, en general, en un incremento de todas las partidas de consumo y de los ingresos públicos, tanto directos como indirectos. En concreto, la cantidad de ingresos procedentes de inmigrantes asciende a más de 10.000 millones de euros anuales si se suman las aportaciones a la Seguridad Social, el IVA, el IRPF o el Impuesto de Transiciones Patrimoniales, según contempla el bufete de abogados J&D Inmigration Advisers. Por su parte, los ingresos indirectos sumarían entre 1.000 y 3.000 millones de euros al año, procedentes de las tasas e impuestos al tabaco, alcohol, y gasolina, entre otros.

Según Eurostat, la edad media de los inmigrantes que llegan a España es de 37 años, lo que implica otra aportación positiva (y necesaria) de la inmigración al aumentar la media de población en edad de trabajar al llegar "con habilidades que contribuyen al desarrollo del capital humano del país de acogida", de acuerdo con un informe de Caixabank. Además, este factor es motivo de un menor uso del servicio sanitario, por lo que en ningún caso el desbordamiento de la Seguridad Social podría relacionarse con el mayor o menor flujo de inmigrantes.

Por su parte, el impacto en el gasto en pensiones -la partida con más peso de los Presupuestos Generales del Estado- es mínimo por la edad media de los extranjeros, bastante inferior a la media nacional. Así, a nivel europeo, el gasto total que hace este colectivo a recursos de pensiones supone apenas un 1% del total.

Así, lejos de ser suficiente el número de inmigrantes llegados a España, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que haría falta que llegasen otros 5,5 millones a nuestras fronteras hasta 2050. Este mismo organismo ha apremiado a España a duplicar la población extranjera para revertir los datos negativos demográficos y sumar trabajadores cuyas cotizaciones puedan sostener el sistema de pensiones, una partida castigada por continuos recortes y que alcanza un déficit de 18.000 millones de euros.

Efectos negativos

La economía sumergida se erige como una de las principales consecuencias negativas del aumento de la inmigración, una tendencia especialmente extendida entre extranjeros en condición irregular que trabajan ofertando servicios o vendiendo productos 'en negro', y que, por tanto, no cotiza y no paga impuestos. Sin embargo, se trata de una parte mínima. En 2017 llegaron a España 25.251 inmigrantes por vías irregulares frente a las 532.482 personas que utilizaron mecanismos legales, lo que supone solo un 4,5% del total de llegadas, según datos del INE.

Desde J&D Inmigration Advisers señalan también como problemática el hecho de que parte de estos colectivos envían dinero al exterior y, en consecuencia, no invierten en España; y la falta de competitividad en los precios al consumo, ya que numerosas tiendas de alimentación y bazares regentadas por inmigrantes abren hasta altas horas de la madrugada con unos precios que matan a otros establecimientos y supermercados de barrio.

Las cotizaciones de estas personas también suelen ser, en líneas generales, más débiles ya que, al tratarse normalmente de mano de obra menos cualificada, suelen optar por el sector servicios como salida laboral con la consiguiente mella en el salario y, por tanto, en su contribución.

En este sentido, no se puede considerar el aumento de extranjeros como una solución a la cuestión de las pensiones más allá del corto plazo ya que, como es lógico, llegará un momento en que estas personas envejezcan y se jubilen. Solo sirve, por tanto, para dilatar la cuestión y buscar nuevas  políticas que aumenten la natalidad e ingresos en el sistema de la Seguridad Social.